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Julio ha decidido no dejar de ser periodista a pesar de haber sufrido cuatro atentados: sobrevive para contar una historia de terror ocurrida en el peor contexto de violencia para el oficio: México. Especialistas lamentan que el mal desempeño de las instituciones –creadas para procurar seguridad y justicia a este gremio– favorezcan la censura y perpetúen la impunidad


—No puedes estar de aquel lado, eres código rojo y tenemos que estar cuidándote.

—Vete a la chingada —respondió Julio, entre dientes.

—¿Cómo? No seas grosero y haz ejercicio.

—Ni que fuera gimnasio. ¡Es un pinche manicomio! Estoy hasta la madre.

De profesión periodista, Julio Omar Gómez “cambió” el paradisiaco Baja California Sur, con todo y su violencia, por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez.

Al manicomio se internó por voluntad propia, doblegado por el miedo a morir, a intentar suicidarse otra vez, luego de sobrevivir a cuatro atentados, abandonar su casa y su negocio, desplazarse forzadamente y perder a su familia. Pero, también, porque jamás dimensionó el significado de estar preso en un hospital de esa naturaleza, donde los enfermos psiquiátricos son despojados de su derecho a decidir sobre sí mismos.

Sedado hasta perder la conciencia, Julio no sabe con exactitud cuántos días estuvo internado. Sólo recuerda que despertaba e inmediatamente exigía su libertad. Nunca le pusieron camisa de fuerzas, al menos eso cree, pero sí lo llegaron a someter para inyectarle más medicamento.

Su historia es de no creerse. Se hizo adulto entre vacas, caballos y coyotes; entre peleas, cicatrices y regaños: “levántese, que un norteño no llora”, le decían cuando era pequeño. Julio se hizo periodista entre fuego y amenazas, entre soledad y olvido, entre depresión y miedo.

A sus 39 años conserva un porte intimidante: espalda ancha y brazos gruesos en un cuerpo de 1 metro y 80 centímetros de alto. Sus ojos negros, tan diferentes a su rostro joven, parecen haber visto de más: enmarcados por oscuras ojeras se ven agotados, sin brillo. No deja de hacer bromas y sonríe, pero es inevitable ver que la barba bien tupida se ha llenado de canas en apenas unas semanas.

Como “hombre de rancho” se creía inquebrantable. Pero ahora, al recordar la “zona roja” del hospital psiquiátrico, donde despertaba desorientado tras haber pasado días sedado con pastillas que lo obligaban a tomar; al contar cómo fue rescatado por dos reconocidos periodistas que se hicieron pasar por familiares, se le acaba la voz y baja la cabeza. “¿Y dónde está el que no lloraba?”, pregunta, avergonzado, mientras se tapa los ojos, se cubre tras una gorra y no deja que las lágrimas caigan.

El 31 de diciembre de 2018 apareció a un lado de la carretera rumbo a Querétaro, afuera de un coche destrozado y sin recordar nada. Tras recuperarse de sus lesiones físicas, fue al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en busca de respuestas. Allí le explicaron que intentó quitarse la vida en un acto inconsciente del cuerpo al verse embargado de ansiedad, estrés, traumas… Sobrevivió a cuatro atentados perpetrados en su contra por ejercer su labor periodística, pero las heridas en el alma seguían abiertas y reclamaban descanso.

“Bienvenido al Trastorno Límite de Personalidad (TLP)”, le dijo el médico que lo atendió. Era el cuarto, y el más peligroso, de los trastornos que le habían diagnosticado: estrés postraumático, depresión mayor y ansiedad.

Al no tener familia cerca, ni nadie que lo cuidara, le recomendaron internarse en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. “Pero no me contaron la historia completa: pasé a estar encerrado, a ser casi, casi, propiedad del Estado”, recuerda, aunque no tiene certeza si pasó allí 15, 20 o más días.

Una de las personas que acudió en su rescate contó a Contralínea que el personal del hospital psiquiátrico “dormía” constantemente a Julio por sus “alucinaciones”: resulta que tomaron por ficciones las narraciones que Julio hacía de sus ataques –incendios, balaceras y amenazas– por considerarlas inverosímiles.

Julio ha perdido la vida que conocía. Tras la última agresión, en la que murió uno de sus escoltas, tuvo que huir de Baja California Sur para buscar refugio. No ve a su familia y sus proyectos de vida se quedaron estancados. Recuperar todo, hoy, parece tan difícil como el mismo día en que se fue.

Entre fuego y amenazas

Aunque Julio vive rodeado de cámaras de circuito cerrado de vigilancia, aún hay noches en las que su ritmo cardiaco se acelera sin freno. Cuando el sudor cubre su cuerpo y el aire apenas entra a sus pulmones, no hay botón de pánico que apacigüe la crisis. Pero la ansiedad extrema no siempre estuvo allí. Aunque hoy le parece que el terror es eterno, la historia de fuego y amenazas empezó hace 3 años.

Vivía junto a su familia en Cabo San Lucas. Aunque había estudiado Protección Civil y trabajaba en el servicio público, descubrió que prefería ser corresponsal y entró al medio Reportero Urbano cubriendo notas sobre corrupción, inseguridad y justicia.

Los asesinatos no eran una situación extraordinaria. “Las noticias estaban siendo más duras: había muchos homicidios por el reacomodo de plazas tras la detención del Chapo [el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera]. Esta pelea interna en el Cártel de Sinaloa lo aprovecharon otros cárteles para entrar y ayudar en la eliminación de ambas partes”.

Fue en diciembre de 2016 cuando sufrió el primer atentado: incendiaron su casa y su automóvil. Le avisaron por teléfono, corrió, pero llegó cuando el fuego ya había acabado con casi todo, incluso con la nota que le dejaron en un pedazo de cartón. “Nada más tuve una orillita de lo que era un mensaje y no pude saber de qué se trataba”.

Antes de sucumbir al desánimo, personas locales y turistas llegaron para apoyarlo con dinero, especies y hasta con mano de obra para restaurar su vivienda. “Fue motivador para que yo continuara trabajando siendo un interlocutor y ayudando a las personas que denunciaban abusos de autoridad”, recuerda.

Para febrero de 2017, Julio ya había tomado más precauciones y contaba con dispositivos contra incendios a la mano. De tal manera que cuando volvieron a quemar su carro alcanzó a sofocar el fuego y rescató íntegra la nota que le dejaron, misma que hacía referencia a la amenaza anterior.

“Mira pendejo, te avisamos que con la política no te metieras y la respetaras, no quisiste entender… Chingaste a tu madre wey…”, se lee.

Después de eso, y pensando en que la tercera agresión podría ser fatal, aceptó la cobertura que brinda el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Esta instancia, que depende directamente de la Secretaría de Gobernación y está actualmente a cargo de Aarón Mastache, ocupa los servicios de solo una empresa: RCU Sistemas, contratada sin licitación y que ha sido calificada como corrupta e ineficaz por organizaciones civiles y algunos beneficiarios. Julio aún no sabía nada de esto, pero estaba por comprobarlo.

Le proporcionaron cuatro escoltas, marinos retirados; un botón de pánico, para llamadas de urgencia; cámaras en su domicilio y hasta un coche con sistema de geolocalización. Nada de eso intimidó a sus agresores, quienes el 28 de marzo de 2017 fueron a matarlo.

Dos personas entraron a su cochera. Uno de ellos empezó a rociar uno de los dos carros con gasolina y el otro se ocultó en una esquina con un arma. El periodista estaba en la casa, de manera que si los delincuentes hubieran logrado prender fuego, él saldría a sofocar el incendio. Julio tiene la certeza de que terminarían con su vida en cuanto se asomara.

Los agresores no alcanzaron a ver cuando dos de los escoltas, que habían estado afuera, entraron a la casa. Estaban dentro de uno de los coches y al ver a los intrusos, uno de ellos hizo dos disparos de advertencia. Sorprendidos, los delincuentes salieron como pudieron y quien, instantes antes se había ocultado, abrió fuego en su huida. Llegaron a una camioneta de color blanco y escaparon.

Al salir, Julio se enteró que uno de los escoltas había sido herido por un disparo y usó el botón de pánico para pedir auxilio. Nadie contestó. Él mismo, ayudado por su esposa y los otros dos guardias, lo llevó al hospital. Hasta que llegó la Policía Federal, horas después, Julio pudo estar un poco más tranquilo pues temía que los agresores lo buscaran para terminar lo que no lograron en su casa. Al final se cobraron otra vida: el escolta Alfredo Cruz no sobrevivió.

“La pérdida de una persona, de alguien que te cuidaba, sí que duele. Fue difícil tomar la decisión de salir pero no me iba a esperar un cuarto ataque [que finalmente padeció, pero en la Ciudad de México y ya en condición de desplazado]”. Julio recuerda que fue a refugiarse a un destacamento de la Policía Federal, dando inicio así al desplazamiento forzado en el que ha vivido desde entonces.

A pesar de ello, no va a dejar de ser periodista, es de lo único que está seguro. Y cuando cree que no puede más recuerda la muerte de Alfredo Cruz el día en  iban por él y esa bala debía haber terminado con su vida. “El escolta cumplió con su trabajo, se rifó para que yo pudiera seguir viviendo. Por él tengo que seguir escribiendo, para que no sea en vano su muerte”.

Un trabajo que, sin embargo, ejerce con miedo. No es la excepción en el gremio: México es el país más inseguro para ejercer esta profesión. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), en lo que va de 2019 este país ha registrado 12 de 43 asesinatos a periodistas en el mundo. Más allá de las cifras, la violencia está dejando secuelas profundas en el gremio. Heridas mentales que no sanarán pronto.

“La mayor parte de mis pacientes durante los últimos años, por problemas de estrés postraumático, son periodistas. Los demás son víctimas del terremoto que perdieron casas o familiares. En este país, el periodismo sí es una profesión de alto riesgo”, advierte Benjamín Domínguez Trejo, psicólogo e investigador de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Nadie responde por los errores del Mecanismo

El auxilio oportuno no fue garantizado ni con el uso del botón de pánico. Julio no pudo contactarse con el Mecanismo hasta que llegó al hospital con el escolta herido. Aunque fallas de este tipo no son escasas, RCU Sistemas, representada por Israel González León, sigue siendo la única empresa que tiene en sus manos la seguridad de los más de 1 mil beneficiarios.

La organización Artículo 19 brinda acompañamiento a Julio ante el Mecanismo. El abogado Diego Martínez, que lleva éste y otros casos de agresiones a periodistas, comenta que el problema con los botones de pánico no se limita a su inutilidad en situaciones de emergencia, sino a que algunos usuarios han recibido amenazas a través de él.

“Los botones de asistencia funcionan con chip de telefonía Telcel, tal cual. Muchas veces les llaman allí para cobrarles tarjetas de crédito o deudas del anterior dueño del número. Si son números reciclados, también pueden ser una fuente de riesgo”, comenta.

Artículo 19, Propuesta Cívica y otras organizaciones agrupadas en el colectivo Espacio OSC han denunciado las fallas “estructurales” del Mecanismo en relación con el contrato con RCU Sistemas.

Diego Martínez opina que todas las pifias son imputables al Mecanismo, ya que es quien solicita y paga el servicio. Pero también menciona que RCU Sistemas carga con la responsabilidad de no atender las llamadas que han hecho periodistas y organizaciones para señalar las fallas de estos aparatos.

Como beneficiario, Julio también ha identificado otros vicios de la empresa. En materia económica, cree que RCU Sistemas lucra con los beneficiarios al optar por las vías más costosas de ofrecer el mismo servicio. “En mi caso, llevo 3 años con cámaras (que son rentadas y no compradas). Ya se hubieran sobrepagado hace muchísimo tiempo. Pero dejaría de ser negocio”.

También repara en que la energía eléctrica usada por el sistema de cámaras y la iluminación exterior es muy costosa y no está contemplado en el apoyo del Mecanismo. Comenta que algunos de sus colegas, que cobran 50 o 100 pesos por nota, tienen serias dificultades para pagar este servicio.

Sara Mendiola, directora de la organización Propuesta Cívica, comenta que los periodistas beneficiarios “tienen razón en señalar que hay mucha corrupción porque las medidas están privatizadas por una empresa que no ha prestado los servicios que debería. Hemos insistido muchísimo en que se fiscalice a esa empresa, cómo se han gastado esos recursos, porque son cantidades muy altas y muchas veces no son adecuadas ni funcionales para el riesgo de la persona”.

El futuro en manos de otros

Actualmente, el dinero también ha empezado a ser uno de los grandes problemas para Julio. Ser desplazado ha tenido impacto directo en su principal sustento: la labor periodística. Aunque el Mecanismo le brinda vivienda y una despensa, él también asume la responsabilidad de mantener a sus hijos a la distancia.

La abogada Sara Mendiola, experta en derechos humanos, explica que “una vez que los periodistas son desplazados e internados en otro lugar, no hay un plan por parte del gobierno para su retorno. Esto está generando una crisis gravísima porque, para empezar, implica que una gran mayoría pierda su trabajo porque los medios de comunicación no los apoyan”.

Diego Martínez, abogado de Artículo 19, coincide en que el empleo para un periodista refugiado tiene varias complicaciones. “Si estaba acostumbrado a hablar de lo que pasaba en Baja California Sur y lo traes a un lugar totalmente diferente, pues él ya no va a hablar de eso. Estas medidas generan censura: que no le des oportunidad de seguir haciendo lo que estaba haciendo es algo que el Mecanismo no considera como agresión, pero para nosotros sí lo es”.

Julio ha estado en varias entrevistas de trabajo en medios de comunicación capitalinos. Tras revisar su currículum le han dicho que tiene buena experiencia pero no lo pueden aceptar porque pondría en riesgo a los demás: “un foco rojo”. Algo similar argumentan sus amistades, asegura.

En opinión de Diego Martínez, las medidas del Mecanismo son un “paliativo” que dan lugar a otro tipo de problemas de carácter laboral, emocional y cultural. “Cuando vives un evento traumático, se recomienda que puedas retomar de a poco tus actividades de interacción con la sociedad. Pero muchas veces la recomendación del Mecanismo es no salir del refugio”.

Julio tampoco sale mucho porque no se siente seguro. Cuando lo hace, suele usar un chaleco que tiene bordado una bandera de México, su nombre y la palabra “REPORTERO”. Dice que es “por si llega a pasar algo”, para que no digan que fue un hecho aislado que nada tenía que ver con su actividad profesional.

Cuenta que sale muy poco con amigos y casi todos son, al igual que él, periodistas desplazados o agredidos. Reconoce que es muy inestable emocionalmente y le cuesta mucho empezar a relacionarse con cualquier persona, pero afirma que la mayoría argumenta que se aleja por miedo, porque la vida de un refugiado no es “normal”.

“De pasar un mal rato, prefiero estar solo”, comenta. Pero entonces recuerda que cuando llegan las crisis de ansiedad, lamenta mucho no tener compañía. Hace poco, la aceleración de su corazón era tan fuerte que él creía que iba a tener un paro cardiaco. Empapado de sudor llegó con el médico. Le recetó un medicamento para la presión arterial pero le dijo que no tenía de qué preocuparse: todo lo demás estaba perfectamente bien y había sido producto de la ansiedad. Julio no quería irse pronto, le preguntó al doctor si podía quedarse un rato en su consultorio.

“A veces vivir solo me da miedo. Digo: ¿quién se va a dar cuenta de que me dio algo, quien se va a dar cuenta de que me desmayé?”.

El psicólogo e investigador Benjamín Domínguez explica que las reacciones intensas de miedo no se quitan ni se borran fácilmente porque están grabadas en la memoria del cerebro. Como heridas que no sanarán pronto.

“¿Qué se puede hacer? Las personas pueden aprender a convivir con esas reacciones de miedo. Antes de intentar hacerlas a un lado, hay que entender que son señales de protección que nuestro propio cerebro nos manda. Hay que aprender a leerlas: me sudan las manos, se me seca la boca, siento que el corazón se me sale. Y cuando empiecen tengo que alejarme de la fuente de peligro o usar el distanciamiento mental. No es algo inalcanzable. A algunos les funciona más la música, a otros hacer ejercicio o reunirse con amigos”.

En su opinión, los tratamientos con fármacos para atender el estrés postraumático no resuelven el fondo del problema. Explica que las pastillas bloquean la reacción de miedo pero una vez que pasa el efecto, el miedo intenso regresa “en sueños, en sudoración, en palpitaciones…”

Julio Omar Gómez, aún con el temor de quitarse la vida, toma por grandes dosis los ansiolíticos que le recetaron en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Sabe que, al igual que el refugio en el que se oculta, son sólo un remedio artificial contra sus miedos, pero no ve otra opción: no tiene capacidad para decidir sobre su presente ni su futuro. No mientras la amenaza permanezca impune, explica.

—¿Qué significa para ti ver al futuro?

“Yo no puedo ver al futuro porque no tengo control de mi vida, porque dependo de las decisiones del Mecanismo. Si el Mecanismo hace una evaluación, como cada seis meses, y me dice que es inseguro el lugar en el que estás y te vamos a mandar a otro lugar, a otro Estado, ya no depende de mí, depende de ese cónclave que tiene las reuniones”.

Al no poder concretar proyectos para sí mismo, Julio se ocupa de garantizar el sustento para sus hijos en el presente más próximo. Como aún no cuenta con un empleo fijo, ha empezado a vender algunas de sus propiedades. “Quién sabe si mañana vas a estar Julio Omar. Mejor arregla tus cosas para dejar bien a tus hijos”, se dice él mismo.

Ciudad de México, ¿refugio?

Si Julio creía que la Ciudad de México era el mejor refugio contra las agresiones, una brutal golpiza le borró de la mente esa utopía. Hace más de dos meses, Julio se resistió a lo que parecía un intento de robo. Logró zafarse de un delincuente pero otros tres acudieron para derribarlo. No se llevaron ninguna de sus pertenencias pero lo golpearon hasta dejarle el rostro destrozado, con urgente necesidad de una cirugía.

“La violencia ya nos alcanzó”, comenta el fotoperiodista Cristopher Rangel durante una conferencia en la UNAM sobre cobertura y tratamiento periodístico de la violencia. En entrevista explica que la capital —por la densidad de población y porque alberga a la sede principal de los órganos de seguridad y justicia— parecía un buen lugar para esconderse. “Pero aquí mataron al fotógrafo Rubén Espinosa [el 31 de julio de 2015], entonces ya no es una ciudad de refugio”, advierte.

Como fotoperiodista que cubre temas de narcotráfico y crimen organizado, explica que ya no tienen que ir necesariamente a Guerrero o Veracruz, sino que realiza coberturas en Tepito, Tláhuac, Santo Domingo o Ciudad Universitaria.

Cuenta que aunque a la fecha no ha dejado de hacer una cobertura en Ciudad de México, sí ha dejado de firmar sus fotos. Como la vez en que llevó una cámara escondida a un punto de venta de drogas y armas. “(Esas medidas) son como unos candados que tú mismo haces. Porque vives aquí”, dice.

Sara Mendiola opina que en México ya no hay ningún Estado que pueda funcionar como un refugio para personas que vienen huyendo del riesgo que conlleva una amenaza. “Cada día crece el número de personas víctimas de un delito que viola sus derechos humanos. Y parece que las autoridades siguen omisas ante esta realidad. La solución no es un Mecanismo, una ley o el desplazamiento. La solución es un combate efectivo a la impunidad, a la corrupción y que se cree una política pública integral en materia de protección”.

Las circunstancias turbias del ataque propiciaron que el Mecanismo Federal no cubriera el costo de los tratamientos médicos de Julio ya que esta institución se limita a gestionar sobre agresiones que tienen que ver con labor periodística. Fue el Mecanismo de la Ciudad de México quien le apoyó con el trámite para recibir recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En la Feadle descansan las investigaciones impunes

Gran parte de las esperanzas para que Julio pueda recuperar su vida anterior, y vuelva a ejercer el periodismo en Baja California Sur, depende de las investigaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que para 2019 cuenta con un presupuesto de 12 mil millones 889 mil 904 pesos. Pero el índice de impunidad, o casos sin resolverse, es casi del 100 por ciento, comentan los especialistas.

Nataly Quintero, del equipo jurídico de Propuesta Cívica, explica en entrevista que la impunidad está relacionada con la duplicidad de investigaciones que realiza la Feadle tras atraer los casos relacionados con delitos de libertad de expresión. “Gastan recursos institucionales en salarios y viáticos pero, a veces, repiten las mismas diligencias que ya habían hecho las fiscalías locales sin ningún otro enfoque de especialización”.

La abogada, que acompaña otros casos de periodistas agredidos o asesinados, detalla que la Feadle tiene “malas prácticas” y, de entrada, se resiste a ejercer la facultad de atracción. “Recientemente ganamos un amparo porque no contestaron con prontitud la solicitud de atracción. Decían que estaban haciendo investigaciones para ver si atraía el caso y dejaron en incertidumbre a la persona”.

Nataly Quintero opina que la Feadle debe asumir los casos y, si derivado de la investigación resulta que no fue por la labor periodística, entonces puede declinar, pero no al revés. En la práctica, “ellos primero buscan elementos para no atraer y cuando se niegan no tienen los argumentos suficientes”, dice.

Julio comenta que a la fecha tiene cuatro expedientes sin resolverse en Feadle. No han encontrado huellas ni indicios, no saben quién fue, qué carro usaron… “no tienen ninguna línea de investigación”, lamenta.

“Desafortunadamente la Feadle, al primero que investiga es a uno para criminalizarlo. (Preguntaron) si tenía alguna novia extra, alguna otra mujer, y todos se van por ese lado. En lugar de investigar a otros actores, empiezan a investigar al periodista tratando de encontrar algún cabo suelto para deslindarse y decir que no fue por la labor periodística”.

En ese sentido, para Julio fue muy importante contar con las amenazas escritas que evidenciaban que se trataba de agresiones por haber publicado sobre cuestiones políticas. Pero reconoce que para otros no es tan sencillo: muchos no estudiaron la carrera o no tienen una credencial de un medio nacional, y no pueden acreditar, según los filtros de la Feadle, que son periodistas.

Cristopher Rangel, ex staff de El Universal, hoy es fotoperiodista freelance. En su opinión, trabajar para un medio nacional no te garantiza tener el respaldo de la empresa. Asegura que, en la práctica y tal como lo ha vivido en carne propia, el medio se desentiende para no cargar con problemas. En materia de seguridad, explica, no les brindan siquiera herramientas básicas como chalecos antibalas o teléfonos satelitales cuando realizan coberturas de alto riesgo.

Contra la viralización del miedo

¿El miedo se contagia? “Sí, pero la confianza también”, responde el psicólogo Benjamín Domínguez. Frente a un contexto de violencia extrema, explica que los mexicanos, entre ellos los periodistas, tienen una mayor capacidad para sobreponerse a las experiencias traumáticas.

Socializar y despejarse cada cierto tiempo es la clave para afrontar la adversidad. “Cuando iba a otros países y me decían que los mexicanos somos muy fiesteros, me ofendía. Ahora (después de 20 años de investigación en psicología), sabemos que hacer fiestas, dedicarnos al relajo, tener puentes, es culturalmente nuestro salvavidas. Sino ya nos hubiéramos ahogado”.

Cuando se da la agresión a un periodista, o incluso sucede su asesinato, parece que la censura derrota a la libertad de expresión. Porque, además de silenciar a una persona, expande el miedo en las redacciones y en todo el gremio a nivel nacional.

La resistencia del gremio periodístico en México, su sobrevivencia, puede entenderse a partir de la capacidad de resiliencia de una sociedad como la mexicana. De lo contrario, ¿cómo explicar que 9 de cada 10 periodistas en este país —de acuerdo al Informe sobre libertad de expresión 2019 del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)— conocen, al menos, un caso de agresión en el gremio local, y no dejan su oficio?

Si bien algunos han optado por callarse, otros persisten a pesar del riesgo, convencidos de la importancia de su labor. En el contexto actual, “la desinformación es un ingrediente más que contribuye a erosionar la confianza mutua. La gente ya no sabe en quién confiar. No confía en los policías ni en los sacerdotes. Pero algunos confiamos en los periodistas y esa es una ventaja”, comenta Benjamín Domínguez.

Julio es un periodista mal herido, destruido casi en todas sus facetas y desanimado con cada mes que pasa lejos de su familia. Pero a pesar de una historia de agresiones, continúa estudiando y preparándose para ejercer el oficio que eligió. Para cuando disminuya la amenaza, cuando las instituciones gubernamentales garanticen su seguridad integral, cuando se revierta la impunidad. ¿Cuándo?

Marcial Yangali

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