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Adelfo Regino –director del INPI– asegura que la “4T” no se construirá sobre los pueblos indígenas. Señala que el gobierno de AMLO revisará los artículos 27 y 115 de la Constitución y promoverá el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Reconoce que los pueblos originarios aún no aprueban los megaproyectos de Morelos, Tren Maya y corredor Transístmico. También, que el narcotráfico asola regiones indígenas

“Nosotros vamos a respetar la voz, la voluntad, de los pueblos”, responde Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), cuando se le cuestiona por la puesta en marcha del Proyecto Integral Morelos a pesar de la oposición de las comunidades indígenas afectadas.

“Será la decisión de los pueblos y las propias comunidades las que orienten la actuación del gobierno de la República en éste y en otros casos”, insiste ante el señalamiento de que la “consulta” impulsada por el presidente de la República no contó con garantías para los pueblos.

—Es decir, ¿hay posibilidades de que se detenga el Proyecto Integral Morelos?

—Eso lo decidirán los pueblos.

—Es que a los pueblos no se les consultó –se le hace la observación.

—Por eso… ­–se reacomoda en su asiento–. Tendrán que establecerse los mecanismos correspondientes.

Guayabera blanca, pulsera artesanal, bigote ralo, casquete regular peinado a raya en medio y anteojos ligeros, el funcionario más importante del gobierno federal para el diálogo con los pueblos indígenas reconoce que la consulta a los pueblos de Morelos fue de carácter “ciudadano” y “no propiamente indígena”.

También señala que los otros megaproyectos no son un hecho. Defiende el “proceso” de consulta que actualmente se lleva a cabo para la realización del corredor transístmico: declara que es acorde con lo que establece el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT); y dice que el Instituto que encabeza ha pedido al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que establezca un diálogo con las comunidades afectadas antes de que inicien los trabajos para la construcción del llamado “Tren Maya”.

Para el abogado oaxaqueño de origen ayuuk (o mixe), por primera vez en la historia el Estado mexicano está dispuesto a escuchar a los pueblos indígenas. Asegura que, luego de las consultas del Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, se buscará modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el Artículo 27 –correspondiente a la posesión colectiva de la tierra– y el 115 –sobre los gobiernos en los municipios–.

Dice que con ello se buscará hacer realidad el respeto a los Acuerdos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres (o Larráinzar), firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal el 16 de febrero de 1996. Estos acuerdos contaron con el aval de los pueblos, tribus y naciones indígena convocadas por los zapatistas y que se constituirían después en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Lamenta la violencia generada por el narcotráfico en decenas de regiones indígenas de toda la geografía mexicana. Dice que respeta las maneras en que los pueblos indígenas se están defendiendo, a través de policías comunitarias, guardias comunales, autodefensas o rondas comunitarias; pero señala que lo más importante es la organización colectiva pacífica.

Además, saluda la construcción de nuevos caracoles zapatistas fuera del perímetro que se estableció en el zedillismo y asegura que el gobierno de López Obrador estaría dispuesto a respetar esta forma de organización, de aparecer en otras entidades de la República.

De hablar pausado, reflexivo, Adelfo Regino dice que nunca como ahora los pueblos indígenas participan en las decisiones del país.

Señala que las otras transformaciones de la nación –la Independencia, la Reforma y la Revolución– se hicieron sobre los pueblos indígenas. Destaca los aportes de las comunidades originarias a estos movimientos sociales. Ejemplifica con el aporte del indígena na’saavi (o mixteco) José Remigio Sarabia Rojas, mejor conocido como el Indio de Nuyoo (por ser originario del pueblo de Santiago Nuyoo), que gracias a sus habilidades y conocimientos tradicionales burló el sitio que tenían los realistas en Huajuapan de León sobre los insurgentes.

“Y cuando se decreta la Independencia de México y se expide la primera Constitución, la de 1824, lamentablemente no hay ni siquiera una mención a los pueblos indígenas en la Constitución del nacimiento del Estado mexicano.”

En los movimientos de la Reforma (1857-1972) y de la Revolución (1910-1923) ocurrió lo mismo.

“Y, bueno, en la Constitución de 1917 tampoco hubo una referencia explícita a los pueblos indígenas, sin desconocer los avances que se logran en la reforma al Artículo 27, con el reconocimiento de la propiedad comunal y ejidal de la tierra. Como todos sabemos, la propiedad comunal es una propiedad ancestral de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. No se hizo más que un reconocimiento de estas formas colectivas de propiedad. Y la reivindicación del municipio libre.”

—Cómo se garantiza en esta pretendida “cuarta transformación” que los pueblos indígenas no sean despojados y violentados de nueva cuenta –se le pregunta.

—En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se dará un reconocimiento efectivo a los pueblos indígenas en la vida nacional. Y no sólo me refiero a la estatalidad, al reconocimiento en las instancias formales del Estado mexicano, sino también tendríamos que preguntarnos [por] el reconocimiento de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, en las diversas esferas de la vida social, donde lamentablemente se han arraigado fenómenos como la discriminación y el racismo, que trasciende las fronteras estatales. La discriminación y el racismo se ven en la tienda de la esquina, en el [Sistema de Transporte Colectivo] Metro, en la calle, en la plaza. Es un fenómeno muy arraigado en diversas esferas de la sociedad. Por eso el gran desafío que tenemos como país, como México: cómo, por un lado, reconocemos a nuestros pueblos indígenas, a nuestras comunidades indígenas y afromexicanas en las estructuras jurídicas, políticas y económicas del Estado mexicano, y por el otro, en la dinámica de la vida social; en esto que nos hace ser mexicanos y mexicanas y que lamentablemente todavía tenemos esta carga, esta deuda histórica con estas colectividades que dieron origen a esta patria.

—Te referías al Artículo 27 de la Constitución de 1917; pero hoy es distinto, pues fue reformado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y ya no otorga certeza a la propiedad comunal de la tierra para los pueblos originarios. ¿Hay alguna intención de este gobierno para reformarlo y devolverle la esencia de la Revolución Mexicana?

—La punta de lanza del neoliberalismo fue el desmantelamiento de la comunidad y del ejido. Y aquí jugó un papel clave la reforma que hizo Carlos Salinas de Gortari y el entonces Congreso de la Unión al Artículo 27, la abrogación de la entonces Ley Federal de Reforma Agraria y la emisión de la Ley Agraria que hoy está vigente. Ese fue el parteaguas del conjunto de políticas neoliberales que hemos visto en las últimas décadas. Por eso nosotros, convencidos de esta situación, hemos iniciado un amplio proceso de diálogo y consulta con los 68 pueblos indígenas de nuestro país y con el pueblo afromexicano. De hecho, acabamos de concluir un proceso de alrededor de 54 foros en todo el país y un foro nacional. El propósito de estos foros es escuchar la voz de nuestros pueblos, comunidades, porque a partir de ella es que queremos, como gobierno de la República, un conjunto de iniciativas para reformar nuestra Constitución y nuestras leyes y que se reconozcan plenamente los derechos de los pueblos indígenas. Esto va a implicar una reforma al Artículo Segundo y al 27 de la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales. Va a implicar una revisión al Artículo 115 para reconocer la figura del municipio indígena y la elección de nuestras autoridades a través de asambleas comunitarias, como ocurre en 417 municipios indígenas de Oaxaca, como ha ocurrido recientemente en el municipio purépecha de Cherán, en Michoacán, o el caso de Ayutla de los Libres, en Guerrero, o recientemente las elecciones por usos y costumbres en Oxchuc [Chiapas]. Justamente a esta pregunta que haces atiende este proceso de diálogo y consulta. Atiende a la necesidad de revisar nuestro marco constitucional, reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas y sobre esa base revisar las leyes secundarias que han sido muy nocivas para nuestros pueblos y nuestras comunidades.

—Cómo se seleccionó a los representantes de los pueblos indígenas que participaron en el Foro convocado por el gobierno federal a través del INPI. El Congreso Nacional Indígena (CNI) por ejemplo, no participó­ –se le hace notar.

—Nosotros hicimos una regionalización, basados en los 68 pueblos indígenas del país, y también por primera vez en la historia se hizo una consulta a nuestros hermanos afromexicanos, y a partir de esta regionalización fue que se hizo una amplia convocatoria a nuestras autoridades municipales, agrarias y tradicionales. Porque según el Convenio 169 de la OIT, en este proceso de consulta se ha establecido el estándar de escuchar a las instituciones representativas de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y sin duda alguna nuestras instituciones representativas son nuestras autoridades municipales, comunitarias y tradicionales que existen de manera histórica. Un ejemplo, el caso de Oaxaca. Convocamos a todas las autoridades municipales indígenas de estos 417 municipios indígenas; convocamos a las autoridades comunitarias, a los agentes municipales, a las autoridades comunales, es decir, a toda la amplia gama de todas las instituciones representativas de nuestros pueblos y comunidades indígenas. En el norte del país convocamos, por ejemplo, a nuestros gobernadores indígenas: en la región rarámuri los gobernadores indígenas son nombrados en el contexto de la organización tradicional del pueblo rarámuri. Son las instituciones representativas quienes fueron convocados en este proceso de consulta. Participaron más de 27 mil instituciones, autoridades representativas de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Esto ha sido un proceso incluyente. Nosotros no hemos excluido a nadie. Han sido convocados todos. Quienes han llegado, han participado, han dicho su palabra con absoluta libertad. Y desde luego que nosotros como autoridad responsable de este proceso de consulta junto con la Secretaría de Gobernación, hemos procurado que éste sea un diálogo plural, abierto en el que todas las voces y las opiniones han sido escuchadas y debidamente recogidas.

—A qué acuerdo llegaron; cuál va a ser la demanda o las demandas.

—Uno es el reconocimiento de nuestros pueblos y comunidades como sujetos de derechos público. Hoy lamentablemente la Constitución reconoce a nuestros pueblos y a nuestras comunidades como sujetos de interés público, como si fuéramos objeto, un asunto, una materia. Bueno, hoy los pueblos plantean ser reconocidos como sujetos plenos de sus propios derechos, de sus propias decisiones, de su propio desarrollo e historia. Éste es un consenso muy claro a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Desde luego se deriva de éstos el reconocimiento de mecanismos específicos para el ejercicio de la autonomía indígena, ya sea a nivel comunitario y a nivel municipal. Y, desde luego, la posibilidad de que los pueblos, donde así existan las condiciones, se puedan organizar regionalmente también para ejercer su autonomía. Un tercero tendría que ver con el reconocimiento de sus tierras, de sus territorios, de sus recursos naturales; esta biodiversidad que representan las regiones indígenas de nuestro país es algo que ha emergido en este proceso y que es algo que hay que proteger, salvaguardar, para las generaciones presentes y futuras. Otro tema importante es la protección del patrimonio biocultural que a menudo está sujeto a amenazas. Hemos visto historias de robo, de plagio, de saqueo, de los diseños, de las creaciones artísticas de nuestros pueblos. Y que a menudo no están protegidos porque nos enfrentamos también ante un régimen de propiedad intelectual individual. Y tenemos que pasar a un régimen de propiedad intelectual colectiva. Son algunos de los temas fundamentales que han emergido en este proceso de consulta. Son reclamos muy legítimos que el Estado debe atender con toda responsabilidad.

—En los acuerdos de San Andrés se reconocía la autonomía indígena. ¿Se retoman? ¿Hasta dónde?

—Sí, sí, se retoman porque es muy simple, además. Las demandas y reclamos de los pueblos indígenas siguen siendo los mismos. Las causas ahí están. Y las reivindicaciones están vigentes. De modo que esta palabra colectiva que ha surgido de este proceso de diálogo y consulta retoma en muchos sentidos el espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Son acuerdos que el Estado mexicano tiene que respetar y reconocer. Y en este sentido el proceso de diálogo y consulta ha recogido estos importantes planteamientos.

—¿Qué voluntad política tiene realmente el presidente de la República y el gobierno para en verdad cumplir los Acuerdos de San Andrés más allá del discurso?

—Bueno, en ese sentido el señor presidente de la República ha expresado su voluntad de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, de atender los planteamientos históricos de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Él ha manifestado con mucha claridad que habrá una preferencia especial a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Y creo que esto [el Foro] es una señal muy clara de parte de él y de quienes lo acompañamos, de que existe la voluntad política de avanzar, por un lado, en el reconocimiento de sus legítimos reclamos, de sus legítimas reivindicaciones; y por el otro, en la implementación de políticas y programas específicos en la materia.

—Hay algo que ha preocupado a las comunidades indígenas: las “consultas” para hacer megaproyectos. Está el caso del Plan Integral Morelos que además dicho proyecto costó la vida a un dirigente muy sentido en el Congreso Nacional Indígena, Samir Flores. ¿El INPI ha seguido de cerca el asunto?

—Lo que se hizo en el caso de este proyecto, que es más un proyecto anterior que de este gobierno de López Obrador, es una consulta ciudadana y no una consulta propiamente indígena. Hay que distinguir entre la figura de la consulta indígena y la consulta ciudadana. Las consultas indígenas están dirigidas a un sujeto colectivo; en tanto, las consultas ciudadanas están dirigidas a ciudadanos en lo individual, en lo particular. Tienen métodos y formas distintas. Y como lo expresó el presidente de la República, nosotros vamos a respetar la voz, la voluntad, de los pueblos. Entendemos que hay unos amparos que han sido interpuestos por estas comunidades. Entendemos que hay suspensiones de carácter provisional en estos asuntos y nosotros tenemos que ser también respetuosos de las leyes. Y será la decisión de los pueblos y de las propias comunidades la que va a orientar la actuación del gobierno de la república en éste y en otros casos. El sentido común nos indica que no vamos a imponer nada, por lo menos en lo que concierne al ámbito de atribuciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular y, desde luego, tenemos que cumplir con las obligaciones legales que tenemos en la materia.

Reitera que la decisión sobre el destino de ese megaproyecto la tendrán los pueblos indígenas de Morelos. Explica que podrían realizarse nuevas consultas. “Tendrán que establecerse los mecanismos correspondientes. Esto derivado seguramente del mandato judicial, porque entiendo que hay amparos, hay un proceso judicial en la materia y, bueno, nosotros como Instituto estamos en la mejor disposición de contribuir a que se dé un ambiente de diálogo y consulta con estas comunidades y que sus voces sean escuchadas y respetadas”.

—¿Se podría impulsar ahí una consulta atendiendo a lo que marca el Convenio 169 de la OIT?

—Eso tendrá que determinarlo una autoridad judicial porque, repito, estamos frente a hechos consumados. Una de las características de la consulta es su carácter previo. Y en este caso estamos frente a una obra que se hizo en el sexenio pasado. Entonces, en ese sentido, la instancia jurisdiccional correspondiente tendrá que reflexionar y emitir su veredicto: qué tipo de consulta tendría que implementarse en este caso específico, y desde luego que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas está en la mejor disposición de contribuir en el ámbito de nuestras atribuciones y facultades.

—Otros de los megaproyectos son el del Istmo de Tehuantepec, que pretende atravesar territorios indígenas desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y el de Tren Maya, para la Península de Yucatán: Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. ¿Habrá consulta con las características del convenio 169 de la OIT?

—En el caso del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec se ha iniciado un proceso de diálogo y consulta desde marzo. Hemos tenido siete asambleas regionales de consulta para justamente escuchar a voz de nuestras autoridades, de nuestras instituciones representativas de los pueblos indígenas que existen tanto en Oaxaca como en Veracruz. Es un proceso al que estamos dando seguimiento. Ha habido asambleas de seguimiento en junio. Tendremos más en los próximos meses. Se ha iniciado este proceso de diálogo y consulta con relación al programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec.

—¿Y cumplen estas consultas con lo señalado por el Convenio 169 de la OIT?

—Habrá consultas específicas, cuando así se requiera, donde haya alguna afectación específica. En ese sentido, se está cumpliendo con lo que la Ley establece. Y también con la propia demanda de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Con relación a este otro proyecto del Tren Maya, nosotros hemos hecho llegar nuestra opinión al Fonatur, que es la instancia responsable de este programa para que se pueda, desde luego, impulsar un proceso de diálogo y consulta. Nosotros pensamos que en un país como el que queremos construir todos los mexicanos es muy importante escuchar la voz de nuestros pueblos y comunidades.

—Pero los pueblos aún no han dado su aval y el presidente ya los da por hecho. Ni siquiera ha aceptado realizar una consulta como lo marca el Convenio 169 de la OIT.

—En el caso del programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, lo estamos haciendo así. Estamos cumpliendo con la norma del artículo sexto del Convenio 169 de la OIT. También hay que decirlo, es una norma genérica. Por eso hemos tenido que hacer un protocolo, porque lamentablemente como país no tenemos una legislación específica en la materia. Por eso justamente queremos hacer la reforma constitucional y legal, porque México adolece de una legislación específica en la materia. Es un tema que tenemos que trabajar y construir. Y en el caso del Tren Maya, nosotros estamos muy atentos a la decisión que tome el Fonatur para poder realizar el proceso correspondiente.

—Hay comunidades indígenas asoladas por el narcotráfico. La violencia no es un asunto que nada más golpee a las comunidades indígenas, pero para ellas muchas veces los golpes son más atroces y, además, ni siquiera alcanzan visibilidad. Están las comunidades yoremes, de Sonora, bajo el fuego de los Cárteles de Sinaloa y de Juárez, o las comunidades nahuas de la Montaña de Guerrero, bajo el acoso de Los Ardillos. Qué política hay para atender el asunto de la seguridad en las comunidades indígenas.

—Sí, es un tema que nos preocupa. Yo señalaría el caso de la región rarámuri, que es un tema extremadamente delicado porque además ha implicado desplazamientos hacia Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, Ciudad Juárez; ha implicado el asesinato de líderes y autoridades indígenas. Es un drama la situación que viven estos pueblos y que justamente ocurre porque hay un marco normativo y constitucional que se olvidó, que fue indiferente, ante los reclamos de los pueblos y las comunidades, y que generó vacíos. Estos vacíos fueron llenados por poderes fácticos, incluidos los de la delincuencia organizada. Ésa es una lamentable situación que viven algunas de las regiones indígenas de nuestro país. Por eso para nosotros es importante tener una política integral en donde, en primer término, tenemos que reconocer las propias capacidades de los pueblos indígenas para el gobierno, para la organización, reconocer sus autoridades tradicionales. Esto es fundamental. Y, por otro lado, reconocer también los propios sistemas de mantenimiento de la paz y la seguridad de nuestros pueblos y que éstos puedan entrar también en un marco de coordinación con las instancias estatales y federales en materia de seguridad pública y mantenimiento de la paz. Pero tenemos que partir de la premisa de que nuestros propios pueblos tienen esa capacidad, esa fortaleza, como ya ocurre: yo vengo de una región donde prácticamente no hay policía del estado ni Ejército. Yo vengo de la región mixe, de la sierra norte de Oaxaca, y nosotros tenemos nuestros topiles, nuestros mayores, nuestra organización comunitaria. Es lo que nos garantiza paz y tranquilidad. Gracias a esta organización comunitaria la delincuencia organizada no ha podido penetrar. Hay una organización comunitaria muy sólida no de hace un año ni de hace 20, sino de miles de años, donde la fortaleza de la asamblea comunitaria, el sistema de cargos, el servicio comunitario, es decir, una estructura de organización comunitaria que permite que los municipios y las comunidades de la sierra norte de Oaxaca mantengan sus propias formas de gobierno y sus propias instituciones de paz y seguridad. Este ejemplo se puede replicar en otras partes del país, particularmente en estas regiones como la Montaña de Guerrero, como la región rarámuri, la costa de Michoacán, esta parte de Sonora que señalas, entre otras regiones indígenas. Esto aunado a la importancia de que también haya políticas públicas que apoyen a nuestra juventud a través de la educación, de oportunidades de empleo y que se pueda combatir este lacerante fenómeno de la violencia y la inseguridad.

—¿Respetará el gobierno estas instituciones como las policías comunitarias, las rondas comunitarias, las guardias comunales? Algunas de estas expresiones han tenido que prepararse para enfrentar al narcotráfico y defender a sus comunidades.

—Estamos trabajando en eso. Pero incluso yo diría algo que va más allá de eso: la organización comunitaria. Esa es la clave, porque cuando hay organización comunitaria, una comunidad no necesita un arma, basta con la fuerza moral de las autoridades, con la fortaleza y la capacidad de entendimiento entre las ciudadanas y los ciudadanos. Hay lugares, me refiero concretamente a Oaxaca, donde no vemos un arma, pero quien llega ahí tiene absoluta seguridad en su vida y sus bienes. Y esto es algo que el país necesita tener presente, porque tendemos a asociar el tema de la seguridad con más policías, más Ejército, más fuerza pública. Y no necesariamente es así. Yo no niego eso [la capacidad de las comunidades indígenas para crear instituciones que les den seguridad], pero el tema de la seguridad y la paz es un tema de todos los ciudadanos. Es un tema que debe asumir la ciudadanía como una cuestión colectiva, como una responsabilidad que tenemos todas y todos los mexicanos. Parte de la transformación que requiere este país es que tenemos que cambiar también nuestra percepción, nuestra concepción de temas tan importantes como gobierno, paz, seguridad. Y verlo como una cuestión de la ciudadanía.

—La Guardia Nacional ha iniciado el despliegue más grande en la historia del país. Resulta que se está desplegado muchísimo en zonas indígenas. Chiapas, por ejemplo, después de la Ciudad de México y el Estado de México, es la entidad donde más elementos hay en este momento.

—Nosotros no podemos llegar a una comunidad sin la autorización, sin el consentimiento, en un marco de coordinación, de respeto y de respeto a los derechos humanos. Esto es una premisa fundamental. El señor presidente de la República ha sido muy enfático en señalar que no se va a usar al Ejército o a la fuerza pública para lastimar los derechos de los ciudadanos o afectar los intereses de la ciudadanía. Muy por el contrario, cuando se habla de la Guardia Nacional es justamente a partir de cómo se salvaguarda la integridad y los bienes de todos los mexicanos. Y desde luego que el caso de los pueblos indígenas tiene que hacerse en un marco de coordinación con nuestras autoridades, con las autoridades comunitarias y, desde luego, salvaguardando los derechos humanos de todas y de todos.

—¿Sembrando Vida realmente funciona para las comunidades indígenas? Las comunidades tienen otro sistema más ligado al sistema de producción de la milpa. Pareciera que ahora se trata de promover monocultivos y de cambiar la vocación de las tierras.

—La información que tengo, además porque me ha tocado participar, es que lo primero que se hace en una comunidad o en un ejido es platicar con la asamblea. Y es la asamblea, ya sea comunal o ejidal, quien determina, primero, si se acepta o no el programa; y a ese respeto hay actas de asamblea que se han elaborado. Y, en segundo lugar, es la propia gente: los propios comuneros y ejidatarios quienes determinan qué tipo de árboles, qué tipo de árboles frutales o maderables se implementa.

—¿No se les impondrán los tipos de árboles que se sembrarán?

—No… Alguien decía, por ejemplo, que iba a llegar el eucalipto, este tipo de maderas, y eso no es así. Lo que se está haciendo es cómo se aprovechan los propios árboles que hay en la comunidad. Incluso nosotros hemos sugerido que esto se dé en un contexto de la milpa, donde hay una asociación de cultivos. Yo puedo hablar de la experiencia que traigo. En Oaxaca tenemos experiencias de milpa asociadas al maguey, esto derivado del boom que hay ahora del mezcal; entonces tiene los compañeros sus magueyes y en medio van sembrando la milpa. O en las partes altas, sus árboles frutales, como la pera, la manzana, el durazno. Están los árboles frutales y está la milpa, está el maíz, el frijol, la calabaza. Existen muchas formas en que estos árboles maderables o frutales se pueden asociar incluso con la milpa. Nosotros hemos procurado que en el marco de este programa se tome en cuenta esta perspectiva, porque creo que fortalece lo que de por sí hace nuestra gente. Y no tienes que esperarte 20 o 30 años a que esté el árbol, sino que esto hay que verlo como un proceso permanente. Y en donde el espíritu de este programa es que el campesino, la campesina, el comunero, el ejidatario, tenga un ingreso. Y al tiempo que se resuelve un problema de corto plazo, también se pueda resolver un problema de mediano y largo plazo. Ese es el espíritu del programa y se está implementando en el un marco de respeto a las propias decisiones de las comunidades y de los ejidos. Esto es fundamental porque de otro modo ningún programa tendría sostenibilidad y ni siquiera aceptación en ninguna comunidad o pueblo indígena. Otro ejemplo que está funcionando en Oaxaca es el del programa de Caminos Pavimentados hacia las cabeceras municipales indígenas. Y lo primero que hemos hecho esta institución y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es reunirnos con la asamblea y que sea la asamblea la que determine, la que diga si quiere o no ese camino. Si la asamblea nos dice que no, no puedes tú hacer la obra porque la premisa de la obra es que lo haga la propia comunidad. El recurso se le asigna a la autoridad municipal. La asamblea nombra un Comité de Caminos y así se hace la obra. Si la asamblea dice que no, sencillamente no se hace. Pero si la asamblea dice que sí están dispuestos a participar, pues el programa se puede realizar, como está sucediendo con 45 municipios indígenas de Oaxaca. Y a la brevedad estaremos incorporando a este programa otros 59 municipios.

—Hace unas semanas anunció el EZLN que ha salido del perímetro que tenia delimitado desde la época de Ernesto Zedillo. Ha rebasado el cerco militar y ha construido nuevos Caracoles en Chiapas. Qué posición tiene el INPI ante este hecho.

—El que ha manifestado el señor presidente de la República. Nosotros reconocemos el trabajo que han estado haciendo [los zapatistas]. Es importante que el gobierno de México reconozca y respete estos procesos en las que están estas comunidades, porque se trata al final del día de trabajar por nuestra gente, por la gente más humilde este país, y que existan los medios para poder atender las causas de la pobreza, de la marginación que existen en amplias regiones indígenas de nuestro país. Es una iniciativa que merece nuestro reconocimiento y respeto.

—¿Será el mismo reconocimiento y respeto para otros esfuerzos del Congreso Nacional Indígena en otros estados de la República o para incluso una eventual creación de Caracoles fuera de Chiapas?

—Pues… nosotros respetamos los procesos de nuestros pueblos. Yo debo decirte que los procesos de los pueblos indígenas son diversos. Son 68 pueblos indígenas que no existen de hace 20, 30, 40 años, son pueblos milenarios, son pueblos sabios, son pueblos que en uso de su libre determinación van a construir sus propios procesos de autonomía, como lo hemos hecho en Oaxaca. Quizás poco se habla de eso, pero son 417 municipios indígenas que hay en Oaxaca, que eligen a sus autoridades en asamblea comunitaria, que tienen un sistema de cargos, que tienen el servicio comunitario, la ayuda mutua, el tequio. Ahí están nuestros pueblos. Es un ejemplo de autonomía y de organización para este país. Lo mismo podemos decir de las comunidades del norte: el pueblo Yaqui, el pueblo rarámuri, es decir, las formas en las que los pueblos indígenas ejercen su autonomía a lo largo y ancho del territorio nacional son formas variadas. Yo no uniformaría. La naturaleza misma de nuestros pueblos indígenas es que es una naturaleza diversa. Y como gobierno, nosotros tenemos que reconocer y garantizar estos procesos diversos en los que se encuentran los pueblos indígenas de México. Por eso el señor presidente de la República y su servidor expresamos nuestro reconocimiento y nuestro respeto a estas diversas formas de organización que tienen nuestros pueblos y nuestras comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional.

Zósimo Camacho

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