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Antonio Barragán Carrasco es sobreviviente de la Masacre de Aguas Blancas, desplazado político de su lugar de origen, preso desde el 24 de septiembre de 2001 con delitos fabricados y asociados a su actividad política. Junto con sus coprocesados, es víctima de tortura. Le cedemos la palabra unos párrafos.

“Pido justicia para el señor Eduardo Gallo y Tello ante el dolor causado por la pérdida de su hija, quien fuera secuestrada el 9 de julio de 2000 y asesinada el 18 de julio del mismo año.

“Dicho lo anterior, también es preciso señalar que el señor, un civil, doliente por la injusta muerte de su hija, toma las riendas de la investigación y mediante su poder económico y haciendo uso de sus influencias, logra encabezar operativos, participar en detenciones directamente y, además, interrogar y tomar declaraciones que luego van a ser convalidadas por los agentes policiales y el propio ministerio público.

“A lo largo de la secuela procesal, mis coacusados en apariencia irán compareciendo de ‘manera voluntaria’ sin que sean requeridos por la autoridad ministerial o por el propio juez de alzada para ampliar sus declaraciones, las que van haciendo una cadena de nuevas identificaciones de presuntos responsables que irán a su vez dando aparentes informaciones libres y espontaneas de su culpabilidad hasta llegar a mi detención.

“Desde el momento de mi detención y durante varias ocasiones fui víctima de tortura y amenazas para que me inculpara; aunque traté de denunciar tales hechos no pude lograr eco en las autoridades. Incluso mis quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos (CEDHM) fueron negligentemente atendidas. Sólo se concretaron en enviar oficios al Reclusorio. En respuesta, negaron los hechos, nunca me entrevistaron o constataron mi integridad física o sicológica, mucho menos investigaron más allá. La queja escribí de puño y letra el 30 de diciembre del 2001 y presenté el 4 de enero del 2001 en al CEDHM (expediente 005/2002-4).

“Incluso el 18 de octubre 2010 solicité que se me aplicara el Protocolo de Estambul, que es el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes. No obstante que el juez hizo esfuerzos por atender mi petición en 2012, ésta estuvo mal orientada, ya que él pedía que la Comisión de Indagación tuviera injerencia para realizar el Protocolo de Estambul. Y como dicha Comisión no estaba integrada, no se me practicó dicho dictamen.”

Sin embargo, hoy podemos analizar las irregularidades en las declaraciones y demás actuaciones que permitirán acercarme a la demostración de la tortura.

Cuando Luz Edith Bouchez Ake acudió a identificar el cuerpo de su esposo, Juan Miguel Lima Herández, fue ilegalmente detenida e interrogada por la policía de Morelos, a quien declaró sobre diversos secuestros y robos a casas habitación. Entre ellos, el secuestro de Paola Gallo Delgado, ocurrido el 9 de julio de 2000 y en donde participaron presuntamente seis personas: Neftaly y Juan Miguel Lima Hernández; Rolando; Francisco Mercado Nájera y Anselmo Hernández Benítez.

El 16 de julio de 2000, Neftalí Lima Hernández, Juan Miguel Lima Hernández y Miguel Salgado Nájera se proponían a cobrar el rescate por Paola Gallo Delgado. En Puente Grande de Ocotepec fueron emboscados y muertos. Por esta situación los cómplices de los occisos mataron a Paola Gallo Delgado.

A causa de los hechos, el papá de Paola, Eduardo Joaquín Gallo y Tello, se dio a la tarea de buscar a los secuestradores de su hija. El 19 de julio de 2000, por señalamientos de Luz Edith Bouchez Ake detuvieron a Anselmo Hernández Benítez, Catalina Olivares Amaro, Fania Tovar García, Petra Benítez Barrios, Librada Tovar García.

Tortura mediante, los detenidos señalan a Antonio Barragán Carrasco como participante en el secuestro y homicidio de Paola; y como participantes en los homicidios de Neftalí y Juan Miguel Lima Hernández y Miguel Salgado Nájera.

En la ampliación de declaración de Anselmo Hernández Benítez del 16 de octubre de 2001, quedó asentado: “Neftalí me dijo que andaba una patrulla cerca de donde estábamos, que me fuera con el coche para que no lo vieran ahí dirigiéndome a la casa de mi cuñado Antonio Barragán Carrasco, a quien también le decimos Arturo. A quien le comenté lo que había pasado, que tenía una chava secuestrada, preguntándome quién era, diciéndome que no sabía quién era, que era de Tepoztlán, comenzando a platicar, diciéndome que investigara en dónde iba a ser el rescate, preguntándole para que, diciendo que para aprovechar de una vez y matarlos” (sic).

Detención ilegal

El 22 de septiembre del 2001, Antonio trabajaba lícitamente en el Valle de San Quintín, Baja California Norte. En el momento en que fue aprendido, sin orden girada por algún Juez, se encontraba en compañía de su familia, sus dos hijos y su esposa. Regresaban de la pizca de algodón. La detención estuvo a cargo del señor Eduardo Joaquín Gallo y trejjo, un policía de Morelos de nombre Rey David Gutiérrez Flores, y elementos de la policía de Baja California.

Fue secuestrado. Él y su hijo fuero subidos a un vehículo. Durante el trayecto fueron golpeados. Antonio sufrió de descargas eléctricas suministradas por el señor Eduardo y el policía Rey David. Fueron llevados a un paraje solitario, donde siguieron siendo golpeados. Querían que Antonio “confesara” el asesinato de tres hombres. Y a su hijo le decían que tenía que confesar que su padre se hacía llamar “Arturo” y huía de la justicia a causa de los asesinatos.

La orden de búsqueda y aprensión fue dictada por el Juez hasta el 7 de diciembre de 2001; solicitada por José Luis Balbuena Bazaldua, secretario Técnico de la Subprocuraduría de Asuntos contra la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de Antonio Barragán Carrasco, Anselmo Hernández Benítez, Alejandro Aguirre Bahena alias Manuel Veriz Rodríguez y Gilberto Aguirre Bahena, alias Ramiro Bertín Bahena, como probables responsables del delito de homicidio calificado y asociación delictuosa cometidos en agravio de Neftalí y Juan Miguel Lima Hernández y Miguel Salgado Najera y el segundo de los ilícitos en agravio de la sociedad.

Retención Ilegal

Del lugar de la detención, fue trasladado a los separos de la Procuraduría en Ensenada, donde siguieron los golpes. Lo tuvieron esposado en una posición forzada con una mano arriba, lo que no le permitía sentarse, para que “confesara” los homicidios de los secuestradores de Paola.

El 23 Antonio fue trasladado de Baja California Norte a Tijuana y luego a la Ciudad de México en un vuelo comercial. Todo el trayecto fue golpeado por el señor Eduardo y el policía Rey David. Ya en la Ciudad de México fue trasladado en trasporte público (en el Sistema de Transporte Colectivo Metro). Durante el trayecto para llevarlo a la Procuraduría del Estado de Morelos en un automóvil particular, siguió siendo torturado. Además de los golpes recibió toques eléctricos en tod el cuerpo con la “chicharra”. También se le colocó una bolsa plástica en la cabeza para impidirle la respiración, mientras le decían que debía aceptar delitos que no cometió y le amenazaban con que de no hacerlo su familia estaría en peligro. Le decían que matarían a sus hijos y violarían a su hija. Lo ingresaron al penal de Atlacholoaya, Morelos.

Declaración ilegal

El 24 de septiembre de 2001 en la Procuraduría del Estado de Morelos, el señor Eduardo Gallo y Tello entregó en copia certificada al Ministerio Público, licenciado Carlos Alberto Flores García, una declaración que fue impuesta con base en amenazas, golpes, toques eléctricos y asfixia.

Reclusión en el penal

Durante su internamiento, Antonio fue torturado varias veces para que confesara los homicidios de los secuestradores de Paola y su participación en el secuestro y asesinato, esto con el consentimiento del director del penal de Atlacholoaya, Sebastián Insunza Gutiérrez, quien permitía el ingreso del señor Gallo al penal para golpear y amenazar a Antonio con ayuda de custodios.

Un día el señor Gallo y Tello mandó llamar a Antonio a la sala de audiencias, ubicada en la parte posterior de locutorios, con un custodio que ocupaba el cargo de supervisor, de nombre Francisco Neri Trejo. En el momento en el que el señor Eduardo lo tuvo a la vista, comenzó a golpearlo en la cabeza. En otras ocasiones lo amarró a una silla y le tapó la boca con cinta canela, al igual que las manos y los pies mientras golpea y pateaba; también le ponía bolsas de plástico en la cabeza, generándole asfixia y en consecuencia, mareos y perdida del conocimiento.

Derecho a una defensa adecuada

En reiteradas ocasiones, el señor Eduardo Joaquín entró al juzgado armado y amenazando a su familia e intimidándola, logrando mediante tráfico de influencias y amenazas. Su poder económico influyó en el juez. Además consiguió que un abogado particular que contrató la familia de Antonio abandonara el caso a causa de las amenazas.

Recursos jurídicos pendientes

A 18 años de distancia la causa penal sigue abierta y esperamos que la nueva sentencia le favorezca. De la misma manera se ha presentado la denuncia penal por tortura ante la Fiscalía General de la República FED/SEIDF/UNAI-MOR/0001409/2019, FED/MOR/CUER/0000923/2019 y el caso también ya lo tiene el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

Adrián Ramírez*

*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

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