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Denuncias de estudiantes, académicas y trabajadoras, así como paros en escuelas para demandar justicia, revelan que la UNAM, el IPN y la ENAH carecen de herramientas para prevenir hostigamiento sexual, acoso, violaciones y hasta feminicidios en sus instalaciones. Ninguna institución dice con claridad cuáles son los límites de la relación profesor-alumno, lo que fomenta “amistades”, “noviazgos” y violencia sexual. En este primer reportaje, el caso de la Universidad: en 3 años, identificados 499 agresores

Primera de tres partes.

De 950 denuncias por violencia de género que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibió entre agosto de 2016 y agosto de 2019, se identificaron a 499 agresores. La máxima casa de estudios del país admite que, en muchos casos, éstos ejercieron más de un tipo de violencia contra sus víctimas.

Por ello se establecieron las siguientes sanciones: 119 recisiones de contrato; 17 expulsiones; nueve no renovaciones del contrato por honorarios; 180 suspensiones; 104 amonestaciones; 18 exhortos; 16 firmas de carta-compromiso; 20 acuerdos entre las partes; dos actas administrativas.

Además, en esos 3 años, otros 22 casos fueron declarados insubsistentes porque –antes de que se concluyeran los procedimientos– los presuntos responsables murieron accidental o intencionalmente, renunciaron, se jubilaron o los corrieron por otras causas.

Todos los casos sancionados fueron por agresiones consumadas, puesto que la UNAM es una de las tres universidades públicas más importantes del país que carece de herramientas preventivas para el hostigamiento, acoso y demás formas de violencia sexual y de género en sus instalaciones. Las otras dos son el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Aunque la máxima casa de estudios del país sí cuenta con un protocolo contra la violencia de género y el IPN emplea uno de la Secretaría de Educación Pública, ambos mecanismos son “ilusorios”, opinan expertas, pues no han resuelto las problemáticas que se presentan en las aulas y demás recintos universitarios.

En lo que respecta a la ENAH, alumnas denuncian la desaparición del Protocolo para la Atención a Víctimas de Violencia de Género en la actual administración de Julieta Valle Esquivel, directora de la institución desde 2016, por lo que las mismas estudiantes, junto con académicas y trabajadoras, elaboraron una propuesta de mecanismo para atender a quienes fueron víctimas de tales delitos, pero ésta fue rechazada.

El caso de la UNAM

El problema en la UNAM ya ha sido reconocido por las propias autoridades, al señalar que desde 2016 “impulsó un protocolo para la debida atención de estos casos. Desde entonces, dicho instrumento ha sido modificado para actualizarlo y dar una mayor visibilidad al problema. Sin embargo, es claro que hay mucho por mejorar”; ello, en respuesta a los paros en noviembre en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras y Cuautitlán, en demanda de justicia para los casos de violencia sexual en esas escuelas.

Datos de la abogada general de la Universidad, Mónica González Contró, indican que en 3 años –desde su instrumentación, el 29 de agosto de 2016, y hasta agosto de 2019– se registraron 950 denuncias en el marco del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género de la UNAM; lo que significó un aumento de 1 mil por ciento, pues en más de 13 años –de enero de 2003 al 28 de agosto de 2016– se habían recibido sólo 396 denuncias de este tipo.

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el hostigamiento es “el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar”. Y el acoso es el ejercicio de poder “en una relación simétrica entre pares”, explica a Contralínea Alejandra Buggs Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género de México. Ambos fenómenos se presentan en Preparatorias, Colegios de Ciencias y Humanidades, Facultades, escuelas, Institutos y demás espacios universitarios, como sus museos.

Además del temor a denunciar, el desconocimiento de los conceptos así como de los instrumentos de acompañamiento y de denuncias es uno de los principales problemas. Ello responde al lenguaje “técnico” con el que están escritos los protocolos, apunta Yolitzin Sillas Rangel, abogada por la Universidad de Aguascalientes.

Otro impedimento es que su difusión es escasa, señala Buggs Lomelí, psicóloga clínica por la Universidad de las Américas. Agrega que esa poca difusión de los mecanismos y la nula existencia de herramientas preventivas es porque a ninguna institución académica “le conviene que la sociedad sepa que dentro de sus instalaciones hay situaciones de hostigamiento, acoso, violación y hasta feminicidios”.

La FCPS

Al lenguaje técnico y la escasa difusión se suman la falta de empatía y sensibilidad y, lo peor, impunidad. Es por ello que 11 escuelas de la Universidad se fueron a paro en demanda de una solución real. Las más combativas han sido la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, que desde el 23 de octubre frenó actividades y aún no reanuda; la Facultad de Filosofía y Letras, desde el 4 de noviembre; y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En este último caso, por ejemplo, maestros señalados como presuntamente hostigadores siguen impartiendo clases, explicaron alumnas del plantel en una de las manifestaciones que han estado realizando en este 2019 y que mantuvo un paro de 10 días –del 5 al 15 de noviembre– para visibilizar que el problema es grave.

El tema es de fondo y no de forma: las autoridades de la Facultad sólo atienden denuncias formales y no anónimas, como las hechas a través de los llamados tendederos (pancartas que exhiben los nombres de los presuntos agresores, así como los actos de los que se les avisa, que se pegan en lugares públicos de la propia escuela, como la cafetería) y las redes sociales (por ejemplo, del movimiento #MeToo).

Ello no sólo implica que siempre sea la palabra de la estudiante frente a la del maestro, sino también que no haya un mecanismo preventivo: todos los actos que se investigan son consumados. Y a esto se suma que las autoridades privilegian la presunción de inocencia del acusado y el “debido proceso”, que implica la presentación de pruebas y testigos en una relación asimétrica y de poder.

Para la abogada Yolitzin Sillas, el respeto de igualdad entre las partes es de suma importancia porque en la violencia de género nunca se estará en igualdad de condiciones, por el poder ejercido contra la víctima.

El 8 de noviembre de 2019, la Facultad admitió que la administración de la doctora Angélica Cuéllar ha rescindido “contratos a profesores, trabajadores y administrativos que fueron denunciados ante la Unidad Jurídica”, en el marco del Protocolo, sin precisar cuántos. Ello evidencia que se comprobaron los hechos de violencia de género que durante años han señalado las estudiantes de esa institución.

Mas aún, en la máxima casa de estudios del país, los directores de las facultades y escuelas no pueden rescindir el contrato de trabajo a los docentes si no hay denuncias formales y una investigación judicial, explica a este semanario Octavio Solís, consejero universitario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM. Por ello, los presuntos hostigadores “vuelven a impartir clases”.

Ante la ausencia de dicho procedimiento, las autoridades “hacen como que no les quieren dar grupos” y no les renuevan contratos, para no tener problemas políticos y limpiar la imagen institucional, agrega.

Según el área jurídica de Ciencias Políticas, la Oficina de la Abogada General de la UNAM es la primera instancia a donde puede acudir una presunta víctima de violencia sexual. En el caso de proseguir con una queja, la probable víctima llena un formato para registrar sus datos.

De acuerdo con el abogado Alfonso Lozano Rebollo, miembro del Jurídico de esa Facultad: “se investiga hasta dar con el agresor, porque regularmente son hombres”. Incluso, de ser necesario, los casos son llevados a audiencia en el Tribunal Universitario (última instancia a la que se llega en la Universidad). En la audiencia se reúnen el o la decano de la escuela, los consejeros de la facultad, el tribunal y los implicados (el acusado para defenderse).

No obstante, estudiantes miembros de la colectiva feminista de la NO-FCPyS acusaron, en un comunicado, a la administración de la doctora Angélica Cuéllar de no “erradicar la violencia de género” en la Facultad.

Las estudiantes señalaron el trato de los abogados como “revictimizante”, además de que “hacen más lentos los procesos de denuncia y entorpecen la impartición de justicia”: buscan “convencer” a las víctimas de desistir del proceso y notifican primero al denunciado sobre los resultados del caso.

Protocolo de la UNAM, burocrático y revictimizante

La abogada Yolitzin Sillas observa que el origen del problema es el propio Protocolo para la atención de casos de violencia de género de la UNAM, porque carece de claridad: su lenguaje es muy “técnico”; además de ser “un proceso burocrático y revictimizante”.

La tecnicidad del lenguaje se debe a que tales documentos están dirigidos a quienes los ejercerán: especialistas en derecho, en el estudio de la violencia de género o instituciones encargadas de llevar los casos. El documento debería ser “más digerible para las víctimas”, opina Sillas Rangel.

Los flujogramas que explican los procesos de interposición de quejas y los tiempos en los que se llevará a cabo la investigación son “confusos y extensos; las líneas no llevan a ningún lado”, observa la abogada.

La máxima casa de estudios establece dos posibles procedimientos para  interponer una queja: el formal y el alternativo con enfoque restaurativo. La diferencia estriba en que el alternativo descansa en los principios de equidad centrándose “en las necesidades de las personas afectadas”.

La revictimización “podría” vislumbrarse en las “medidas urgentes de protección” brindadas a quien presenta la queja, pues repercuten en el actuar de la víctima y no en el probable agresor, señala Yolitzin Sillas, abogada con especialidad en estudios del género por la UAM.

Tales medidas radican en cambiar de turno, grupo o plantel a quien interpone la queja; establecer medidas de comunicación mediante terceras personas o medios electrónicos; que la evaluación no sea realizada por el presunto agresor o bien serán aplicadas “las medidas pertinentes en cada caso”, refiere el punto 48 del Protocolo.

Tampoco son señalados los derechos de las víctimas y esto provoca que las personas afectadas den un paso atrás para decidir denunciar, pues se sienten violentadas por segunda vez, incluso más que por quien las violentó, explica Alejandra Buggs.

Además de contar con el Protocolo, la Universidad Nacional Autónoma de México dispone de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género. Al analizarlo, la abogada Sillas Rangel observa que las definiciones que expone son “incorrectas”.

La acepción de los términos “acoso laboral” y “hostigamiento”, advierte, “es la misma”. En el artículo 2 de los Lineamientos “se entiende” a ambas palabras como: “tipo de violencia de género que se caracteriza por el ejercicio de poder en una relación de subordinación de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva”.

En ambas “se alude a la subordinación. Es peligroso, porque en realidad cuando se trata de determinar la jerarquía que hay entre el agresor y la víctima se trata de hostigamiento; en el acoso se da entre iguales, en una relación lineal”, reitera.

La abogacía general universitaria reconoce, en el mismo Protocolo, que este puede ser perfectible. Tal perfectibilidad debe ser tomada de inmediato, considera la abogada Yolitzin Sillas: el Protocolo debería revisarse cada 2 o 3 años, opina.

Leonardo Olivos Santoyo, miembro del Comité de Ética del Subsistema de Humanidades, indica que el Consejo Universitario aprobó la creación del Protocolo sólo porque fue iniciativa del rector Enrique Graue. “Votó por la disciplina asquerosamente priísta de la Universidad, pero creo que en el fondo de su corazón estaban verdaderamente molestos, indignados de que hubiera un Protocolo de atención a la violencia. Les parece irracional”.

Sin medidas preventivas

La mejor universidad de América Latina, según rankings internacionales, no cuenta con medidas preventivas para el acoso, el hostigamiento y la violencia sexual, como podría ser un código de ética. “No hay nada explícito”, como la existencia de un documento donde se reglamenten las relaciones docentes-alumnos, asegura Amparo Ruiz del Castillo, doctora en sociología con especialidad en docencia por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

De acuerdo con el Informe sobre la implementación del Protocolo de atención a víctimas de violencia de género en la UNAM 2019, fueron presentadas 436 quejas por violencia de género, en su mayoría por jóvenes universitarias de entre 18 y 24 años, desde junio de 2018 y hasta junio de 2019.

En ese periodo fueron encontrados 385 presuntos agresores, miembros de la comunidad unamita, en su mayoría docentes de facultades e institutos ubicados en Ciudad Universitaria: el 94.5 por ciento fueron hombres; en su mayoría, académicos, con el 44. 5 por ciento, detalla el mismo informe

Tan sólo de enero a junio de 2019 fueron presentadas 109 quejas por acoso y hostigamiento sexual, admite la UNAM en la respuesta a la solicitud de información F64400000158719, hecha por Contralínea.

Por más de 5 meses, esta revista gestionó una entrevista con la abogada general de la Universidad, Mónica González Contró, para hablar del tema. Sin embargo, la Dirección de Comunicación Social no dio respuesta.

Al término del conversatorio “La justicia restaurativa para la atención a casos de violencia de género” –llevado a cabo el 28 de agosto pasado– se le consultó sobre la falta de herramientas para prevenir la violencia sexual y los resultados reales de la aplicación del Protocolo. Se le cuestionó sobre el proceso de denuncia, así como de las sanciones hacia los profesores hostigadores.

Visiblemente molesta, la doctora en derechos fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid sólo respondió:

—No puedo contestar, no soy experta. Vine a un evento meramente académico. Déjame contestar las preguntas que tienen que ver con justicia restaurativa.

La abogada general da cobertura legal a una comunidad de 356 mil 530 alumnos y 41 mil 318 académicos, investigadores y ayudantes, de los cuales 12 mil 368 son de tiempo completo.

Esa población se distribuye en educación superior –15 facultades, cinco unidades multidisciplinarias y nueve escuelas nacionales–,bachillerato –nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades–  e investigación –34 institutos, 14 centros y 12 programas universitarios.

 

El poder gremial del STUNAM y la AAPAUNAM

La esencia de cualquier sindicato es la de “defender al trabajador afiliado” porque es como un “abogado de oficio”; por ello, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) defiende a cualquier afiliado acusado por hostigamiento o acoso sexual. No obstante, ambos delitos transgreden “el actuar con probidad y honradez de los trabajadores”, señala en entrevista Octavio Solís, consejero técnico del Sindicato.

A pesar de su naturaleza de defender al trabajador, en el Sindicato “no estamos a favor de la violencia contra las mujeres. Al contrario, creemos que hay que fomentar campañas de combate hacia la cultura machista”, asegura el consejero.

Agrega que hasta ahora, al Sindicato no ha llegado denuncia alguna por violación de la cláusula en el Contrato Colectivo de Trabajo que hace referencia a la falta de probidad y honradez.

Sin embargo, Octavio Solís explica que si el STUNAM llegara a recibir alguna contra sus afiliados, se apegaría al protocolo de atención a víctimas de la UNAM y, de acuerdo con el resolutivo del Tribunal Universitario, la falta de probidad y honradez “se aplica y se rescinde el contrato”. Entonces el trabajador tendría que llevar su caso externamente, ante una Junta de Conciliación y Arbitraje.

“La organización estudiantil es legítima y loable, pero ha faltado impulsar la cultura de la denuncia en las universidades. Estoy de acuerdo que se tienen que combatir esta clase de actos, pero deben hacerse bajo procedimientos eficaces, opina el consejero.

Por su parte, Álvaro Pulido Aranda, vocero del Sindicato, dice a Contralínea que si no se utilizan las estructuras jurídicas, las denuncias no pueden elevarse en calidad. Por ello considera que el Protocolo de género fue un avance en la Universidad, porque acompaña a las mujeres que han sufrido este tipo de violencia sin revictimizarlas.

Además del Sindicato, en la máxima casa de estudios existen otras organizaciones gremiales, de las cuales la más relevante es la Asociación Autónoma de Personal Académico (AAPAUNAM). Su postura ante “el aumento de denuncias interpuestas por algunos alumnos contra docentes” es pública: responsabilizar a los quejosos por “afectar las relaciones laborales” de sus agremiados, “violentando el Contrato Colectivo de Trabajo”, según un comunicado emitido el 7 de junio de 2018, que aún circula.

En ese posicionamiento oficial, la AAPAUNAM acusó a estudiantes de “planear y premeditar” delitos “prefabricados por ellos”,  ya que los estudiantes encontraron “la forma incorrecta y anti universitaria de obtener beneficios de sus profesores”.

Por ello, la Asociación exhortó a los docentes a “estar alerta” y “no establecer una relación más allá que la de profesor-alumno”, evitar hablar de forma aislada con el alumno, no asistir a festejos y celebraciones con el alumnado fuera del horario de clase, así como evitar dar asesorías extraclase.

Jordana González / Nancy Flores

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