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En México aún no existen la condiciones institucionales que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de desaparición y tampoco se puede hablar de estrategias efectivas que aseguren la disminución de casos, opinaron expertos de la organización México Evalúa, Artículo 19, del Observatorio Nacional Ciudadano y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Durante la conferencia “Hasta encontrarlos”, María Novoa –coordinadora del programa de justicia de México Evalúa– mencionó que en el marco del segundo aniversario de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas una de las problemáticas radica en las deficiencias de las capacidades institucionales.

Indicó que, a nivel nacional, por cada cien mil habitantes existen 8.3 ministerios públicos, 9.7 policías de investigación y peritos. El mayor déficit es en servicios periciales y forenses, ya que sólo hay 5.8 por la misma cantidad de pobladores.

Por su parte, Manuel Vélez, investigador del Observatorio Nacional Ciudadano, detalló que la falta de acceso a la justicia ha provocado que la sociedad civil se organice y cree colectivos, así como organizaciones conformadas por familiares de personas desaparecidas para realizar sus propias investigaciones.

“Lo que hoy estamos observando en México es justo ese camino: tenemos colectivos en distintas partes del país que están supliendo las tareas del Estado y las están supliendo con grados de efectividad que a veces sorprenden.”

El oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, Carlos Dorantes, coincidió con el investigador y dijo que “nos enfrentamos a una situación de incertidumbre porque no sabemos toda una serie de datos alrededor de la crisis de desaparición”.

Aseguró que esto se debe a que aún se desconoce cuántas personas han sido desaparecidas en México o cuántas fosas clandestinas hay a nivel nacional. Carlos Dorantes dijo que no es suficiente con que los datos y la información sea nombrada o dicha por funcionarios, se deben hacer bases de datos de acceso público en las que la información sea verificable.

“Esta información al final es muy importante porque permite dar seguimiento, hacer escrutinio público, dar seguimiento a las acciones que las instituciones están llevando a cabo para el proceso de búsqueda de verdad y de justicia. También nos permite contar con políticas públicas más precisas y evaluables”, subrayó.

Aseneth Hernández