Autor:

Tecámac es uno de los 121 municipios del Estado de México, donde habitan no menos de 12 pueblos nativos a los que, directamente, afectaría la construcción de otra pista en el aeropuerto militar de Santa Lucía; un proyecto en el que se encuentra encaprichado López Obrador y contra el cual ya existen más de 90 amparos; de los cuales ocho fueron solicitados por los tecamaquenses. En ellos le advierten al inquilino de Palacio Nacional que no quieren indemnizaciones y se opondrán aunque la asesoría jurídica de López Obrador imponga la obra con motivo de utilidad pública para sacarle la vuelta a los amparos. Así como, autoritariamente, abusando del poder presidencial, la voluntad del tabasqueño.

Por esto es que los mexiquenses a quienes causaría daños agrícolas, del medio ambiente, de escasez de agua, exceso de tráfico automovilístico, aéreo y  transporte colectivo, acumulan obstáculos legales, sociales y hasta históricos para evitar su construcción. A quienes, además, el desgobernador Del Mazo no ha sacado la cara para defender, ya que está servilmente a las órdenes lopezobradoristas.

“No se confunda señor presidente, nosotros [le dicen los de Tecámac] no somos ambiciosos, no queremos dinero, sólo queremos que nos escuchen y que respeten el lugar donde por generaciones hemos habitado; nuestra defensa es por la vida, por el medio ambiente, no por el dinero. Llevamos viviendo aquí por generaciones, aquí nacimos y aquí pensamos morir” (El Universal, 31 de agosto de 2019, en el reportaje de Astrid Rivera). Y es que los de Tecámac son indígenas de una localidad fundada en 1202 por los mexicas; apareciendo el nombre de Tecámac en el Códice Chimalpopoca en 1395.

Esto significa que esos mexicanos no están dispuestos, a ningún precio, a permitir un atropello a su historia así como a su presente, ya que para ellos es una cuestión de vida o muerte que una obra presidencial quiera cometer esa arbitrariedad. Y aseguran que de no ser escuchados y atendida su petición que violenta sus derechos humanos resistirán, y recurrirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para tener otro recurso que fortalezca su causa.

Ni siquiera fueron consultados al estilo de “mano alzada”, por lo que exigen una consulta auténtica a sus pueblos indígenas; aunque de antemano saben que tal ejercicio democrático arrojará una negativa contundente de su parte a la construcción de una pista más. Ya están los 12 pueblos en pie de alerta y dispuestos, con sus amparos y otros medios jurídicos, a no permitir lo que, aseguran, es un abuso del presidencialismo que busca, con el pretexto del concepto de “utilidad pública”, ampliar el aeropuerto de Santa Lucía. Del reportaje arriba mencionado y de otras declaraciones de los mexicanos originarios de Tecámac, se desprende que el conflicto social está en su punto irreversible.

Andrés Manuel López Obrador siempre se ha referido a sí mismo como defensor de los indígenas y si como dicen sus anuncios “tiene palabra”, entonces tendrá que dar marcha atrás en este empeño. Los tecamaquenses ya dieron su última palabra y es muy clara: no permitir que los dañen en sus tierras, sus vidas y su entorno.

Álvaro Cepeda Neri

[OPINIÓN] [CONTRAPODER]

 

Leave a Reply