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El Programa de la reforma rducativa ejerció 16 mil 267 millones 700 mil pesos en 4 años, evidencia el Informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. Este proyecto fue impulsado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y formó parte de las llamadas reformas estructurales.

El desglose de los más de 16 mil 200 millones de pesos, reportados por el máximo órgano de fiscalización del país, indica que fueron ejercidos: 7 mil 505 millones 100 mil pesos, en 2015; 4 mil 311 millones 900 pesos, en 2016; 2 mil 685 millones 300 mil pesos, en 2017; 1 mil 765 millones 400 mil pesos, en 2018.

La ASF indica que la Secretaría de Educación Pública –dependencia encabezada por uno de los hombres más cercanos al expresidente Peña Nieto: Aurelio Nuño Mayer– “no acreditó que erogó los recursos con eficacia y eficiencia”.

Desde su campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió la abrogración de esta reforma, que puso en resistencia a los integrantes del movimiento magisterial (adheridos, principalmente, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE).

El pasado 15 de mayo, en la conferencia matutina del titular del Ejecutivo, el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, indicó que con la abrogación de la reforma educativa “se elimina totalmente el texto constitucional previo y se abrogan las leyes secundarias que lastimaron a nuestro magisterio”. Además de que en “el Acuerdo Educativo Nacional los derechos del magisterio quedan perfectamente protegidos”.

Cabe destacar que, durante la promoción de esta reforma, miles de integrantes de la CNTE salieron a las calles en los diferentes estados del país y de la Ciudad de México, impusieron amparos en contra de ésta y realizaron foros informativos para dar a conocer el trasfondo de la estrategia peñista. La inconformidad manifestada, pues consideraban que se trataba de una reforma laboral más que educativa, implicó que decenas de maestros fueran despedidos de sus fuentes de empleo, investigados y encarcelados.

El 19 de abril, López Obrador firmó un memorándum, dirigido a los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Educación, Esteban Moctezuma Barragán, y de Hacienda, entonces Carlos Urzúa, con el que cancela la reforma educativa y en el que destaca: “Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización de la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional…”

En dicho memorándum gira instrucciones para que la SEP reinstale a los educadores cesados por la aplicación de “evaluaciones punitivas” y a Gobernación para que realice las diligencias y acciones necesarias para liberar a los maestros que todavía se encontraban en prisión por “haberse opuesto a susodicha reforma”.

Érika Ramírez