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En el marco de la 110 Asamblea Nacional Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), su titular Zoé Robledo se pronunció por cambiar al organismo la “visión financiarista” que prevaleció en los gobiernos neoliberales al cuidar los pesos y centavos en detrimento de los servicios, y que la Cuarta Transformación ofrece una “oportunidad histórica” en la defensa de un proyecto solidario que “redistribuya de manera justa los bienes públicos”.

Las palabras del funcionario ofrecen un punto de inflexión para llevar a un debate nacional otro asunto que no admite dobles lenguajes, como lo es el tema de las pensiones, que de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) debe retornar al sistema solidario ante el fracaso del sistema de cuentas individuales impuesto en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1997, y que amenaza con dejar sin un centavo y en la miseria a miles de trabajadores próximos a jubilarse.

En los fundamentos de la seguridad social que dieron origen al nacimiento del IMSS en enero de 1943, se encontraba: “El otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.

Desde el sexenio de Zedillo y con las reformas a la Ley del Seguro Social, el organismo que atiende la salud de unos 80 millones de mexicanos vio minados sus recursos, poniendo en riesgo no sólo un retiro digno para los trabajadores, sino además su vida misma y la de sus familias por la carencia de recursos para dotar de mejor infraestructura, medicamentos y personal necesarios al IMSS.

Haber entregado el manejo de los multimillonarios ahorros de los trabajadores a los banqueros vía las Afores, demostró al paso de las últimas dos décadas su ineficacia para garantizarles un retiro digno. Los únicos que han salido ganando son los mismos a quienes Zedillo Ponce de León favoreció con el rescate bancario (Fobaproa) y carretero. Los ahorradores han sido los más perjudicados al no tener injerencia alguna ni en la decisión ni vigilancia de cómo se invierte y maneja su dinero.

Tras analizar las consecuencias negativas a nivel global de los mecanismos de ahorro basados en cuentas individuales, a los expertos de la OIT les ha quedado en claro que la privatización de las pensiones ha tenido un sello eminentemente neoliberal, auspiciado por el Banco Mundial, el FMI, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, los Bancos de Desarrollo Africano y Asiático, USAID, donde son las élites financieras las que han salido ganando en detrimento de la clase trabajadora. Bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet y con el apoyo de Estados Unidos, Chile fue en 1981 el primer país donde se impuso el modelo de las cuentas individuales, ordenado por la oligarquía internacional.

La OIT  señala que entre 1981 y 2014, catorce países de América Latina como Chile, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Bolivia, México, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, cambiaron su sistema solidario de pensiones por uno de cuentas individuales; situación similar ocurrió en otras catorces naciones de Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, como lo fueron Hungría, Kazajstán, Croacia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Estonia, la Federación Rusa, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Macedonia, República Checa y Armenia. En África fueron Nigeria y Ghana las naciones que impusieron este sistema. Todos sus gobiernos contaron, de forma invariable, con el apoyo y las “recomendaciones” de los organismos financieros internacionales.

Pero, ¿qué orilló a 18 de estas naciones a revertir el cambio a su sistema de pensiones?

Hasta el año pasado, por lo menos 18 países decidieron dar marcha atrás a la privatización de sus pensiones, entre estos: Ecuador, Eslovaquia, la Federación de Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Croacia y Macedonia, Polonia, Kazajstán, la República Checa, la República Bolivariana de Venezuela, Bulgaria, Argentina, Nicaragua y Rumania.

Estas naciones sopesaron las graves repercusiones sociales y económicas del modelo privatizador, catalogando sus resultados como un rotundo fracaso hacia la clase trabajadora. Por ejemplo, quedó en claro que las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, las prestaciones de las pensiones se deterioraron y la desigualdad de género y de ingresos se agravó.

Otro de los puntos en contra fue que la administración de los ahorros de los trabajadores por parte del sector privado no mejoró su aprovechamiento y terminó eliminando la participación de los trabajadores en la gestión y toma de decisiones. De igual forma los gobiernos dejaron de tener injerencia en las funciones de regulación y supervisión que fueron asumidas de manera total por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones.

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, sí es posible echar atrás la privatización de las pensiones y aconseja 11 puntos básicos a los países que opten por desechar el sistema de cuentas individuales.

Estos son: iniciar un diálogo social para generar un consenso y lanzar campañas de comunicación; constituir un comité técnico tripartito de reforma, encargado de diseñar e implementar la renacionalización del sistema de pensiones; promulgar leyes con las principales características del sistema de prestaciones basadas en el reparto, de conformidad con las normas de seguridad social de la OIT; crear una institución/administrador público de las pensiones que garantice la gobernanza tripartita; transferir miembros del sistema privado al público; transferir los recursos acumulados de las cuentas individuales; establecer nuevas tasas de contribución y comenzar a recaudar contribuciones para el nuevo sistema público de pensiones; cerrar el mecanismo de recaudación de contribuciones del sistema privado; implementar servicios de inspección y mecanismos de aplicación de contribuciones; crear la unidad o entidad a cargo de la gestión de inversiones del sistema público de pensiones; cerrar el organismo de supervisión y regulación de las pensiones del sector privado.

En el evento conducido por el secretario general del organismo, Javier Guerrero, y al que asistieron el gabinete en pleno, así como representantes del sector patronal, como el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, y líderes del movimiento obrero como la CTM, el SME y la Nueva Central de Trabajadores (NCT), el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo notar que el IMSS fue una de las pocas instituciones que sobrevivieron a la etapa neoliberal, cuyos tecnócratas vieron a la salud como un gran negocio, rezagándole en la asignación de recursos, por lo cual ahora carece de los suficientes médicos y enfermeras para atender a millones de derechohabientes y a la gente de las comunidades marginadas y rurales, más apartadas del país.

Por eso, es el momento para que desde las organizaciones sindicales se ubique en el centro del debate a la seguridad social en México, para considerar las recomendaciones de la OIT y retornar al sistema solidario de pensiones que le permitan al IMSS el acceso y manejo de los más de 2.5 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores y que han sido jugados de manera irresponsable por los banqueros en la Bolsa de Valores y otras inversiones de alto riesgo, derivando en cuantiosas pérdidas. Recursos con lo que el IMSS podría generar mejor infraestructura hospitalaria, mejorando sustancialmente su operación en beneficio de 80 millones de mexicanos.

Martín Esparza Flores

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