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Durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la subcontratación conocida como outsourcing e insourcing promovieron el crecimiento de grupos delincuenciales “solapados” por el poder público, advirtió el senador Napoleón Gómez Urrutia.

El legislador del grupo parlamentario por Morena agregó que las empresas que hicieron emigrar a sus trabajadores a prestadoras de servicios lograron que en México se “desdibujara” la subcontratación, lo que consolidó la afectación a trabajadores, a la hacienda publica y a la economía nacional.

“Al absorber a los trabajadores de una empresa ajena se impacta el derecho del reparto de utilidades; además, las empresas outsourcing expiden facturas por ese acto simulado para el fisco federal”. El legislador agregó que estas operaciones generan una red que ha dejado multimillonarias pérdidas al país.

Por ello, el líder sindical Gómez Urrutia propuso modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, para ampliar las facultades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ello, con el objetivo de crear y operar el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación. Para esto se plantea modificar los artículos 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 15-E y 1004-C de la Ley Federal del Trabajo; y, 5-A y 12 de la Ley del Seguro Social.

Esta iniciativa, indicó, busca regular el esquema de subcontratación laboral y tutelar los derechos laborales de quienes se encuentran bajo este régimen; además prevé establecer que la subcontratación proceda cuando las actividades exijan una especialización ajena o accesoria a la actividad preponderante del contratante y prohíbe y sanciona los actos simulados a través del régimen de subcontratación.

Del mismo modo, propone garantizar los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores que se contraten bajo ese régimen y obligar a que se celebre un contrato por escrito con copia al trabajador.

Para Gómez Urrutia, esta iniciativa generará un cambio determinante en el sistema laboral mexicano, ya que busca fortalecer los derechos de los trabajadores para alcanzar parámetros óptimos de una sociedad justa y responsable. Y añadió que el modelo penal deberá recuperar lo que los “outsourcers ilegales le sangraron al país”.

El proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos.

Indra Cirigo