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México se abre paso en un cambio de régimen en el que el combate a la corrupción y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobres es la prioridad número uno. Se trata de imponer un modelo de capitalismo antineoliberal y redistributivo de la riqueza. Las inercias, resistencias y presiones externas son fuertes pero al parecer el gobierno mexicano se ha  abierto a respetar los derechos humanos y para ello se apoya en los las instancias internacionales de la Organización de las Nciones Unidas (ONU) y recupera los principios de autodeterminación de los pueblos, la resolución política de las controversias y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

No obstante, los organismos de derechos humanos no podemos confiarnos y dar un cheque en blanco al nuevo gobierno, puesto que debemos de reforzar nuestra vigilancia y nuestra acción propositiva, sobre todo porque en esta propuesta de cambio derégimen hay grandes inercias en los poderlos locales, municipales y en los múltiples agentes poderosos que violentan los derechos para obtener la máxima ganancia.

En este contexto es importante hablar de políticas públicas, así como de lo que debe ser la nueva política pública en relación con la tortura y la impunidad. Por ende, es necesario tomar decisiones salmónicas ya que el planteamiento tiene que ser radical e institucional. En esta propuesta se abre una posibilidad para todos de convertirse en garantes de justicia y en acompañantes de un proceso de transformación que se dirigirá en el sentido de que nosotros conduzcamos a través de la calidad de nuestras participaciones, así como del empuje que nosotros como sociedad estemos dando.

Es por ello que haremos una serie de propuestas en el rediseño de la política pública que hemos dado en llamar “Miscelánea Penal Restitutiva o Restaurativa” explicada de la siguiente manera:

  1. Impulsar una miscelánea penal restitutiva en la que tenemos que atacar y derogar de raíz una ley antídoto contra los derechos humanos llamada “Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, debido a que en esta ley su sistema de jurisprudencias especiales contienen elementos posibilitan que se violenten los derechos humanos sin salir de las normas.

Si derogamos la ley contra la delincuencia organizada no habría este delito ni sus leyes de exclusión, ya que el calificativo de delincuencia organizada en sí mismo es un delito, incluso un delito que no requiere la acción, sino solamente que la autoridad aluda la pretensión de asociarse para delinquir. Hay aberraciones jurídicas en las que las personas fueron absueltas del delito y les queda delincuencia organizada o cometen un ilícito pero al ponerle delincuencia organizada la pena se agrava de manera trascendental y además genera un marco de exclusión jurídica en la que hay un sistema de jurisprudencias que permiten prácticamente la cárcel clandestina, la tortura y la fabricación de delitos, esto debido a la protección de testigos. Este modelo de chantaje lo permite la ley federal contra la delincuencia organizada, el sistema de jurisprudencia lo permite.

Ese tipo de absurdos jurídicos tienen que abrogarse, es aquí donde pedimos trabajar de la mano con el Congreso para la abrogación de la ley federal contra la delincuencia organizada, ley antídoto que hace prevalecer la tortura, que hace prevalecer la fabricación de delitos y sobre todo también que nos hace un hoyo tremendo en el erario por todos los gastos que significa la aplicación de un modelo de justicia basado en eso.

A 20 años de distancia de la implementación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada como política pública nuestros resultados son extraordinariamente lamentables. Al terminar el sexenio de Peña Nieto con la cifra de uertos se acercaba a los 300 mil de esta guerra contra el narcotráfico y la delincuencia, que nos ha dejado luto y que nos ha dejado mucho dolor, miles de víctimas de tortura, miles de personas con la fabricación de delitos.

  1. Pugnamos porque la pena máxima que puede estar una persona en prisión sea de 20 años, ya que no puede una pena ir más allá del proyecto de vida. Ya con 20 años se dañó la vida útil y profesional de una persona, porque después de los 45 difícilmente pueden insertarse al mercado laboral.

  2. En este paquete de reformas que impulsamos como miscelánea penal restitutiva/restaurativa se plantea modificar el sistema penitenciario porque tampoco es posible que nosotros permitamos que en la prisión la gente esté en el ocio.

Las personas privadas de su libertad deberían de: 1) Compurgar las penas lo más cercano a sus familiares y lugar de origen; 2) hacer sus propios alimentos; 3) frabricar su propio mobiliario, uniformes. Las prisiones nos costarían lo menos posible. Además, no se brindan los beneficios de preliberación porque no hay los brazaletes.

  1. Por otro lado está el paquete individualizado para que aquellas personas víctimas de persecución política; que los presos políticos o de conciencia tengan su tratamiento. Todas aquellas personas fabricadas de delitos fabricados tienen también su forma de tratamiento y para todas aquellas personas injustamente presas y sus familias podamos tener mejores condiciones y se evite el autogobierno, la corrupción dentro de los penales, secuestros, abusos dentro de los centros penitenciarios que nada nos ayuda a resolver el problema de la seguridad, el problema de la justicia y se evite también la estigmatización de las personas. Si modificamos esa ley, el catálogo de penas y sanciones no daríamos impunidad porque quien cometió el delito pues se le aplica la pena pero de una manera justa.

Desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) les mandamos un abrazo y nuestra decisión de trabajar junto con ustedes. Saludamos este esfuerzo y pedimos que nuestra Federación vaya a un buen puerto y sigamos en la ofensiva por los derechos humanos. #OurRightsOurFight.

Adrián Ramírez**

*Participación de la Limeddh en el Congreso de la Federación Internaaiconal por los Derechos Humanos en Tai Pei, China

*Presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de Derechos Humanos

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