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Por años, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha servido a intereses de una minoría a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama los saqueadores de México. Se trata de corporativos –incluidos grandes multinacionales–, empresarios y políticos, como el expresidente Vicente Fox, quien adeuda al fisco 15 millones de pesos por honorarios asimilados a salarios.

Ese puñado de grandes contribuyentes –nacionales y extranjeros– han sido beneficiados indebidamente con devoluciones de impuestos multimillonarias y cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales también por varios millones de pesos, como se demostró recientemente con las revelaciones que consiguió la organización Fundar, tras 4 años de litigio para abrir parcialmente los datos que nunca debieron ser reservados por la autoridad hacendaria.

A estos contribuyentes, que son los que deberían pagar más impuestos por sus niveles exorbitantes de ingresos, es a los que además se les permite el uso de fundaciones y asociaciones civiles para eludir sus contribuciones fiscales, pues hacen “altruismo” para supuestamente “compensar” todo lo que esquilman a los mexicanos. Lo que en realidad nunca pasa, pues lo que se requiere es una distribución real y justa de la riqueza, no limosnas que además deducen al fisco.

En estos años, el SAT –que encabeza Margarita Ríos Farjat– por lo menos ha sido negligente, si no es que hasta cómplice de los grandes contribuyentes. Así se evidencia en la auditoría 09/2019 de la Secretaría de la Función Pública –a cargo de Irma Eréndira Sandoval–, apenas concluida el 6 de mayo pasado.

En ésta se señala puntualmente que el órgano desconcentrado de Hacienda incurre en “falta de acciones para garantizar el interés fiscal, toda vez que en créditos fiscales que cuentan con medios de defensa no se ofreció la garantía y las administraciones desconcentradas no han realizado acciones para garantizar el interés fiscal”.

El tema es muy relevante, porque tan sólo en dos Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) –la 2 y la 4 ubicadas en la Ciudad de México– se dejaron de garantizar créditos por un total de 10 mil 872 millones 569 mil 987 pesos.

El Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control presentó con detalle esas observaciones, y fueron aceptadas por el SAT con el compromiso de corregir en 2 meses esta situación irregular en todas sus ADR, por lo que el monto no garantizado podría ser realmente escandaloso. Para el 8 de julio de este 2019 se debieron presentar los avances al respecto, según el informe final. Esperemos que así sea por el bien de la nación.

En su apartado de observaciones, la auditoría 09/2019 agrega que “la Administración General de Recaudación informó que, al 31 de enero de 2019, contaba en su cartera de créditos fiscales a nivel nacional con 22 mil 846 resoluciones de créditos fiscales con medios de defensa”. De éstos, 13 mil 792 presentaban registro del juicio de nulidad; 7 mil 644, recurso de revocación; 1 mil 289, juicio de amparo indirecto; 100, juicio de nulidad de resolución exclusiva de fondo; y 21, recurso de revocación exclusivo de fondo.

Por ello, a través de las unidades administrativas competentes, la Administración General de Recaudación se comprometió a instrumentar “acciones para que los contribuyentes garanticen o bien se realicen acciones de cobro, según corresponda, de los casos citados; así como formular un plan de trabajo para contar con la garantía de los 8 mil 416 créditos fiscales controvertidos no garantizados, remitiendo la evidencia documental de ello”.

De acuerdo con la auditoría de la Función Pública, “existen 15 mil 81 expedientes de créditos fiscales con medio de defensa interpuesto y con obligación de garantizar el interés fiscal”: 13 mil 792 con registro de juicio de nulidad, y 1 mil 289 con registro de juicio de amparo indirecto.

La Administración Central de Cobro Coactivo informó al Órgano Interno de Control que de esas 15 mil 81 resoluciones de créditos fiscales que se encuentran controvertidas a nivel nacional, 1 mil 134 –que representan el 7.52 por ciento– se encuentran garantizados, en tanto que los restantes 13 mil 947 –que representan el 92.48 por ciento– no lo están.

“De éstos, 2 mil 725 se encuentran resueltos, pero no se tiene el sentido de la resolución, y 2 mil 806 presentan suspensión; por lo que restarían 8 mil 416 a los que no se han realizado acciones de ejecución y se encuentran pendientes de sentencia.

“Para verificar si las Administraciones Desconcentradas de Recaudación realizan los procedimientos señalados en la normatividad para obtener la garantía del interés fiscal, se seleccionaron las ADR del DF [Ciudad de México] 2 y 4, en las que se encontró lo siguiente:

“Que en las citadas ADR se encuentran los siguientes créditos fiscales controvertidos, que presentan medio de defensa y no están garantizados, ni se han realizado acciones de cobro como lo establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación:

El problema podría ser aún peor. La auditoría agrega que, “respecto al grado de cumplimiento de expedientes controvertidos que se encuentran garantizados, se solicitó una muestra aleatoria de 87 expedientes de resoluciones de créditos fiscales, de los cuales se determinó que 31 no se encuentran garantizados, los cuales representan un 36 por ciento”.

El Órgano Interno de Control apunta que del análisis se determinó que esos 31 expedientes de resoluciones de créditos fiscales que se encuentran controvertidos “no se realizaron acciones para obtener la garantía del interés fiscal, y se omitió ejercer la facultad conferida en la autoridad en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, cuyo primer párrafo constriñe a exigir el pago del crédito fiscal mediante el procedimiento administrativo de ejecución, respecto de los créditos controvertidos señalados”.

Otra observación grave se refiere al inicio del procedimiento: “dentro del Módulo de Garantías de las Estrategias de Operación Recaudatoria se encuentra el anexo 45, denominado “Diligencia de requerimiento de pago por falta de garantía” para que las ADR procedan a requerir el pago por falta de garantía, una vez que se tiene conocimiento de que el contribuyente interpuso un medio de defensa (juicio de nulidad o juicio de amparo indirecto). De lo anterior, se concluye que las unidades administrativas revisadas, al no realizar acciones oportunas para la obtención de la garantía del interés fiscal, una vez que tienen conocimiento de la interposición de la demanda de nulidad, corren el riesgo de no recuperar los montos determinados en el caso de que la resolución o sentencia de los medios de defensa sean favorables a la autoridad fiscal”. Así las negligencias del SAT en pleno gobierno de López Obrador.

Nancy Flores

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