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Los pueblos indígenas no tienen nada que celebrar este 12 de octubre, Día de la Raza. Las amenazas a su cultura y a su cosmovisión son cada vez mayores. Provienen, sobre todo, de los megaproyectos promovidos por el gobierno y las empresas, así como de la militarización del país; pero también del racismo que impera en la sociedad

A más de 500 años del descubrimiento de América, los pueblos indígenas se siguen desenvolviendo en un contexto de violencia, discriminación y violación a sus derechos humanos. El problema, señalan expertos, es que aún no existe legislación que los proteja y tampoco voluntad para reconocerlos como sujetos políticos con derechos colectivos específicos que salvaguardan su forma de vida y organización.

La antropóloga y doctora en ciencias sociales Alicia Castellanos Guerrero explica a Contralínea que los pueblos originarios se encuentran en un momento “crítico” porque están amenazados por diversos megaproyectos “que atentan contra la continuidad y vida de éstos”, como el Proyecto Integral Morelos, el Tren Maya y el corredor Transístmico; así como por obras carreteras, desarrollos mineros, eólicos y un “sin número de proyectos de carácter extractivista”.

En los destinos turísticos, agrega, hay más desigualdad: “empleos, sí, pero precarios. Hay violencia, procesos racistas y xenofóbicos, de exclusión, principalmente en Cancún y Oaxaca”.

La especialista añade que los pueblos también están pasando por un “proceso de militarización en sus territorios”. Por ello, explica, es preocupante “cuando uno los escucha describir qué es lo que está pasando en sus comunidades” con la llegada de las Fuerzas Armadas.

Al respecto, ejemplifica con la Asamblea de los Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio que se realizó en el Istmo de Tehuantepec: ahí denunciaron que ellos están viviendo la presencia de la fuerza como una forma de presión para que se garantice que tendrá lugar la construcción del corredor industrial en el Istmo, que promueven el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la iniciativa privada.

Sin embargo, están decididos a defender sus tierras y territorios porque consideran que muchos pueblos y comunidades podrían desaparecer “como en otros tiempos en la historia”. Para la doctora en ciencias sociales, es claro que hay “un proceso de eliminación y prácticas genocidas”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y del Atlas de los pueblos indígenas, en México existen 25 millones de personas que se reconocen como tales. De éstos, 7 millones 382 mil son hablantes de alguna de las 69 lenguas indígenas que aún perviven en el territorio nacional.

Las estadísticas oficiales indican que hay 70 pueblos indígenas distribuidos en 29 de las 32 entidades de la República Mexicana. El estado que más pueblos indígenas tiene es Oaxaca, con 16; le sigue Chiapas, con 14; mientras que el tercer lugar lo ocupan Veracruz y Campeche, con 11 cada uno.

Sin voz ni voto

En la historia de México, los pueblos originarios han visto esquilmados constantemente sus derechos. Daniela Gleizer Salzman, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, subraya que aunque muchas comunidades indígenas se han pronunciado en contra de los megaproyectos, no se ha respetado su opinión ni su derecho a la consulta previa, libre e informada.

Ello, a pesar de que en el apartado A, fracción V del Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas […] a la autonomía para conservar, mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución”.

Además, el apartado B del mismo Artículo señala que “la federación, los estados y los municipios […] establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas, eliminar cualquier práctica discriminatoria y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.

Nancy Dávila Fisman, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en derecho, considera que la consulta a los pueblos originarios es un tema central: en la mayoría de las ocasiones se deja de lado y eso provoca que haya “violaciones directas a los derechos humanos de los pueblos”.

A pesar de que existen algunos instrumentos, como la Declaración de los Pueblos Indígenas y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la académica considera necesaria la creación de reglamentaciones adecuadas que aseguren la protección de sus derechos.

“Hace falta que exista una regulación del artículo segundo constitucional. Estamos muy rebasados porque hay cuestiones que se establecieron en la Constitución de 1917 y no existe una ley indígena”, afirma.

También explica a Contralínea que se debe reconocer a los indígenas como sujetos de derecho colectivo con “presencia política, ya que son grupos organizados que no necesitan tutela y pueden defender sus derechos colectivos, y no sólo como sujetos de políticas públicas, aunque también están olvidados en ese sentido”.

Por su parte, el abogado y especialista en investigación ambiental, Juan Ramón García, observa que la legislación mexicana es carente en todos los aspectos que tengan que ver con pueblos indígenas.

La promesa de AMLO

Como candidato a la Presidencia, López Obrador prometió visibilizar a los pueblos originarios mediante la creación de políticas públicas. Sin embargo, Juan Ramón García opina que en lo que va del gobierno el único cambio que observa es en la parte discursiva.

Lo que hacen “los políticos es que cada 3 o 6 años los toman como un recurso para hacer política, para verse incluyentes, y cuando pasan las votaciones no cumplen. Únicamente los van utilizando”.

La doctora Alicia Castellanos tampoco observa cambios de fondo: hay continuidad “en los asuntos que conciernen a los pueblos originarios, como los megaproyectos que se renuevan y se intentan incluso introducir nuevos proyectos que puedan atentar contra la vida de éstos y amenazar su continuidad”.

Al indígena se le toma de “estampa anual”, no se le trata como sujeto político, señala la profesora Nancy Dávila. En general, las anteriores administraciones buscado eliminar y abusar como de estos colectivos”.

Y es que visibilizar a los pueblos originarios no basta. Joel Vargas Domínguez, doctor en filosofía de la ciencia e historiador de la ciencia de los alimentos, pone en duda que el actual gobierno tenga las habilidades para resolver los problemas de las comunidades; no obstante, indica: “por lo menos los está haciendo más visibles simbólicamente”.

¿Deuda histórica o compromiso?

Para la académica Alicia Castellanos, más que una deuda hacia los pueblos originarios, los mexicanos “tenemos un compromiso como ciudadanos y hermanos, en el sentido de alzar la voz para impedir que se continúe afectando y despojando sus tierras y territorios”.

En ese contexto, dice, hay que luchar contra el racismo que les afecta más a ellos en muchos contextos de su vida cotidiana. “Ésta es la realidad que están viviendo los pueblos originarios, es la realidad que está viviendo México en este siglo XXI”.

Desde el punto de vista del historiador Joel Vargas Domínguez, es necesario reconocer y respetar que son sujetos con una cultura e identidad distinta y por esa razón no se les deben imponer proyectos desarrollistas que atenten contra su forma de vivir y pensar.

Pero no sólo eso. Nancy Dávila indica que es necesario reparar “todas aquellas afectaciones que se produjeron por cuestiones de modernización”, como los despojos y las violaciones a derechos humanos.

Finalmente el historiador Joel Vargas observa que este 12 de octubre, Día de la Raza, no es una fecha para celebrar: “es la conmemoración de un encuentro que fue difícil y que causó una serie de consecuencias muy complicadas y complejas y que no necesariamente fueron positivas para los pueblos de América”.

Aseneth Hernández/Viridiana García

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