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La reforma educativa, promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, tuvo una erogación de 1 mil 765 millones 414 mil 300 pesos en 2018. Al revisar el  gasto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) –encabezada por Aurelio Nuño Mayer– “no acreditó que erogó los recursos con eficacia y eficiencia”.

En 2012, Enrique Peña Nieto impulsó la llamada reforma educativa que generó el descontento de la base magisterial porque, a decir de los maestros y especialistas, esta propuesta encaminaba al sector educativo hacia la privatización; no obstante, el Ejecutivo aseguraba que reestructuraría el sistema educativo a favor de los ciudadanos.

Esta “reforma estructural” llevó a que maestros de todo el país, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifestaran en contra. El argumento principal del magisterio era que la propuesta carecía de legitimidad porque no se había llevado una consulta ciudadana ni magisterial. Resultado de las manifestaciones, decenas de maestros fueron encarcelados, investigados y dados de baja de sus puestos de trabajo.

El dictamen de la auditoría de desempeño: 2018-0-11100-07-0114-2019 revela que la SEP, a cargo de Aurelio Nuño –uno de los hombres más cercanos al expresidente Peña Nieto–, no acreditó su intervención en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), con respecto del Programa de la Reforma Educativa; tampoco demostró la coordinación para la elaboración del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018.

El máximo órgano de fiscalización del país evidencia que la SEP no estableció los criterios para determinar su alineación con los objetivos sectoriales: “asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población” y “asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa”.

“En programación, el anteproyecto de presupuesto elaborado por la SEP no incluyó los elementos de la misión, los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño; asimismo, se identificó que en la estructura analítica el objetivo no se correspondió con el identificado en el árbol de objetivos, ni consideró las causas señaladas en el árbol del problema…”, precisa el organismo encabezado por el auditor superior David Colmenares Páramo.

Érika Ramírez