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Mañana 16 de octubre a las 11:00 horas están citados los secretarios generales de las 36 secciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) a reunión, en la que se espera que voten la destitución del cuestionado líder y político priísta Carlos Romero Deschamps.

Fuentes cercanas al Sindicato refieren que el aún dirigente debería presentarse a la sesión, pero muy probablemente no acudirá por el temor de ser detenido luego de que sea defenestrado. No obstante, para evitar que se dé a la fuga, autoridades ya montan guardias permanentes que dan seguimiento a toda su actividad, refieren las fuentes consultadas por Contralínea.

Y es que la Unidad de Inteligencia Financiera ya turnó a la Fiscalía General de la República el amplío expediente contra Romero Deschamps y sus familiares, donde se comprueba el manejo de cuentas millonarias en México y el extranjero que no se ajustan al nivel de sus ingresos formales.

Hay que recordar que el aún líder sindical fue uno de los invitados a la boda de la hija de Juan Collado, abogado de la familia Salinas de Gortari y del expresidente Enrique Peña Nieto y accionista de Caja Libertad que se encuentra encarcelado en el Reclusorio Norte. Fuentes cercanas a Palacio Nacional dijeron a Contralínea que ese festejo causó gran malestar en la Presidencia, por el nivel de impunidad que intentaron mostrar los políticos, empresarios y ministros ahí reunidos.

La historia de corrupción del petrolero

Por años, Romero Deschamps ha librado la cárcel a pesar de las evidencias que se han tenido sobre presuntos actos de corrupción en los que habría participado, y que han dañado las finanzas de la principal empresa del Estado mexicano: Pemex.

Por ejemplo, en el gobierno de Vicente Fox, la Contraloría federal documentó diversas irregularidades por el caso Proesa, que involucraba un manejo irregular por unos 800 millones de dólares. El caso llegó a tal nivel de tensión que Romero Deschamps y su tesorero, Ricardo Aldana Prieto, huyeron a Cuba. No obstante, por diversos desmanes que hicieron en la isla, el gobierno de Fidel Castro los devolvió a México.

Pese a que se esperaba que al aterrizar fueran detenidos y consignados a las autoridades, por órdenes de Fox no se actuó en su contra, narran a Contralínea fuentes cercanas a esas investigaciones.

Otra cuenta pendiente –que el director de este semanario, Miguel Badillo, reveló el 10 de septiembre 2001 en el diario El Universal– fue el llamado Pemexgate: un desvío de 1 mil 500 millones de pesos de las arcas de Pemex a la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa. La triangulación de los recursos fue posible gracias a la participación activa del Sindicato y su dirigente Romero Deschamps (expediente 55/FEPADE/02, en el que se le señaló como probable responsable de los delitos de peculado y fraude electoral).

Gobierno de AMLO aprieta

Este día, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que “en este caso [el de Romero Deschamps] hay denuncias presentadas ante la Fiscalía. Recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso, y hay denuncias en la Fiscalía General. Si él toma la decisión de dejar el Sindicato para atender estos asuntos está en su derecho. Nosotros no nos vamos a meter –eso también es un cambio importante– a poner al sustituto, eso lo tienen que resolver en el Sindicato”.

En su conferencia de prensa de esta mañana, el mandatario añadió que “él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas, sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan, en el caso de que él sea responsable de algún delito, pero él va a resolver este asunto. No vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro dirigente, no nos corresponde: esto es un asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores y de conformidad con la ley, los estatutos que existen en el caso del sindicato petrolero”.

López Obrador respondió ante los cuestionamientos de que si se buscará meter a la cárcel al político priísta que, como gobierno, “no podemos actuar de esa manera, no es una negociación. Si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el ministro [Eduardo] Medina Mora, igual, hay denuncias: ellos ven en la Fiscalía si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez. Yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato tiene esa responsabilidad –o un servidor público–, lo mejor es no involucrar las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva. Y que nosotros no estemos imponiendo, o sea, a quién va a quedar, hay ahora afortunadamente un nuevo marco legal en lo laboral que establece procedimientos democráticos en la elección de dirigentes, el que haya voto libre, secreto, directo de los trabajadores para elegir a sus representantes. Entonces, vamos a esperar qué sucede sobre este caso”.