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El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR, por su sigla en inglés) pidió al gobierno mexicano instrumentar mecanismos que ayuden a combatir todo tipo de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas; así como eliminar las sanciones penales a quienes deciden abortar.

Ante el incremento de los casos de agresiones sexuales y feminicidios en México, Tania Abdo Rocholl, integrante del Comité, explicó la importancia de  los mecanismos efectivos y accesibles que protejan al género femenino en el país, pues “la violencia contra las mujeres, en sus diferentes formas, va en aumento y es necesario que el Estado haga frente a esta situación”.

La también abogada indicó, en conferencia de prensa, que es necesario poner en marcha la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en todas las instituciones; así como armonizar la legislación en todo el país, ya que “mientras a nivel federal se tipifica el feminicidio de una manera, en los códigos estatales se hace de otra”.

Asimismo, durante la presentación de las Observaciones finales sobre el Sexto informe periódico de México, Abdo Rocholl instó a las autoridades a facilitar la presentación de denuncias por parte de víctimas de violencia, asegurar la investigación con perspectiva de género de todos los actos violentos en contra de las mujeres, y la protección y reparación para las denunciantes.

Además, en el documento elaborado por el CCPR, se señala la discrepancia entre las leyes penales estatales, respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que “en muchos estados se criminaliza y/o se restringe las causales del aborto, lo que resulta en un elevado número de abortos inseguros y condenas a penas de prisión”.

Asimismo, en las Observaciones finales se exhorta al Estado mexicano a garantizar el acceso legal, seguro y efectivo de la interrupción voluntaria del embarazo y eliminar las sanciones penales contra las mujeres y niñas que se sometan a un aborto, en todo el país, y contra las personas proveedoras de servicios médicos que les asistan en ello, pues “tales sanciones obligan a las mujeres y niñas a recurrir al aborto en condiciones poco seguras”.

Karen Ballesteros

 

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