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A partir de enero de 2020, quien “expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados” podría alcanzar una pena de 8 años de prisión, misma que podría ser mayor si el acusado es un servidor público.

Los cambios legislativos fueron aprobados ya por el Senado de la República y se incluyen en el dictamen con proyecto de Decreto elaborado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia, y de Estudios Legislativos. Éstos establecen que el delito de defraudación fiscal se tipifica como delincuencia organizada.

Datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) indican que el 60 por ciento de las empresas identificadas como facturadoras de operaciones simuladas se concentran en nueve estados de la República, y que los de mayor incidencia son: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Para la senadora Nuvia Mayorga Delgado –secretaria de la Comisión de Hacienda–, es necesario “recuperar para el erario público los 1.6 billones de pesos que se pierden por el uso de facturas falsas”.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados clasificó las acciones gubernamentales contra la evasión fiscal en dos ramas: acciones preventivas (educación fiscal, implementación del CFDI, auditorias, declaraciones anuales); y acciones punitivas. “La primera, se basa en establecer diversos candados que dificulten y desincentiven la evasión previa a la realización de la acción; mientras que las segundas, son acciones de sanción, que están reguladas por el código fiscal de la federación”.

Viridiana García