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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó condiciones de violencia, inseguridad, situaciones de riesgo constante y falta de protección en el municipio de Aldama, Chiapas, contra las comunidades indígenas ubicadas en Xuxchen, Cocó, Tabak, Cotzilnam, Yetón, Chivit, Tzelejpotobtik que colindan con el municipio de Chenalhó.

Ello debido a que a partir de 2015, los municipios de Aldama y de Chenalhó se disputan la titularidad de 60 hectáreas. Por eso dirigió la recomendación 71/2019 al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en la que le solicita evaluar, diseñar e implementar de forma urgente trabajos para lograr un diálogo y conciliación entre las partes en conflicto.

El organismo nacional declaró que esta situación ha dado lugar a la pérdida de la vida de una persona de la comunidad de Tabak, a que otras más hayan sufrido lesiones y al desplazamiento de varias familias de comunidades colindantes para refugiarse en zonas de las montañas, cuevas y sembradíos, ante las amenazas.

Para la CNDH, en la zona persiste una “amenaza inminente contra las comunidades indígenas del municipio de Aldama que colindan con el municipio de Chenalhó, al permanecer bajo constantes ataques con armas de fuego”. Además, reportó que se tiene conocimiento de que, debido a la situación de violencia e inseguridad, los niños no reciben clases, los servicios de salud son insuficientes y el alimento que se les proporciona es escaso.

La Comisión Nacional expuso la responsabilidad del gobierno de Chiapas por la violación al derecho a la vida, integridad personal e interés superior de la niñez, desde el 22 de enero cuando se dio a conocer un ataque armado contra comunidades indígenas de Aldama, realizado presuntamente por pobladores de la localidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó.

Asimismo, dijo que a pesar de que se han realizado “algunas acciones para garantizar la seguridad al interior del municipio Aldama”, los actos de violencia por diversos grupos armados no han cesado y ponen en riesgo la vida e integridad de la población, personal de seguridad y de quienes prestan diversos servicios en materia de educación y salud al “impedir y dificultar al acceso de la población a servicios básicos”.

Por ello, recomendó al gobierno Escandón Cadenas la reparación integral del daño a las víctimas y a los familiares de las personas fallecidas; se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, el pago de una compensación y/o indemnización integral y se les brinde atención psicológica. También que, en coordinación con los ayuntamientos de Aldama y Chenalhó, y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, se elabore un diagnóstico que permita generar una estrategia para la resolución del conflicto agrario y se analicen los diversos programas de dicha Secretaría para que, a través de algunos de ellos se pueda brindar solución.

Del mismo modo, solicitó que de manera coordinada con la secretaría estatal de Seguridad y con los municipios de Aldama y Chenalhó se diseñe, instrumente y dé seguimiento a un programa de seguridad pública con “visión diferencial y multicultural para el desarme pacífico de las comunidades en conflicto y que contribuya a disminuir los índices de inseguridad en dichos municipios”, y envíen las correspondientes pruebas de cumplimiento de lo solicitado.

Indra Cirigo