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Tras 2 años de litigio, nueve trabajadores del periódico La Jornada –controlada por la empresa Desarrollo de Medios, SA de CV. (Demos)– podrían ser reinstalados en sus puestos de trabajo, el 21 y 22 de enero de 2020.

El conflicto ocurrió después de que en enero de 2017 la administración de Carmen Lira Sade dejó de pagar todas las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), lo que representó 2 millones 800 mil pesos a la catorcena, unos 120 millones en 2 años, y los afectados colocaron las banderas de huelga en junio de ese año, exigiendo la restitución de sus prestaciones y derechos conquistados.

En una audiencia llevada a cabo en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JLCA), y acompañados de su abogado Manuel Fuentes Muñiz, recibieron la propuesta de reinstalación.

Los trabajadores que se reintegrarán son Antonio Vera, Sandra Blanco, Mario Contreras y, Óscar Gómez, quienes tenían entre 30 y 33 años de laborar en el diario y fueron despedidos injustificadamente. Así como Maricela Delgado, Sara Juárez Buitrón, Guadalupe Silva y Mario Ruiz Tenería, quienes habían dado servicio al diario durante 20 y 29 años. Aún está pendiente de resolverse la situación de otros siete trabajadores, que interpusieron juicio contra la administración del diario.

Entre la lista de las personas reinstaladas no están los exdirigentes sindicales Judith Calderón Gómez y Leonardo Mondragón Román –que al momento del conflicto ocupaban los cargos de secretaria general y de organización, respectivamente– y quienes fueron acusados de privación ilegal de la libertad por una treintena personas que entraron a las instalaciones de La Jornada durante la huelga del 30 de junio de 2017 y que, con varios jefes, entre ellos la gerente Paulina Olmos, procedieron a la edición y publicación del diario pese a las banderas rojinegras.

En el proceso penal esta también Maricela Delgado –a quien sí le ofrecen la reinstalación. Ellos tres continúan en juicio mientras que el hijo de Judith Calderón Gómez –Alejandro Caballero Calderón- que tenía 21 años y ya falleció, fue exculpado en enero de 2018 por el juez Enrique Juárez Saavedra y en esa ocasión el joven expuso en la audiencia, su inconformidad por la injusticia padecida por los trabajadores.

Desde hace 55 meses, La Jornada no aplica el CCT pese a que las autoridades laborales les han mandatado hacerlo. Por ello, la plantilla de trabajadores –que se ha reducido en unas 60 plazas– continúa sin recibir las prestaciones del contrato colectivo: seguro de vida, ayuda para lentes, prótesis, días de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, ayuda para renta y despensa, premio por puntualidad, entre muchas otras que se lograron en los primeros 32 años de vida de esa organización sindical.

El asunto se presentó ante el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador en septiembre de 2018, y ante Claudia Sheinbaum cuando era candidata a la jefatura de Gobierno, así como en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sin que los afectados hayan recibido apoyo hasta ahora.