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“México lindo y querido, nidito de impunidad. Se derramó mucha sangre, aún no puedes cambiar. Son heridas que no cierran, no pueden cicatrizar. El terrorismo de Estado no se nos puede olvidar”, cantaron alumnos del colegio Christel House México como forma de exigir justicia para el caso de la desaparición forzada del líder social de Guerrero Rosendo Radilla durante la llamada Guerra Sucia.

Integrantes de organizaciones de derechos humanos, autoridades federales, así como colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas y la familia Radilla se reunieron en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para denunciar la falta de investigaciones por parte de las instituciones de procuración de justicia, ya que a 45 años de su desaparición, aún no se sabe qué fue lo que ocurrió y no hay ningún detenido.

Señalaron que las autoridades federales no han cumplido el compromiso que asumieron hace 10 años, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una recomendación para responsabilizar al Estado mexicano por la desaparición del líder guerrerense.

Tita Radilla, hija de Rosendo y vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, dijo que aunque se han realizado muchas diligencias y seis excavaciones, desde que se emitió la sentencia de la CIDH, han sido insuficientes.

“La impunidad en la que han permanecido nuestros casos tienen relación con la situación que hoy atravesamos en todo el país. Hoy son miles y miles de desaparecidos y esta escalofriante cifra aumenta día a día. Sin que nada, ni nadie pueda pararlo. Lo peor es que tengan que ser las familias quienes tengan que salir a los montes, a los cerros, a los desiertos, a los lugares más inhóspitos a buscar a sus seres queridos”, mencionó.

Por su parte, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), afirmó que los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no cumplieron con la sentencia.

“Podría decir por lo que hemos experimentado como representantes legales de la familia que obstaculizaron la investigación”, enfatizó.

Además, agregó que las instituciones que se encargan de realizar las labores de búsqueda y localización no tienen la capacidad para hacer búsqueda de personas desaparecidas de larga data porque “no existen protocolos, ni políticas adecuadas”.

En lo que estuvo de acuerdo José Ramón Cossio, integrante del consejo directivo de la CMDPDH, quien explicó que las personas que forman parte del sistema de justicia no cuentan con la capacitación necesaria para realizar las investigaciones en los casos de desaparición de manera adecuada.

Mientras que la abogada de la Comisión Mexicana, Carla Sofía Loyo, subrayó que el Estado sigue teniendo una deuda de búsqueda y localización con todos los familiares de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada durante la época de la Guerra Sucia, no sólo con la familia Radilla.

“La impunidad del pasado, explica la impunidad y la violencia del presente”, explicó.

Por último, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,  Alejandro Encinas Rodríguez, refrendó el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dotar a las instituciones de las herramientas necesarias para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición.

Aseneth Hernández