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La violencia –estridente o silenciosa– ha provocado una diáspora en Centroamérica y México de proporciones históricas. Las familias huyen de la pobreza y de las balas por decenas de miles. En este éxodo suman cientos de miles los menores de edad: niñas y niños con futuro cancelado en sus lugares de origen.

Muchas de las familias que salen de sus pueblos ya ni siquiera buscan llegar a Estados Unidos. Sólo quieren evitar una muerte que parece inminente. Por ello, a veces creen ponerse a salvo con cambiar su lugar de residencia, llegar a otro sitio, aunque las condiciones sociales y económicas que encuentran sean casi las mismas de los lugares que salieron: de vulnerabilidad y explotación.

El informe Migración y desarrollo sostenible: la centralidad de los derechos humanos –una serie de textos compilados por Leandro Reboiras y publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hace una semana– documenta que las solicitudes de asilo se han incrementado entre los países de la región centroamericana, sobre todo en México, Panamá, Nicaragua y Costa Rica.

En el documento se advierte que lo que viven México y Centroamérica es “una crisis migratoria con connotaciones humanitarias que impacta la vida de niñas, niños y adolescentes, y no una situación de crisis de seguridad nacional, por lo que los enfoques de protección tienen que incluir el principio pro persona y el interés superior de la niñez, y no de securitización y endurecimiento de las políticas migratorias”.

De este modo, señala, los países de esta región deben evolucionar sus políticas migratorias hacia una perspectiva de derechos humanos sobre la visión securitaria.

Al parecer, el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador comenzaba a dar tímidos pasos en ese sentido cuando de un manotazo el gobierno de Donald Trump hizo no sólo detener sino retroceder el camino trazado. Vaya que para México es, hoy por hoy, un asunto de seguridad nacional que hasta la flamante Guardia Nacional es la encargada de contener el flujo migratorio.

Destacar que son niños y niñas cientos de miles de los migrantes debería motivar la instrumentación de políticas humanitarias al respecto. Pero hasta la fecha se mantiene la denominación homogénea de “menores extranjeros” y sólo se identifica a aquellos “no acompañados y sin protección”. Los términos no alcanzan a reflejar la gravedad de estos casos.

¿Cuál es la situación de estos menores migrantes en tránsito o asentados en algún lugar de la región? Sólo puede ser alguna de las siguientes: viviendo por sus propios medios; como víctimas de trata o explotación por parte de personas adultas, o menores acogidos informalmente por compatriotas o conocidos.

¿Qué lleva a un niño, a una niña, a migrar sin acompañamiento de sus seres queridos? ¿Qué lo empuja a correr riesgos, pasar hambre y someterse a la incertidumbre de buscar un lugar donde pasar la noche diariamente?

Dentro de las principales causas que señala el documento se encuentran: reencontrarse con su familia en el lugar de destino; buscar oportunidades laborales y educativas; urgencia de escapar de situaciones de abandono familiar o de violencia social o institucional.

Es momento que sociedades y gobiernos miren con otros ojos la migración. En la Frontera Sur de México, de acuerdo con el informe, los niños migrantes se encuentran: 1) dedicados al trabajo del hogar, servicios, venta ambulante y asociados a la problemática de explotación sexual; trabajando como mano de obra barata de sectores informales y precarios del mercado laboral; 3) en situación de abuso, maltrato, violencia intrafamiliar y abandono.

Mientras todo esto ocurre, el estudio encuentra que las autoridades de México y Guatemala no cuentan con una perspectiva de niñez en la política migratoria; las legislaciones respectivas están desfasadas y son inadecuadas para las características de la migración en esa zona; se padece de una discrecionalidad administrativa y falta de coordinación entre organismos públicos; priva la obstaculización en el acceso a la información; no hay mecanismos nacionales y bilaterales que aseguren el interés superior del niño; los procedimientos de detención y repatriación carecen de garantías básicas de debido proceso; está generalizados los abusos y las extorsiones contra los migrantes, y crece de manera sostenida la trata de niños con fines de explotación laboral y sexual.

El documento advierte que particularmente “la política migratoria en México esta? caracterizada por una serie de contradicciones o ambivalencias entre aspectos positivos y negativos, en términos de reconocimiento normativo y ejercicio efectivo de derechos”.

Basta ya del doble discurso y de los eufemismos para referirse a la contención de los migrantes a toda costa. Estamos ante una crisis humanitaria. Sociedades y gobiernos deben decidir actuar solidariamente o comportarse como verdugos. La migración es uno de los fenómenos con más vigor del presente siglo. No acabará en meses ni años. Es momento de asumir una nueva realidad.

Zósimo Camacho

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