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El priísmo (1946-2018, con raíces desde 1929, con el Partido Nacional Revolucionario y en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana) muestra su agonía tras la imposición de su presidente por la mano negra del lopezobradorismo, mientras el panismo (1939-2018) se debate en una crisis como la única oposición política; desde sus respectivas fundaciones, ambos han sido el binomio en la competencia electoral por las presidencias municipales, las gubernaturas y los colegiados legislativos estatales y federal, cuya monopolización provocó su desgaste para, finalmente, perder el objetivo-botín principal de sus disputas: la Presidencia de la República con sus resabios de poder absoluto (presidencia imperial), en lo que ha sido la segunda alternancia (la primera fue la del PAN del 2000 al 2012), con un partido nacido de la matriz priísta-panista. Pues desde López Obrador, en Morena milita una mezcla de actores de ese binomio, que lleva en sus entrañas ese inmediato pasado como nuevo presente escudado en Hidalgo-Morelos, Juárez y Madero-Cárdenas; aunque no deja de irrumpir el “país de un solo hombre” (como demuestra la investigación de González Pedrero) de Santa Anna y Porfirio Díaz.

Sirva este apretado resumen para aterrizar en el constante abuso del poder político, sobre todo, y económico, para con censuras, encarcelamientos, homicidios, atacar a la prensa que ejerce sus derechos de libertad para informar y criticar, de conformidad a lo que dispusieron nuestras constituciones y en particular la de 1857 y 1917; de donde parten como derechos de los periodistas esas libertades jurídicas. Desde entonces, los periodistas han librado duras batallas en la prensa y los tribunales porque a pesar de que es una obligación respetarlas, los gobernantes mexicanos no toleran esas libertades y no han dejado de querer controlarlas, limitarlas y hasta, con o sin inquisiciones judiciales, cancelarlas.

Así que empezando con burlas, acusaciones falsas y juicios despectivos los gobernantes maniobran para que los editores despidan a periodistas. Priístas y panistas en ese terreno estuvieron cortados por la misma tijera del despotismo. Ahora el morenismo está en esa tarea, con sus adjetivos agresivos. A otros periodistas los embisten. Como hizo el exdesgobernador Humberto Moreira, quien tuvo el atrevimiento del clásico abusador de millonario patrimonio e influencias, de demandar a Sergio Aguayo por supuesto daño moral; quien desde 2016 no puede quitarse de encima a ese tipo que le exige 10 millones de pesos. Para enriquecerse aún más.

El li­tigio continúa y este cínico personaje no deja de presionar al periodista, pues al parecer por los intereses de Moreira enredados con los burocráticos judiciales de la Ciudad de México –donde reside la demanda de Moreira–, insiste en que le reparen su moral con un tufo a venganza y a seguir teniendo intereses creados de un pasado, dice certeramente Sergio Aguayo en su columna del 15 de octubre publicada en el periódico Reforma, que “se resiste a desaparecer”.

El otro caso es el de Carlos Loret de Mola, a quien alcanzó los tentáculos de la Secretaría de la Función Pública, de la que parece dueña la señora Irma Eréndira Sandoval, pues hasta esa dependencia llevó a su suegra para darle escenario familiar, junto con un alto funcionario para hacerle el caldo gordo de comentar el texto que presentó. Loret de Mola fue periodista de Televisa y a mi criterio, esta empresa para quedar bien con la mano negra canceló su programa, al parecer conforme a sus derechos laborales.

El caso es que en su trabajo en la prensa escrita, en el diario El Universal, donde publica su columna Historias de reportero, se ha estado ocupando de la fortuna de Bartlett y sobre quien la misma Irma Eréndira Sandoval dijo en su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción del Congreso General (precisamente de la Cámara de Senadores), que pesan más de 20 denuncias. También se ha ocupado Loret de Mola de la llamada “operación saqueo” en Pemex.

Pues bien, con firma de su empleado encargado del área de quejas, etcétera, la señora Sandoval mandó al periodista un amenazante requerimiento de que en 7 días hábiles, presente copia certificada de los documentos que posee; según esto con base en el artículo 97 de la Ley Reglamentaria de Responsabilidades Administrativas.

Y, por si eso fuera poco, doña Irma Eréndira se fue contra el diario El Universal, y como si este periódico fuera su subordinado le ordena que le entregue copias ¡certificadas!, de la información sobre lo que ha publicado en torno a los contratos con los cuales una red obtuvo miles de millones de pesos (El Universal, columna Bajo Reserva, 18 de octubre de 2019). La empleada del presidente de la República se ha tomado facultades inquisitoriales de carácter administrativo, en un acto de abuso para querer cuestionar la libertad de difundir información, y contra el derecho a proporcionar toda la información que investiguen los medios de comunicación.

Así que estamos, pues, ante una inquisición administrativa que no permite la Constitución y que la señora Sandoval quiere ignorar o pasar sobre ella; lo que conduce a la censura, en una actitud de policía arbitraria.

Álvaro Cepeda Neri

[OPINIÓN] [DEFENSOR DEL PERIODISTA]