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Tortura y agresión, mecanismos recurrentes de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado durante las detenciones de adolescentes y jóvenes, no siempre legales. Estas violaciones graves a derechos humanos se utiliza para obtener confesiones y fabricar culpables. Expertos que esto ocurre porque los adolescentes son un sector vulnerable y desconocen sus derechos

“Nos vale madres que sean menores de edad”, fueron las palabras de los policías preventivos antes de agredir a la adolescente Astli y provocarle múltiples heridas de las que tardó 1 mes en recuperarse. Una de estas fue un esguince cervical grado II.

En 2019, han ocurrido al menos 18 casos de adolescentes y jóvenes torturados y agredidos por cuerpos de seguridad en la Ciudad de México, y uno de ésos es el de Astli. Al tiempo, otros 52 menores de edad han sido vulnerados por policías y militares a nivel nacional, revelan informes oficiales de derechos humanos.

Después de la agresión, Astli fue llevada a las instalaciones de la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia IZC-3 de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), narra a Contralínea su madre, Adriana Valverde.

Agrega que los hechos ocurrieron el 20 de enero pasado, cuando Astli regresaba de una fiesta en compañía de su novio y algunos amigos aproximadamente a la media noche. Al internarse en la calle donde se ubica su casa, la joven se percató de que algunos policías habían detenido a uno de los adolescentes que se encontraba en la fiesta y que había participado en una riña.

De acuerdo con la Recomendación 17/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y con Víctor Caballero, uno de los abogados del caso que forma parte del Colectivo Aequus, Astli se acercó para ver lo que estaba pasando y para preguntarles a dónde iban a trasladar al muchacho. Sin embargo, dos policías preventivos –una de ellos de nombre Beatriz Andrea Gil– empujaron a la adolescente y a su novio. Después de eso, Astli les dijo que no los tocaran porque eran menores de edad, pero no les importó.

La mujer policía volvió a empujar a la menor y ella le quitó sus manos de encima. Enseguida ésta señaló que la adolescente le había tirado sus lentes, motivo por el cual le dio un golpe en la cara con el puño cerrado y la jaló del cabello. La reacción inmediata de Astli fue defenderse, la menor tomó a Beatriz Gil del chaleco, forcejearon y cayeron al piso.

Los demás policías se acercaron: unos la empezaron a jalar para que soltara a su compañera policía, mientras otros le pateaban todo el cuerpo. Uno de ellos la tomó del cabello para levantarla y cuando lo hizo le dio otro golpe en la cara con el puño cerrado, con el que la volvió a derribar.

Cuando la menor estaba en el piso, la policía Beatriz Andrea Gil empezó a asfixiarla. La tomó de la cabeza para azotarla en el piso en varias ocasiones, mientras el resto de los policías la seguían pateando. “Astli traía en las mejillas marcada la suela de las botas”, contó su madre a Contralínea.

Posteriormente la pusieron boca abajo para esposarla, la levantaron nuevamente de los cabellos cuidando que no pudiera ver los rostros de los policías. Astli les pidió que la dejaran en paz, pero nunca le hicieron caso. Antes de subirla a la patrulla, Beatriz le dio un golpe en el brazo y de un empujón la subieron para trasladarla a la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia.

Tortura y agresión un mecanismo recurrente

La tortura y agresión cometida por cuerpos de seguridad del Estado contra adolescentes y jóvenes es un mecanismo recurrente, coinciden –entrevistados por separado, los abogados Víctor Caballero –experto en defensoría de derechos humanos– y Adriana Greaves, de la asociación Tojil y experta en el Sistema Penal Acusatorio.

“Es práctica común y no hay corporación policiaca de la Ciudad que escape a eso. Desde los policías del metro que son policías bancarios en la mayoría de los casos, la policía auxiliar, la policía preventiva”, así como el Comando de Operaciones Especiales y la Unidad Táctica de Auxilio a la Población, señala Víctor Caballero.

De acuerdo con el Informe especial adolescentes: vulnerabilidad y violencia 2017, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “existen fallas importantes en las instituciones de seguridad”, ya que un alto porcentaje de los adolescentes encuestados dijeron haber sido golpeados y maltratados por la policía al momento de su detención y, en algunos casos, durante varios días por diferentes instituciones de policía. Ello, a pesar de que son prácticas que se apartan de las leyes, normas nacionales y tratados internacionales.

Por su parte, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas –en el documento Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México– señaló su preocupación por el “uso excesivo y prolongado de la detención preventiva” en los casos de personas menores de edad en conflicto con la ley. Así como por el trato que reciben cuando están privados de su libertad y las condiciones de “detención en régimen de aislamiento prolongado”.

El riesgo de ser adolescente

El 22 de junio pasado, personal médico de la CDHCM elaboró un dictamen de salud a Astli con base en el Protocolo de Estambul –el manual para la investigación en casos de tortura– y determinó que los policías preventivos realizaron “actos de maltrato físico a través de contusiones simples en la cara y cabeza, así como jaloneos de cabello y asfixia por estrangulamiento”.

El informe también señala que existen fallas en la etapa del juicio, pues varios de los menores eran inocentes del delito que se les acusa. Además, la Comisión encontró que se trata de “prácticas sumamente arraigadas” en las instituciones de todo el país, ya que ocurren de forma sistemática y son tan frecuentes que los adolescentes lo consideran como un “comportamiento normal”.

Astli fue acusada de robo agravado y pandillerismo, refiere su mamá, Adriana Valverde. Delitos que no cometió. “Yo fui a hablar con el muchachito que la acusó de robo y él claramente me dijo: ‘yo a su hija ni la conozco. Yo no hice nada, todo lo hicieron los policías””.

El 21 de enero fue la primera audiencia de la adolescente. El juez, al ver sus heridas, le preguntó quién la había agredido de esa forma, de acuerdo con su madre. La joven denunció todo lo que había sucedido, por lo que éste decidió dejarla libre con medidas cautelares, es decir, que no podía salir ni acercarse a la calle en la que supuestamente fue el robo, ni a las víctimas.

En la Recomendación 17/2019 de la CDHCM están documentados otros 18 casos de adolescentes y jóvenes que fueron torturados y agredidos por cuerpos de seguridad capitalinos. Mientras que la CNDH en su Informe reunió 52 testimonios de menores de edad que también sufrieron la misma violación a sus derechos humanos.

La abogada Adriana Greaves considera que los adolescentes entran en el grupo de poblaciones marginadas, por lo que son más vulnerables a las violaciones de sus derechos humanos “por un tema de desconocimiento de las instituciones”, por lo que puede haber un aprovechamiento de los operadores del sistema, como los policías.

En el Informe de la CNDH se encontró que son muy bajas las cifras del cumplimiento de derechos de los adolescentes cuando fueron detenidos, ya que al 59 por ciento no se le informó de qué delito le estaban acusando y al 69 por ciento no le dijeron cuáles eran sus derechos.

Hay leyes, falta cumplirlas

Para Adriana Greaves sí existe un marco legal sólido y firme para proteger a los menores de edad de estos abusos, y está compuesto por convenios internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con sus leyes secundarias. Estos protegen los derechos no solamente de los adolescentes y jóvenes, sino también de otros grupos vulnerables.

“El problema que nosotros hemos detectado desde Tojil es que desde lo que dice la ley a la operación hay un abismo inmenso”, añade la abogada. También señala que hay falta de recursos, capacitación e incluso ética por parte de aquellos que ejecutan las leyes.

“Creo que el problema está en cómo traducir esas leyes a que realmente sean aplicadas eficazmente por operadores poco capacitados, con poca seguridad laboral, con poca certeza institucional”, enfatiza la abogada.

Por su parte, Víctor Caballero identifica que uno de los problemas es que hay leyes que no están empatadas con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, y al existir estas lagunas o vacíos legales en la normatividad de los ministerios públicos, a los afectados no les queda de otra “que iniciar quejas en las comisiones de derechos humanos o hacer juicios de amparo para que un juez federal sea el que obligue a las instituciones de justicia a actuar conforme a lo que establece la ley”.

En este sentido, el Comité contra la Tortura en sus Observaciones finales exigió al Estado mexicano adoptar medidas que garanticen el trato digno de todos los menores privados de la libertad y que los mantengan en condiciones de detención adecuadas en los centros de internamiento para menores.

Daños colaterales

Astli no fue la única que resultó agredida: varios de los integrantes de su familia también fueron atacados por diferentes elementos de seguridad, señala Adriana Valverde. Después de que le informaron a su madre que la habían detenido, ella se trasladó a la Coordinación Territorial de Procuración de Justicia IZC-3.

Algunos de sus familiares ya estaban ahí cuando su madre llegó, y algunos policías los agredían verbalmente. “Incluso a mis hermanas les tocó: a una de ellas le dieron una chachetada; a otra le pegaron en el brazo y la aventaron”, dice a Contralínea.

Lo primero que Adriana Valverde hizo al llegar a la institución fue pedir que la dejaran ver a su hija, pero no le permitieron hacerlo. Desesperada, intentó entrar a la fuerza y los policías la detuvieron por la fuerza con empujones de por medio. “Incluso uno de los policías me dijo: ‘ya bájele de huevos, señora’ y yo le dije que lo único que quería era ver a mi hija, que si no les bastaba con lo que habían hecho”.

Después de eso le dijeron que sí le permitirían ver a Astli, pero que se calmara. Cuando entró al área en la que se encontraba la adolescente, se acercaron dos policías mujeres para detenerla, pero Adriana les dijo que no tenían motivos porque ella sólo quería ver a su hija. “Me metieron un poco más y entre cinco policías me quisieron someter; me lastimaron mis manos porque me querían esposar”.

Finalmente no la esposaron y pudo ver a Astli. “Mi hija estaba hinchada de la cara, [con] los ojos rojos de la sangre que tenía. Estaba irreconocible”. Doña Adriana recuerda que escuchó gritos afuera y de repente, madre e hija, vieron como metieron de un aventón a dos sobrinos, una de sus hermanas y una muchacha que estaba grabando.

“Mi hijo me dijo que ellos defendieron a una de mis hermanas que estaban pateando los policías, entonces, en el forcejeo, mi hijo le dio un manotazo a uno de ellos y entre cinco lo agarraron, le rompieron su ropa, le pegaron, lo sometieron y lo metieron [a los separos]. Como si mi hijo fuera un delincuente. Estaba sangrando de la boca y de la nariz. Fue una impresión muy fuerte por todo lo que nos hicieron y ninguno de los que estaban ahí hizo nada”.

Finalmente la adolescente fue trasladada a la Agencia 57 del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJ, y sus familiares se quedaron en la Coordinación Territorial.

Adriana Valverde asegura que constantemente los amenazaban y les decían que los iban a trasladar directamente al reclusorio: a las mujeres, al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, y a lo hombres, al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. Sin embargo, los abogados de la familia llegaron y los dejaron salir a las 11 de la noche aproximadamente.

Impunidad garantizada

De acuerdo con la Recomendación 17/2019, el 24 de enero se inició la carpeta de investigación por el delito de abuso de autoridad en la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ. A su vez arrancó el procedimiento administrativo en la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Adriana Valverde y Astli acudieron a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos a denunciar las agresiones que sufrieron por parte de los policías preventivos. Sin embargo, sólo pudieron hacer la denuncia en contra de Beatriz Andrea Gil porque no tenían los nombres de los demás elementos de seguridad.

“Es el único nombre que nosotros teníamos porque ella tuvo que entregar a mi hija en la Agencia 57. Cuando llegaron, le preguntaron su nombre y la policía no lo quería decir. Mi hija se puso viva y lo escuchó. No tenemos el nombre de los demás policías porque en cuanto dejaron a mi hija en la [agencia de] Iztacalco todos se desaparecieron”.

Cuando fueron a Asuntos Internos dieron el nombre, les enseñaron una foto y Astli la identificó como una de las oficiales que la agredió. Después de que ambas rindieron sus declaraciones, les dijeron que ya no tenían que estar yendo a las oficinas, que toda comunicación iba a ser vía telefónica.

Posteriormente el Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dio una conferencia de prensa en la que se hizo una denuncia pública por lo acontecido. A partir de eso, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se puso en comunicación con la familia de Astli para informarles que había iniciado un procedimiento disciplinario en el área de Asuntos Internos.

Luego de esa llamada, la madre de Astli no supo nada del avance de la denuncia. Hasta que volvió a ir a las oficinas de Asuntos Internos le dijeron que regresara una semana después para que le entregaran una constancia con la que le notificaban que Beatriz Gil estaba destituida de su cargo desde el 22 de marzo de 2019. Lo cual no es cierto, señala Adriana Valverde: “la policía sigue trabajando: la hemos visto y la han visto familiares”.

Por ello, volvió a quejarse en Asuntos Internos. Los funcionarios le pidieron acudir a la Comisión de Honor y Justicia para darle continuidad al caso. Fue y le comentaron que para proceder con su denuncia tenía que tomarle una foto a la policía mientras está trabajando.

“Para mí eso es una burla. Cómo es posible que me digan que tengo que estarla espiando”, señala la madre de Astli. Al respecto, el abogado Víctor Caballero dice a Contralínea que eso no está contemplado en ninguna disposición normativa del Ministerio Público, ni en la Constitución ni en el Código Nacional de Procedimientos Penales; tampoco en el Código Penal de la Ciudad de México. “Eso se lo inventó el Ministerio Público para que la familia de Astli ya no estuviera asistiendo a la Fiscalía a darle continuidad a esa carpeta de investigación”.

Con la Recomendación de la CDHCM se determinó que la denuncia que Astli y su mamá hicieron en contra de una de las policías que la agredió tiene que continuar hasta las últimas consecuencias, indica el abogado.

“Mientras el gobierno le otorgue impunidad a sus policías y a sus mandos cuando cometen este tipo de atrocidades las van a seguir cometiendo”, subraya Víctor Caballero. Por ello considera que el gobierno debe de cambiar esas estructuras de complicidad, encubrimiento y justificación para eliminar este tipo de prácticas.

Por último, el abogado opina que el caso Astli corresponde a la administración de Claudia Sheinbaum, por lo que la administración federal no puede utilizar el discurso de que es culpa de la administración anterior y la Recomendación de la CDHCM obliga a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a revisar y modificar el protocolo de actuación para efectos de que cumpla con los estándares internacionales más elevados, con el fin de erradicar y prevenir los casos de tortura.

Aseneth Hernández

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