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No sería la primera vez que la autoridad libera a un narcotraficante debido a la violencia generada por grupos de sicarios como consecuencia de su detención. De acuerdo con Silvia Otero, esto sucedió durante la administración de Felipe Calderón, en 2012, según dio a conocer en el reportaje “Semar detiene al Mencho y gobernador de AN [Acción Nacional] lo soltó”, publiado en 2015. En el texto señala que por algunas horas integrantes de la Marina retuvieron a Nemesio Oseguera, el Mencho, en Zapopan, Jalisco. La violencia que su grupo armado generó hizo que las autoridades, presumiblemente, lo liberaran. Entonces vimos a través de las redes y la televisión situaciones similares a las que sucedieron el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa. Y aunque los hechos no se confirmaron por la autoridad, tampoco fueron desmentidos. De acuerdo con lo anterior Ovidio Guzmán López no sería el primero que en este sentido doblega al Estado mexicano.

De lo sucedido en Culiacán podemos criticar el operativo que implementó el sector militar de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no podemos decir que interrumpirlo y liberar a Guzmán López, hijo de el otrora líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, haya sido incorrecto, pues preservar la vida de la gente ante el poderío armamentístico y la superioridad numérica de los sicarios no se debe cuestionar. Sin duda la inminente masacre que desataría el cártel si no se liberaba a Ovidio canceló toda capacidad de reacción del gobierno y, como dijo el presidente: “no puede valer más la  captura de un delincuente que las vidas de las personas”.

Varias situaciones se evidencian y otras ponen en duda el fracasado operativo. Entre éstas tenemos que el mensaje de esta administración es que la protección de la que gozó el Cártel de Sinaloa por parte de los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto está dando un giro, a pesar de la captura del Chapo, tras la cual no se dio una reacción violenta. Esto último puede indicar alguno de dos escenarios: que su captura fue pactada o que su organización no estaba coordinada y capacitada para reaccionar como lo hicieron en Culiacán. Lo anterior, aunado a la cantidad y la calidad del armamento que demostraron en el sitio de Culiacán, apoya las hipótesis de expertos como Edgardo Buscaglia y Anabel Hernández, quienes señalan que tras la captura del Chapo el Cártel de Sinaloa no fue disminuido económicamente. En estos días se ha revelado que en la recta final del gobierno de Peña Nieto se descongelaron centenares de cuentas bancarias, muchas de estas relacionadas al cártel, con lo que la administración priísta devolvió recursos económicos a la organización del Pacífico.

Las Fuerzas Armadas actuaron de una manera por demás deficiente, pues no pueden pretender enfrentar a una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo con 40 militares. El fallido operativo es una señal contradictoria, pues desde que López Obrador era candidato presidencial hemos escuchado que la estrategia en el combate a los narcotraficantes iba a cambiar; e intentar la captura de uno de sus líderes es atacarlos de frente; y surge la pregunta: ¿de haber capturado a Ovidio en una operación impecable qué se hubiera ganado, cuando la captura de su padre no mermó la operatividad de su organización? El presidente debe explicar a la nación el propósito del fallido operativo como parte de su estrategia, si es que fue parte de ésta; de lo contrario hay una falta de coordinación monumental de los cuerpos militares y una ruptura en la jerarquía de mandos. Lo anterior nos lleva al problema principal: ¿por qué armar un operativo que tuvo tantas implicaciones negativas? Y esto deriva en la suposición de que el gobierno no sabe lo que está haciendo.  Si el operativo fue implementado sin el conocimiento de los mandos militares más altos, por ende sin la aprobación de López Obrador, también debemos saberlo y es indispensable una profunda investigación al respecto por parte de la Fiscalía General de la República.

El accionar del cártel fue complejo y eficiente, mostraron su poderío armamentístico y la gran cantidad de gente que trabaja para ellos. En este sentido surgen más preguntas: ¿Cuál es el papel del gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel?, ¿qué ha hecho ante la presencia del cártel y la introducción a la entidad de armamento pesado?, ¿para qué se reunió con personal de la DEA (Drug Enforcement Administration) en septiembre pasado? y ¿cómo gobierna una entidad que es dominada por otras fuerzas?

El combate a las mafias no se debe librar en el campo y sí como lo ha planteado López Obrador: mediante el desmantelamiento de las redes de corrupción y sobre todo en el ámbito financiero. Lo que desgraciadamente va a traer más eventos violentos, pues los grupos armados no van a ver tranquilamente como el gobierno los va acotando en lo económico. Lo anterior deriva en una gran incertidumbre: ¿El gobierno esta preparado para luchar en todos los frentes necesarios? Desde la toma de posesión, la violencia ha sido su talón de Aquiles; y si no da resultados en su contención en un lapso aproximado de 2 años, garantizando la seguridad ciudadana, el gobierno no logrará concretar la tan anunciada transformación de México.

La oposición política y los ciudadanos que se soslayan en la garrafal falla del gobierno y hablan de la claudicación del Estado, pidiendo un combate frontal contra los carteles, no han entendido que la estrategia de combatir con las armas a los grupos criminales no ha funcionado y no lo hará, pero eso no es lo más preocupante. Lo es que el gobierno demuestre no haber entendido su propia estrategia, si es que la tiene, esa que requiere enfrentar los acontecimientos criminales en el día a día; y no me refiero a la que ha implementado a largo plazo mediante el rescate social, educativo y económico de los más desprotegidos, aunada al combate de la corrupción. Mientras se ven los resultados de la estrategia a largo plazo, el gobierno debe redefinir su estrategia de seguridad en campo, pues estamos en un momento coyuntural en el que puede darse un empoderamiento aún mayor de los grupos criminales. López Obrador no debe seguir arguyendo que las pasadas administraciones colaboraron con las mafias mexicanas, aunque así haya sido. Ya es tiempo de que con hechos demuestre su capacidad y la de quienes seleccionó para integrar su gabinete de seguridad.

Roberto Galindo*

*Escritor; maestro en apreciación y creación literaria; arqueólogo y diseñador gráfico. Cursa el doctorado de novela en Casa Lamm

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