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Sobrevivientes de la masacre de Viejo Velasco, familiares de víctimas y la organización Xinich denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Chiapas sigue sin realizar una investigación efectiva, a 13 años de ocurrido este crimen.

Mediante denuncia pública indicaron que el gobierno federal mantiene en la impunidad el desplazamiento forzado de 36 personas, la ejecución extrajudicial de seis, y dos desapariciones forzadas, lo que genera la continua violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas tseltales y choles ante la “nula respuesta institucional”.

Agregaron que la Fiscalía ha cesado las acciones de búsqueda de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán, desaparecidos desde el 13 de noviembre de 2006. Además, reportaron que continúa la criminalización contra cinco personas que dieron auxilio a las víctimas, y hasta el día de hoy cuentan con órdenes de aprehensión al ser acusados de asesinar a sus compañeros.

Los responsables intelectuales y materiales siguen libres y en la impunidad, apuntaron. “Los sobrevivientes y familiares de las víctimas continúan sin garantías para el retorno y sin reparación del daño”, explicó la organización de la sociedad civil.

Esta agregó que “la masacre ocurrió en Viejo Velasco, municipio de Ocosingo, Chiapas, cuando 40 personas provenientes de la comunidad Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá Chansayab (de la comunidad Lacandona), armadas con machetes, palos, escopetas y rifles calibre 22, algunas con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron de manera violenta a la comunidad. Estas personas iban acompañadas por 300 elementos de la entonces Policía Sectorial de Chiapas, portando armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo (AR-15 y AK-47). Así también hubo presencia de cinco fiscales del Ministerio Público, dos peritos, el comandante Regional Zona Selva de la entonces Agencia Estatal de Investigación con siete elementos a su mando y un representante de la anterior Secretaría de Desarrollo Social. Estos actos violentos provocaron el desplazamiento forzado de 36 habitantes, cuatro ejecuciones extrajudiciales y cuatro desapariciones forzadas, de las cuales se encontraron restos de dos personas y fueron entregados a sus familiares 5 años después”.

Indra Cirigo