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En las secretarías de Energía y de Función Pública, así como en la Dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), se han prendido las alertas sobre el uso del dinero público que empezará a invertirse en la principal subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción (PEP), a cargo todavía del investigado director general Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien habría participado en la operación de la llamada “estafa maestra”, en donde se triangularon ilícitamente recursos públicos hacia universidades y empresas fantasmas.

Las secretarias Rocío Nahle García e Irma Eréndira Sandoval, y el director general Octavio Romero Oropeza están pendientes de supervisar cada contrato que se otorgue a empresas privadas para la compra de bienes y servicios, porque en el caso de esa subsidiaria del Estado tiene en cartera 210 mil millones de pesos para invertir y reactivar la exploración y producción petrolera, que tanto ha promocionado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, al interior de Pemex advierten que el director general de PEP y el director corporativo de Administración y Servicios, Marcos Manuel Herrería Alamina, estarían preparando un multimillonario contrato por 3 mil 504 millones 365 mil pesos en favor de la Compañía Mexicana de Exploraciones, SA de CV (Comesa).

Se trataría de una adjudicación directa del contrato 74544 para la “solución integral de la imagen sísmica enfocada a play mesozoicos Ixachi 3D, con tecnologías full azimuth (FAZ) con offset’s largos y la solución integral de la imagen sísmica de Veracruz offset largos 2D enfocada en plays mesozoicos”.

Datos obtenidos por Oficio de papel revelan que la Gerencia de Estudios Geofísicos ha solicitado realizar ya la contratación de la iniciativa 74544, a la Gerencia de Contratación de Servicios a Exploración y Producción (ubicada en el piso 14 de la Torre Empresarial en Villahermosa, Tabasco). Ello, para iniciar los trabajos en 2019-2020. Aquí habrá que considerar que éste sería el primer contrato de varios que se otorgarían a lo largo del sexenio de López Obrador, y que podrían sumar en total unos 25 mil millones de pesos por los trabajos sísmicos que se tienen que realizan en tierra y mar.

El área de sísmica 3D, refiere la información de la subsidiaria, es de 1 mil 500 kilómetros cuadrados, con un monto de 149.4 millones de dólares, y el área de la sísmica 2D offsets largos, es de 1 mil 665 kilómetros, con un monto de 48 millones de dólares. Además, PEP tiene considerado continuar con más símica 3D en esta área, con aproximadamente 1 mil 500 kilómetros cuadrados para 2021-2022.

Al interior de PEP se habla de las “instrucciones” que se han girado ya para que este multimillonario contrato sea adjudicado sin licitación de por medio a Comesa, lo cual sería una violación porque tiene que licitarse internacionalmente.

Para ello, la Gerencia de Contratación de Servicios a Exploración y Producción ya gestiona los trámites para cumplir con los “procedimientos normales” de la contratación, todo ello con el fin de que en el próximo mes de diciembre inicien las actividades sísmicas.

El proceso se encuentra en la etapa de análisis de mercado, aunque se espera que en estos días se tenga ya el resultado para poder agilizar la contratación, por lo cual las secretarias Nahle y Sandoval, así como el ingeniero Romero, estarían a tiempo de revisar la manera como se pretende asignar este multimillonario contrato y, en caso de encontrar alguna irregularidad, frenar la adjudicación y cualquier intento de corrupción que pudiera gestar en la principal subsidiaria del Estado.

Puntos suspensivos… En las investigaciones que llevan a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el espionaje que se realizaba en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, a funcionarios del gobierno federal, entre ellos al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha involucrado también al exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, además de otros tres exfuncionarios cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto y que fueron mencionados en una nota del diario Reforma: Alberto Bazbaz, extitular de la UIF y del Cisen; Alfredo Castillo, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Conade, y Walter Meade, primo del excandidato presidencial priista José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo de inteligencia a las Fuerzas Armadas… El inmueble en donde se tenía ese centro de espionaje ilegal es el piso 35 de la Torre Impulso en avenida Santa Fe número 443, en donde se investiga si los propietarios de ese piso y otros tres más son los hermanos Álvarez Puga, empresarios acusados e investigados por estar supuestamente involucrados en la venta de facturas apócrifas, además de estar relacionados desde hace muchos años con el outsourcing, mecanismo de subcontratación para explotar a trabajadores en condiciones laborales adversas… A ese edificio que Alfredo Castillo visitaba frecuentemente, según grabaciones en poder de la FGR, se ha descubierto que los cuatro pisos propiedad supuestamente de Álvarez Puga, tiene conexión interna, de tal manera que si Castillo sostiene que él sólo visitaba el piso 36, pues es fácil considerar que de allí baja al piso 35 en donde estaba instalado el centro de espionaje… Como se ha señalado, el exconsejero jurídico de Peña Nieto, Humberto Castillejos Cervantes, es investigado también por la FGR, el CNI y la UIF por su colusión con despachos de abogados que extorsionaban y sobornaban a empresarios en conflicto con el gobierno federal, a cambio de resolverles sus “problemas”. Fuentes oficiales aseguran que el abogado Castillejos tendría ya orden de aprehensión y sería buscado por agentes federales y de inteligencia… Esta semana un general del Ejército y exaspirante a la Secretaría de la Defensa Nacional, Carlos Gaytán Ochoa, fue noticia cuando el diario La Jornada reveló el discurso que dio en un desayuno encabezado por el actual secretario Luis Crescencio Sandoval, en donde aquel criticó duramente la política de gobierno y la estrategia instrumentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador… Al final del gobierno fallido del panista Felipe Calderón (2012), cuando Enrique Peña Nieto ya era presidente electo, tuve la oportunidad de entrevistar al general Gaytán, entonces subsecretario de la Defensa, quien junto con el entonces jefe del Estado Mayor Presidencial y el oficial mayor de la Sedena, se disputaban el nombramiento que haría Peña del próximo secretario de la Defensa. En aquella entrevista, el general Gaytán fue claro al explicar que habían formado una estrecha alianza los tres generales y que habían acordado que si ningún de ellos era elegido, sobre todo si la designación recaía en el general Moisés García Ochoa, entonces director general de Administración de la Sedena, estaban dispuestos a “eliminarlo” y armar un complot en su contra dentro del Ejército… Siete años después de aquellas declaraciones incendiarias, el determinado general Gaytán vuelve a hacer declaraciones que cimbran las Fuerzas Armadas y advierte de una oposición de militares simpatizantes con militares que apoyaron gobiernos panistas y priistas, por eso hay que estar muy atentos a cualquier posible insurrección que pudiera darse dentro del Ejército, a pesar de que el presidente López Obrador desestime esa inconformidad y rechace cualquier posible complot de los militares neoliberales.

Miguel Badillo

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