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La falta de acceso al agua potable es un factor determinante del consumo de bebidas azucaradas y refrescos en México, advirtió Cinthya González Téllez Girón, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia.

Agregó que, en el caso de los infantes, el Programa de Bebederos Escolares, que tenía como meta la instalación de 40 mil bebederos en planteles de educación básica de todo el país, no alcanzó ni el 10 por ciento de la meta, como documentó la Auditoría Superior de la Federación.

Al participar en la presentación de la Recomendación General 39/2019 –junto con Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– González Téllez Girón criticó que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, en nombre de la Secretaría de Salud, sea permisivo al otorgar el distintivo nutrimental a alimentos y bebidas que cumplen con algunos criterios nutrimentales.

“En México, un cereal que tiene hasta 30 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto puede obtener el distintivo nutrimental; e incluso a veces se avala por asociaciones médicas, mientras que en Dinamarca sólo puede obtenerlo si contiene 13 gramos de azúcares por 100 gramos de producto”, indicó.

Eslava Pérez y González Téllez Girón puntualizaron la necesidad de impulsar la suscripción de convenios de colaboración que permitan la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales para la atención de los problemas de sobrepeso y obesidad infantil; desarrollar la normatividad adecuada para establecer que los criterios nutrimentales se ajusten a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud; establecer un impuesto de 20 por ciento al consumo e importación a las bebidas de alto contenido energético o que contienen azúcares añadidos, así como elaborar una iniciativa de Ley General y Leyes Locales en materia de nutrición y alimentación de niñas, niños y adolescentes reglamentaria del Artículo 4 constitucional.

Ello, porque en el país el 35 por ciento de los adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años presentan sobrepeso y obesidad, según alertó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

En ese contexto, con la Recomendación General 39/2019, la CNDH exhortó a  los titulares de las Secretarías de Salud, Gobernación, Educación Pública, Bienestar, Economía y de Hacienda y Crédito Público, Comisión Federal  para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional, Estatales y Municipales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y a los integrantes del Congreso de la Unión y de las legislaturas de las 32 entidades federativas, atender este creciente problema de salud.

Desde 2017, la OCDE indicó que el sobrepeso y la obesidad en México se han incrementado progresivamente, al grado que representan la segunda tasa de prevalencia más alta entre los países integrantes de ese organismo en personas de 15 años en adelante.

“El sobrepeso y la obesidad son problemas de salud que se vinculan no sólo con los hábitos de vida y responsabilidad de las personas, sino también a situaciones estructurales que pueden condicionar, limitar e incluso anular el ejercicio de los derechos humanos”, expresó Cinthya González.

Por su parte, Eslava Pérez observó que existe una falta de integralidad en el diseño y la ejecución de los programas y planes que permitan abordar el problema con una perspectiva sistémica, que considere todos los elementos que inciden en la prevalencia del sobrepeso y obesidad.

El visitador recordó que el 18 de septiembre pasado, la CNDH envió a la Cámara de Diputados un documento con diversas consideraciones sobre la importancia de la aprobación del etiquetado frontal de alimentos, y fue el 1 de octubre cuando la Cámara aprobó el etiquetado frontal. Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis y en espera de aprobación en el Senado.

Viridiana García