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En México, aproximadamente 13 mil adolescentes egresarán de algún tipo de institución de protección (casas-hogar y albergues) este año, quedando expuestos a la delincuencia, prostitución, drogas y demás problemáticas cotidianas del país. Ante lo cual, instituciones y organizaciones internacionales hicieron un llamado a las autoridades para consolidar políticas públicas que ayuden a esta población vulnerable.

Paula Ramírez, oficial de Protección del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México, indicó que de acuerdo con el Censo de Asistencia Social 2015 que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México había 33 mil menores de entre cero y 17 años de edad viviendo en instituciones de protección; de ello se desprende que unos 13 mil jóvenes están por egresar o egresaron este 2019, lo que equivale al 40 por ciento.

“Cuando egresamos del sistema de protección se siente una sensación rara porque sentimos alegría de que vamos a asumir nuestra vida de forma independiente, pero está ese otro lado donde están los miedos porque no sé qué voy a hacer, qué me voy a encontrar, no tengo dónde vivir ni con quién vivir”, explicó Yhon Eduar Angulo al participar en el Cuarto Congreso de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección: Camino a la Autonomía.

El joven egresado en Colombia y co-fundador de la Red manifestó que en los países de Latinoamérica, “los jóvenes que egresan bajo esas condiciones quedan en la cuerda floja y cuando salen del sistema de protección se enfrentan a grupos delincuenciales, prostitución, consumo de droga y un montón de situaciones”. Por ello, añadió, “nosotros esperaríamos que finalmente cada joven que egresa del sistema de protección por lo menos salga preparado para enfrentar su vida y sepa cómo enfrentar estos problemas”.

El colombiano declaró que antes era imposible trabajar el tema debido a que las organizaciones no se interesaban en mirar a los jóvenes que salen de estas casas-hogar; así nació la Red Latinoamericana, que busca entender cómo se trabaja el tema de egreso-protección en diferentes países y cómo se pueden encontrar soluciones a las problemáticas que se presentan.

Mariana Incarnato, fundadora de la Red Latinoamericana y directora de Doncel de Argentina, afirmó que la crisis de los países latinoamericanos atraviesa a los menores más pobres, ya que “las políticas hacia las familias de origen o de acogimiento son mínimas”.

Asimismo, apuntó que a 10 años de que la Organización de las Naciones Unidas estableció las directrices para el cuidado alternativo establecidas, se sigue alojando a este sector de la población en  “macro instituciones que no cumplen ningún estándar de calidad”, por lo que la tarea de la sociedad civil no puede detenerse y debe avanzar con mayor rapidez para construir junto a los Estados una agenda para la transformación definitiva de cuidado.

Aunado a esto, Fernando Gal Rodríguez, director de estudios e investigación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), enfatizó que es erróneo pensar que por su edad, los menores no tienen juicio crítico ni pueden ser parte responsable de las decisiones sobre su futuro.

Al respecto, detalló que desde la Secretaría Ejecutiva están diseñando diferentes procesos de participación para la planeación, y subrayó que “lo que se discuta nos va a servir para analizar tres puntos clave: la garantía de derechos en estos espacios, en estas casas hogares; la planeación de la trayectoria de vida de niñas, niños y adolescentes, y las políticas para el egreso”.

En ese sentido, Mario Luis Bustios, joven egresado y miembro de la Red del Sistema de Protección Dejando Huellas, de Bolivia, expresó que a pesar de que durante mucho tiempo las instituciones y albergues han luchado por dar servicio de calidad, el verdadero reto está al salir. Declaró que no todos están preparados, pero muchos adolescentes lo han logrado, y que sus historias “incentivan a otros a poder crecer”.

Apuntó que los resultados que se obtengan del debate en curso sobre esta exigencia, la cual “es un derecho y no un favor”, es para los que vienen detrás: “estos niños, nuestros hermanos, en el caso de los que viven bajo el sistema de protección familia, van a tener un mejor futuro, una mejor realidad y que esto no sea un privilegio para los jóvenes, que sea un derecho, una obligación poder dar a todos las mismas oportunidades”.

El adolescente boliviano evidenció que el gobierno los ha abandonado. “Si bien no se quiere institucionalizar ni etiquetar a ningún joven con eslogan de niño huérfano o niño abandonado”, se trata de una población vulnerable que en algún momento necesita apoyo, señaló. “Pero no económico, porque la plata no es la solución, sino herramientas para que puedan surgir en la vida, el afecto familiar y la seguridad de que ya están preparados para salir y enfrentar la cruda realidad.”

Finalmente, Eduar Angulo dijo que es importante que los operadores de las casas hogares vean a los menores como personas y no como contratos, ya que al pensar hasta en qué metas tienen, agregó, se podrán llenar los vacíos de los egresados y se irán fortaleciendo como individuos con derechos capaces de asumir una vida independiente, lo que resultará en que “tengamos mejores países”.

Viridiana García