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Salvador Escartín González fue detenido junto con otras 16 personas de sexo masculino en vía pública, sin contar con el oficio de colaboración para actuar dentro de la Ciudad de México, por agentes de la policía judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). Era el 4 de octubre de 2002. Fue objeto de tortura durante su detención, trasladado a varios lugares del Estado de México durante la madrugada (Tlalnepantla, Tultitlán, Nezahualcóyotl y finalmente a Toluca). Llegó golpeado y torturado dentro de una camioneta sin número de placas.

En las instalaciones de la PGJEM fue torturado por segunda ocasión con golpes, amenazas y malos tratos, para obligarlo a confesar un delito que nunca cometió (secuestro). Lo mantuvieron vigilado bajo la consigna: “Ya no te preocupes, ya no te vamos hacer nada: que en un rato más te vas a ir a tu casa. Los policías que los detuvieron les pusieron un 4 y están buscando la forma de meterlos al bote pero no traen cuadrado el caso para la puesta a disposición”.

Lo llevaron a la cámara de confrontación junto con otros seis de los mismos detenidos, pero no los confrontaron con otras personas que tuvieran sus características físicas. Es decir, no fueron comparados de uno en uno y por separado, por lo que fue violado el código de Procedimientos Penales del Estado de México en lo referente a las formalidades que se deben seguir en una confrontación.

Lo obligaron a tomar un arma de fuego de las que tenían en su poder los policías para ser exhibido ante los medios de comunicación (TV Azteca, Televisa, Canal Once y periódicos) y ponerlo a la vista como la banda de Los Chutas. Las declaraciones de los policías aprehensores fueron falsas y comprobadas durante su proceso.

Fue recluido el 8 de octubre de 2002 en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Luis Juan Fernández Albarrán, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, y presentado ante el Juez Sexto Penal de Primera Instancia de Distrito Judicial de Tlanepantla. Declarándose incompetente ste juzgado, lo trasladaron al Centro Preventivo de Readaptación Social Neza Bordo de Xochiaca, Estado de México, el mismo día.

Fue acusado por cuatro delitos que nunca se cometieron, mismos que fueron fabricados por los policías aprehensores: delincuencia organizada (misma que fue absolutoria mediante amparo 467/2003-P.J, dictado el 11 de junio de 2003, por el juez Quinto de Distrito A con residencia en Nezahualcóyotl); portación de arma de fuego, y posesión de droga (misma que se llevó mediante un segundo proceso en lo federal y que fue absolutoria, dictada por el juez Cuarto de Distrito A en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez). Fue condenado en 2006 a 40 años de cárcel por el delito de secuestro.

Le fueron violadas las garantías judiciales previstas en el artículo 8, apartado 1, inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que se traduce en una violación al debido proceso. Nada importó.

Ha sido traslado a diversos penales del Estado de México, por considerarlo de alto riesgo sin que la autoridad explique el porqué, lo cual violenta sus derechos humanos en su estancia en prisión. Desde 2014 ha comenzado a padecer problemas de salud, sin mencionar el daño moral y sicológico que dificultan, en su caso, alcanzar su reinserción social. Se le ha mantenido alejado del núcleo familiar, pues sus familiares no cuentan con los recursos económicos para visitarlo en las prisiones en las que ha sido recluido, siempre módulos de máxima seguridad: Texcoco, Ecatepec, Otumba Tepachico, Sultepec, Valle de Bravo.

El maltrato sicológico le ha provocado un padecimiento neurológico, pues sufrió un infarto cerebral en marzo de 2014. Además, sufre un segundo padecimiento de urología, por lo que tiene que acudir al médico. Padece depresión y problemas visuales, lo cual ha venido deteriorando su estado físico y su estado de salud. Todm dereivado de pirgar una condena por un delito que no cometió y por los malos tratos y tortura de que ha sido objeto por parte de autoridades ministeriales, judiciales y penitenciarias.

Lista del material probatorio

Detención ilegal de los quejosos. En segunda instancia, las sentencias reclamadas violan los derechos fundamentales del quejoso, ya que éste y sus coenjuiciado fueron detenidos en Azcapotzalco por policías ministeriales del Estado de México, sin que exista constancia de que los policías aprehensores contaran con los oficios de colaboración correspondientes, trasladando a las personas detenidas al Estado de México, siendo retenidos por los captores durante varias horas, sin que haya justificación. La detención prolongada previa a la puesta a disposición fue de más de 10 horas. Tales hechos fueron denunciados ante el ministerio público del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) por familiares del coenjuiciado de los quejosos, Carlo Baca Ruiz, según consta en la denuncia de  hechos del 5 de octubre de 2002, presentada en la Fiscalía Desconcentrada en Azcapotzalco de la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, iniciándose en la averiguación previa AZ-2T3/2146/02-10 por el delito de privación ilegal de la libertad.

No está debidamente probada la flagrancia en que supuestamente se realiza la detención- En el oficio de puesta a disposición del 5 de octubre de 2002, los policías ministeriales que lo firman refieren que las personas detenidas fueron asegurados en flagrancia con motivo de un operativo en la avenida Presidente Juárez, en Tlalnepantla Estado de México. En actas, pruebas que contradicen tales afirmaciones. En la averiguación previa NEZA/III/2982/02, quedan desmentidos y desvirtuados los datos asentados en la puesta a disposición. Existen las siguientes pruebas documentales que sustentan lo contrario:

a) Informe emitido por personal de Subprocuraduría Regional en Nezahualcóyotl, en el sentido de que en la averiguación previa se investigan delitos diversos a los mencionados por los elementos aprehensores para implementar el operativo que señalan en el oficio de puesta a disposición.

b) Copia certificada del oficio 213-030-100-NEZ-1287-2004 del 21 de octubre de 2004, mediante el cual el agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía Especial del Transporte Público en Nezahualcóyotl, Rómulo Arzate Olascoaga, informó: “Que una vez que se realizó una búsqueda en los libros de Gobierno, así como en los archivos que se llevan en esta Fiscalía Especial, se llegó a la conclusión de que no se encontró resgistro alguno de la averiguación previa NEZA/III/2982/02; indagatoria respecto de la cual y según se asienta en el oficio de puesta a disposición, se implementa el operativo en el que son detenidos los ahora quejosos, quedando demostrado que los datos asentados en el oficio de puesta a disposición carecen de fiabilidad y por lo tanto violan el Debido Proceso en agravio de los quejosos” (sic).

c) Informe rendido al Juez Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, dentro de la causa penal 267/2002, por el agente del ministerio público adscrito a la Fiscalía Especial del Transporte Público en Nezahualcóyotl, en el sentido de que la averiguación previa se refiere al delito de violación y robo de vehículo –delitos diversos a los que de acuerdo al oficio de puesta a disposición eran investigados por los policías aprehensores–, con lo cual se viola el debido proceso y el principio de buena fe que deben observar los policías ministeriales en su actuación.

d) Copia certificada de la inspección judicial practicada por el juez Cuarto de Distrito A en el Estado de México, en compañía de la secretaria encargada de la sección penal, del defensor particular y del representante social adscrito, así como de la actuaria judicial, asentándose en el acta respectiva que la Avenida Presidente Juárez inicia al terminar la avenida Adolfo López Materos y la avenida Puente de Vigas y que termina al hacer cruce con la calle Mario Colín (no existiendo colindancia con el entonces Distrito Federal).

e) Oficio 2133/A000.1412.2004, fechado el 24 de mayo de 2004, mediante el cual el subprocurador Regional de Justicia con sede en Tlalnepantla, José Manuel Álvarez González, dentro de la causa penal 105/2002, informa al juez Cuarto de Distrito A que, después de revisar los libros de gobierno de sus respectivas áreas, no se encontró registro alguno de puesta a disposición de Luis Salvador Escartín González, Marco Antonio Guerrero Pérez y Jorge Rivera Carrasco el 5 de octubre de 2002, y tampoco se tuvo conocimiento del operativo en la avenida Presidente Juárez en Tlalnepantla en la misma fecha.

Existe dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público una vez efectuada la detención de éstos; ya que fueron retenidos por sus captores más tiempo del estrictamente necesario. Además, no existe justificación para que los policías captores realizaran la puesta a disposición en la ciudad de Toluca, en lugar de poner a disposición a las personas detenidas ante el Ministerio Público o autoridad más próxima en Tlalnepantla. Tales violaciones han afectado totalmente el procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y de defensa adecuada.

No se acredito la existencia del operativo policiaco en los términos que se asienta en el oficio de puesta a disposición; por lo que quedó evidenciado que la detención no se realizó en los términos y circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que manifestaron los policías ministeriales en sus informes de investigación de modus vivendi y operandi y de puesta a disposición, ambos del 5 de octubre de 2002, circunstancia que viola el principio de buena fe ministerial.

Por todo lo anterior se violaron las garantías judiciales previstas en el artículo 8, apartado 1, inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que se traduce en una violación al debido proceso.

Tortura nunca más. Ni un culpable fabricado más. Libertad para Luis Salvador Escartín González.

Adrián Ramírez*

*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

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