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El Centro Nacional de Inteligencia, la Sedena y la Marina clasificaron como reservados o confidenciales más de 500 expedientes en el primer semestre de 2019, pese a la decisión del presidente López Obrador de transparentar la seguridad nacional. El Inai ha echado abajo reservas abusivas, señala el comisionado presidente Acuña Llamas. Expertos en transparencia advierten que el criterio de reserva se debe usar de forma excepcional

De enero a junio de 2019, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen) y las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina Armada de México (Semar) clasificaron como reservados o confidenciales 517 expedientes, datos e informaciones solicitadas por ciudadanos. El CNI es el órgano que más reservas estableció: 452; mientras que la Sedena clasificó 45 expedientes y la Marina, 20.

Las reservas promovidas por las tres instituciones se han dado a pesar de que, en reiteradas ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en su gobierno todo se transparentará. Por ejemplo, al hablar de los excesos en los viajes del avión presidencial, el 6 de septiembre pasado aseguró: “[…] en estos casos se usaba el mecanismo de no presentar información por seguridad nacional. Esto lo manejaba el Estado Mayor Presidencial, entonces no tenían la obligación de presentar información, pruebas, nada más en lo interno y dar cifras generales. Eso se terminó: ya no hay ‘partida secreta’ en nada”.

El doctor en derecho Jaime Cárdenas Gracia –investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM–, observa que “ha habido un abuso, como lo dice el presidente López Obrador, con el concepto de seguridad nacional porque con ese argumento se negaba la información a cualquier solicitante y, desde mi punto de vista, se estaba infringiendo o se infringe el principio de máxima publicidad que establece la Constitución en el Artículo 6, porque se trata de recursos públicos, de cuestiones que no implican un riesgo o afectación a ninguna persona o comunidad”.

No obstante, el CNI, la Sedena y la Semar siguen reservando información, incluso relativa a contrataciones. Por ejemplo, la Marina clasificó parcialmente por 5 años “los contratos celebrados durante el presente sexenio con Constructora Miramar, SA de CV”, así como algunos datos asociados a éstos (proceso de adjudicación, objeto, facturas, anticipos, fianzas).

Otros contratos reservados parcialmente por la Semar en este primer semestre son los firmados con Obras y Proyectos de Infraestructura, SA de CV. La Defensa también ha negado parcialmente las informaciones del contrato número 450001310/2014 y la  factura con folio A365.

En entrevista, el doctor Francisco Javier Acuña Llamas –comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai– señala que “no debe haber abuso en la reserva respecto a cuestiones de seguridad nacional, sin dejar de reconocer que se deben reservar algunos apartados porque la ley así lo reconoce”.

Agrega que “el Inai ha estado resolviendo permanentemente los casos que han llegado a su conocimiento, vía recurso, aclarando y muchas veces corrigiendo las reservas abusivas con las que han querido ocultar contratos de adquisición de todo tipo; inclusive, desde luego, los que tengan que ver con adjudicaciones directas, porque éstas son consideradas como una rara excepción. Se permite que se acuda a esta figura sólo cuando se cumplan una serie de características muy especiales que el asunto amerite, pero, en realidad, en general y no sólo en ese rubro, sino en todos los rubros, las adjudicaciones directas son casi indeseables”.

Contralínea reveló el modus operandi de la Secretaría de Gobernación  en el sexenio pasado: bajo el concepto de “seguridad nacional”, durante la administración contrató irregularmente a decenas de empresas sin licitación de por medio. Documentos internos de esa institución dan cuenta que sistemáticamente se violentó la Ley de Adquisiciones, al clasificar como contrataciones de seguridad nacional servicios y compras que no se ajustan a los criterios legales.

En lo que va del gobierno de López Obrador, la Secretaría a cargo de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero no ha hecho público el índice de expedientes que ha clasificado como reservados o confidenciales. La más reciente estadística que ofrece corresponde al segundo semestre de 2018, en la que da cuenta de siete documentos clasificados.

La maestra María José Montiel Cuatlayol, directora del programa Gobierno Abierto en el Inai, apunta la importancia de la prueba de daño, “proceso mediante el cual se hace un análisis de si la información que se va a publicar pone en riesgo algún tema –como de seguridad nacional– entonces se debe reservar. Si no hay una prueba de daño suficiente que nos diga que la información debe reservarse, entonces debemos de conducirnos por el principio de máxima publicidad, es decir que primero se debe privilegiar el interés público por conocer esa información. Si eso puede generar un daño mayor de lo que se reconoce como interés público, entonces debe reservarse”.

Por ello, dice, es importante que exista para cada proceso de reserva una prueba de daño que sustente, fundamente y motive el por qué se está reservando. “Cualquier información es pública, excepto aquella que debe denominarse como reservada y para que se reserve debe existir ese proceso de análisis”.

Sobre el tema, el doctor Fernando Nieto Morales –profesor investigador de El Colegio de México e integrante del Consejo Consultivo del Inai– señala que se debe hacer un uso excepcional de estos criterios.  Respecto de las clasificaciones excesivas, observa que se han dado precisamente por la ignorancia que hay respecto del sistema de transparencia mexicano.

“Nuestras instituciones de transparencia garantizan casi por default que la información es pública, esto quiere decir que la información es de todos y por lo tanto los que tienen excepcionalidad tienen que ser justamente eso: excepcionales, incluyendo la seguridad nacional.”

El investigador señala como requisito para que se clasifiquen los expedientes, que “las autoridades argumenten claramente y de manera convincente por qué una información es de seguridad nacional, en qué medida realmente pone en peligro los intereses de la nación. En ese sentido, si nos ha convencido a todos y ha sido un ejercicio abierto de transparencia, pues sí reservemos la información; todo los demás si no es convincente, si no hay un criterio claro, pues tiene que ser público, tenemos que mantener el acceso a la información”.

Por ello, señala: “no se vale criticar las propuestas de los gobiernos anteriores y por ejemplo, ahora, el presidente López Obrador desea reservar por 5 años la información sobre el Aeropuerto de Santa Lucía”.

Para el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Federico Guzmán Tamayo, es fundamental que la sociedad comprenda el papel que juega el principio de máxima publicidad: frente a la duda de si la información es confidencial o reservada, generalmente la regla es que es pública.

En el caso de las contrataciones clasificadas como reservadas, refiere que “actualmente se prevé como parte de las obligaciones de transparencia que los procesos de adjudicación, licitación o concesión son información de acceso público cuando haya acabado el proceso deliberativo.”

Compromiso de AMLO por la transparencia

El 10 de enero de 2019, en el marco de la estrategia contra el robo de combustibles, el presidente López Obrador afirmó: “Todo aquello que se ocultaba se va a dar a conocer: la vida pública va a ser cada vez más pública y van a poder entrar ustedes para que la gente lo conozca, hasta en el sistema de monitoreo van a poder conocer, nada de que por seguridad nacional esta [la se los ductos de Pemex] es una información reservada. No. La seguridad nacional es el cuidado de todos los mexicanos”.

Para el doctor Jaime Hernández Colorado, coordinador Ejecutivo del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, “no solamente se ha abusado de ciertos conceptos, sino que se les ha entendido mal: hay una confusión y esto lo han dicho organizaciones de la sociedad civil en la discusión de la Ley de Seguridad Interior. Hay una discusión entre el concepto de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad ciudadana. Es decir, tenemos allí una cuestión conceptual muy relevante que ha permitido ciertas prácticas no necesariamente buenas”.

El académico considera que para que haya garantía de transparencia y rendición de cuentas respecto de esos temas sólo se requiere una interpretación correcta de las causales de reserva que están establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso de Información Pública.

“A partir de esos elementos básicos se pueden tomar decisiones vinculándolas con conceptos bien definidos, no con los que hemos confundido y hemos ido introduciendo cada vez más tanto en el discurso oficial de los gobiernos como en las políticas públicas. En materia de seguridad, estamos ante el problema más importante de nuestro país y necesitamos la garantía de la transparencia y la rendición de cuentas sin que haya estos espacios para el ocultamiento de información.”

Por su parte, el doctor Acuña Llamas, quien además de su labor como comisionado presidente del Inai encabeza el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, apunta que la seguridad nacional es un concepto reciente que en México alcanzó incluso una reforma constitucional.

Agrega que hay elementos de reserva respecto de la gestión que el Estado realiza para la generación de condiciones de inteligencia, para proteger a la sociedad en general, necesitan algunos flecos que se reservan. Pero, agrega, “nosotros hemos venido abriendo lo más que se puede la información que se ha resguardado de más en estos rubros”.

También dice que el Inai ha ejercido un control indirecto sobre la adquisición de las dependencias públicas en las que ha habido adjudicaciones directas. “Hemos ido nosotros, no ha cambiarlo porque eso no lo decidimos nosotros, sino a exhibirlo. Entonces ahora es más fácil saber cuáles de esas probables adquisiciones o adjudicaciones directas hayan sido o sean de alguna manera inconvenientes o indebidas”.

Los abusos del pasado

El 25 de septiembre pasado, el presidente aseguró que en su gobierno se están eliminando todas esas prácticas de contratar directamente productos y servicios bajo el argumento de seguridad nacional: “independientemente de si estaban permitidas por la ley, si eran realmente asuntos de seguridad nacional, independientemente de eso, significaban opacidad, ocultamiento de información, y desde luego actos de corrupción”.

Consultada al respecto, la panista Marcela Torres Peimbert –redactora de la Ley General de Transparencia y secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados– señala “que está muy mal por parte de cualquier gobierno de cualquier partido el reservar información”.

Critica que el propio López Obrador ha clasificado información en su momento, como la relativa a los contratos del segundo piso: “él discrecionalmente reservó la información por 10 años, siendo que eso es totalmente ilegal; todavía no la podemos abrir, sabemos que estuvo Riobóo ahí y que Riobóo es a quien se le está asignando ahora varios de los proyectos grandes que trae este gobierno, por ejemplo el Tren Maya, entonces creo que es un drama lo que hemos vivido en México y es un drama construido desde la propia ciudadanía: hay pocos jóvenes y jovencitas interesados en el tema de acceso a la información”.

Para la diputada, el derecho a la justicia pasa por tener información. Respecto de la manera en como se evitaría el abuso del concepto de seguridad nacional, indica que “lo más importante es el contrapeso ciudadano y el contrapeso que debemos ejercer las Cámaras y la Corte misma. Debemos rendir cuentas mucho mejor los diputados y diputadas, los gobernantes, los jueces y magistrados, y los ciudadanos exigir más esa rendición de cuentas de primera mano de manera más organizada para que tengamos la obligación de informar de manera más proactiva”.

Indra Cirigo/Viridiana García

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