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Un promedio de 10 mujeres son asesinadas al día en México, pero sólo el 23 por ciento se investigó como feminicidio. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a junio de 2019 se han registrado 1 mil 812 asesinatos de mujeres, y en 2018 fueron asesinadas 3 mil 580, pero aún no existe un protocolo modelo.

Por ello, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hizo un llamado al gobierno para que cumpla la sentencia contra el Estado dictada hace 10 años por el caso conocido como Campo Algodonero, y construya e instrumente el protocolo modelo de investigación para feminicidios.

Dicho “protocolo modelo” deberá regular ese delito de forma igualitaria en todas las entidades del país, con la debida diligencia y monitoreo para garantizar justicia a las víctimas y a sus familias.

La sentencia del Campo Algodonero estipula que el protocolo de investigación debe incluir una perspectiva de género, siguiendo una línea de violencia sexual según los patrones de la zona. Se compromete a proveer información a los familiares de las víctimas y darles acceso a los expedientes contando con el apoyo de funcionarios capacitados y especializados en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.

El Observatorio recuerda que fue el 16 de noviembre de 2009 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano por no prever protección a las víctimas de feminicidio a sabiendas del patrón de violencia de género en el país; además, de una nula respuesta de las autoridades frente a la desaparición, falta de diligencia en la investigación, falta de reparación adecuada y denegación de la justicia.

El caso se refiere a la desaparición y feminicidio de Esmeralda Herrera Monreal, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramón Monárrez, cuyos cuerpos se encontraron en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001.

Para el Observatorio, la sentencia en contra del Estado mexicano significó el reconocimiento del  “homicidio de una mujer por razones de género”; sin embargo, el gobierno de México no ha homologado el Protocolo de Investigación Ministerial, Policiaca y Pericial que atienda efectivamente los feminicidios en todos los estados del país.

Pasada una década de esa sentencia, el Observatorio señala que es necesario un marco normativo que regule el delito de feminicidio y garantice que el Estado brindará justicia a las víctimas de violencia por feminicidio y protección mediante prevención a todas las mujeres mexicanas.

Nayeli Escalona