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Tres elementos de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem) son responsables por la pérdida de la vida de dos personas migrantes, de lesionar a otras dos, así como de agredir a miembros de la Asociación Civil Estancia del Migrante, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo nacional acreditó que el empleo arbitrario de la fuerza pública por parte de los miembros de Cusaem que brindan protección y vigilancia a una empresa ferroviaria provocó la muerte de las dos personas migrantes, lo que vulneró el derecho a la vida, a la seguridad jurídica y a la integridad personal de las víctimas.

Por ello, dirigió la Recomendación 98/2019 a Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, y al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, así como a los fiscales generales de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, y de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, por violentar el derecho de acceso a la justicia.

Los hechos ocurrieron a partir de que dos titulares de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México autorizaron en 2015, “de forma indebida”, la entrega de armas a los elementos de Cusaem, a pesar de que éstos no estaban dentro de la nómina del gobierno estatal, como lo exige el artículo 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La CNDH probó que las mismas autoridades permitieron que las armas -autorizadas bajo la Licencia Colectiva 139-, salieron de la jurisdicción del Estado de México sin oficio de comisión, como lo requiere la licencia. Además, otro funcionario firmó un documento en que solicitaba a todas las autoridades del país, permitieran a uno de los responsables el libre tránsito portando un arma de fuego. Igualmente, la Comisión Estatal entregó indebidamente armas a algunos elementos a pesar de no estar incluidos en la licencia de portación e incluso entregó credenciales que les reconocía la portación.

Por su parte, cinco agentes del Ministerio Público adscritos a la Procuraduría de Tlaxcala, dos de la Fiscalía de Querétaro y cuatro de la Fiscalía de Guanajuato, encargados del trámite de las carpetas de investigación, averiguaciones previas, actas circunstanciadas y actas de hechos, violentaron el derecho de acceso a la justicia a las víctimas que denunciaron los delitos, además presentaron una deficiente investigación con retraso en las diligencias y no realizaron las gestiones para que las víctimas fueran beneficiarias de las medidas contenidas en la Ley General de Víctimas.

Es por ello, que la CNDH solicitó al gobernador del Estado de México localizar a las dos personas migrantes heridas y a familiares de las personas que fallecieron para que accedan a la reparación integral de los daños, se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y se les otorgue atención médica y psicológica.

Asimismo, deberá verificar que todos los elementos a quienes se les haya autorizado portar armas de fuego bajo la Licencia Oficial Colectiva 139, cumplan con los requisitos y condiciones señalados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y tengan regularizada su situación ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y en caso de no tenerlos, les sean retiradas las armas asignadas. Y en el futuro, “se abstengan de autorizar la portación de armas de fuego a los elementos que no cumplan con los requisitos”.

Al gobernador de Tlaxcala y a los fiscales de Guanajuato y de Querétaro se les indicó realizar estudios técnico-jurídicos de cada expediente radicado, para agilizar las investigaciones que estén en trámite y se valore la reapertura de las que están en reserva para practicar las diligencias correspondientes.

La CNDH también exhortó a capacitar a los agentes del Ministerio Público en materia de derechos humanos de las víctimas en la integración de indagatorias, que incluya la preservación del lugar de los hechos, cadena de custodia y debida diligencia, con el objetivo de que cuenten con elementos legales y técnicos que les permitan “desempeñar sus funciones de manera eficiente”.

Finalmente, a todos los implicados se les solicitó colaborar en las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como el de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y el de las Fiscalías de Guanajuato y Querétaro.

Indra Cirigo