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Cientos de comunidades viven en guerra. Tienen enfrente a los cárteles que van por sus montes, aguas, minerales y maderas preciosas. Los sicarios facilitan la llegada de megaproyectos empresariales y gubernamentales. Algunos pueblos también se arman para defenderse: activan por decenas guardias comunales, policías comuntarias, rondas comunitarias y autodefensas. El país, un polvorín

Los cárteles del narcotráfico han emprendido una guerra directa contra las comunidades originarias, sobre todo aquellas en las que encuentran resistencia organizada como la del Congreso Nacional Indígena (CNI).

El Cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el del Golfo, las reminiscencias de los Beltrán Leyva y las de Tijuana, Los Zetas, los Caballeros Templarios, La Familia y otras expresiones de la delincuencia organizada encabezan las agresiones contra las comunidades del CNI. En toda la geografía nacional les disputan territorios ricos en minerales y maderas preciosas, que también pretenden usar como lugares de siembra, producción y trasiego de drogas y como rutas para el contrabando de personas y armas.

La mayoría de los enfrentamientos son noticia sólo entre los pueblos. Cada comunidad o familia recoge a sus muertos y siguen articulando mecanismos de defensa.

Según se desprende de documentos del propio CNI y de la Agencia de Investigación criminal de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), el Cártel de Sinaloa le disputa territorios a decenas de comunidades de nueve pueblos, tribus o naciones ubicadas en 14 municipios de siete entidades. El Cártel de los Beltrán Leyva, por su parte, tiene enfrentamientos con cientos de comunidades de seis grupos étnicos ubicadas en 21 municipios de cuatro estados. Más de 200 comunidades están sitiadas desde hace 4 meses por paramilitares de esta organización, hoy fragmentada en varios grupos.

El CJNG mantiene en la zozobra a comunidades de cinco tribus, pueblos o naciones en 10 municipios de dos estados de la República. Los Zetas asolan a comunidades de tres etnias en cuatro municipios y tres estados. La Familia (antes Michoacana) pelea territorios a comunidades de cuatro etnias en cuatro municipios de dos entidades federativas.

Los Caballeros Templarios intentan someter a tres pueblos, tribus o naciones  de tres municipios de tres estados. El Cártel del Golfo realiza incursiones en territorios de una etnia en un municipio. El Cártel de Juárez, en comunidades de un municipio. El de Tijuana disputa el territorio a un grupo étnico de tres municipios de un estado de la República.

Todas estas comunidades pertenecen al CNI, la organización indígena que, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), nació en 1996 luego de los diálogos celebrados en San Andrés Sakam’chén de los Pobres (o Larráinzar) entre el propio EZLN y el gobierno federal. Se trata de la más grande artculación de pueblos indígenas desde la Revolución Mexicana que, además, se asume anticapitalista.

Con lo que se han encontrado las comunidades es que las luchas por la defensa de territorio y demás derechos indígenas no son como las de hace una década. “En las diferentes regiones cambiaron los paradigmas de los perpetradores, de las violaciones a los derechos humanos, de lo saqueos, de los despojos, de las represiones”, dice Cristian Chávez González, integrante de la Comisión de Coordinación del CNI.

De pronto, las comunidades indígenas vieron que lo que tenían enfrente era a los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada: “Una situación para la que nadie, ni en lo colectivo ni en lo individual, estaban preparados”.

Sobre cuáles son los cárteles que han entrado en disputa con las comunidades del CNI, Cristian Chávez no tiene duda. “Son todos”. No hay región de los pueblos originarios que no esté en conflicto.

Carlos Antonio Aguirre Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que la acción de la delincuencia organizada en los territorios indígenas no es un fenómeno aislado. Se enmarca dentro de una política de despojo contra los pueblos originarios puesta en marcha “desde hace ya varios lustros”.

Sociólogo, economista, teórico y posdoctor especialista en movimientos sociales de América Latina, Aguirre Rojas advierte: “Que sean los narcotraficantes los que ataquen a las comunidades obedece a dos razones principales. Una, porque los bienes que les interesan están en territorios indígenas. Quieren tener el control del lugar donde se producen las mercancías que comercian. Y si quien se opone es un pueblo indígena, pues se van contra el pueblo indígena. La segunda es que grupos del narcotráfico a veces tienen colusión directa con el Estado. Entonces el Estado les deja hacer porque le sirven como una cuña y como una manera de debilitar justamente los procesos autonómicos de los pueblos indígenas”.

Coincide el doctor en antropología Gilberto López y Rivas. Pero señala que la guerra contra los indígenas ni siquiera es de orden estrictamente nacional. Es un embate supranacional. “México es un laboratorio a nivel mundial. Aquí se han aplicado todos los tipos de intervención. Vivimos una guerra. Hoy hay un proceso renovado y altamente agresivo. La guerra contra las drogas y el terrorismo es una forma de intervención que deja muchos beneficios para las trasnacionales”.

Considera que en realidad México no ha combatido al narcotráfico en los últimos lustros. El Estado mexicano es un Estado mafioso, delincuencial, que implanta un tipo de capitalismo: “el necrocapitalismo, basado en la muerte, la destrucción y la guerra”.

Agrega que la nueva colonización que viven las tierras indígenas no sólo se lleva a cabo través de las trasnacionales mineras, del sector energético e industrial, sino de la corporación capitalista que es el crimen organizado.

“El crimen organizado es una corporación capitalista permanente, letal, sistemática; hay que decirlo con todas sus letras. Tiene como objetivo aterrorizar, como lo establecen los manuales de contrainsurgencia estadunidenses.”

El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) considera que “los indígenas son hoy una de las víctimas fundamentales del actual ‘progreso’ capitalista”. Esa es la explicación de que tengan encima a los cárteles del narcotráfico.

El despliegue del narco

De los documentos El CNI en las regiones indígenas; Regiones del Concejo Indígena de Gobierno. Distribución preliminar; Policías comunitarias y grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, y Caracterización del cerco narcoparamilitar en la Montaña baja de Guerrero –elaborados por el CNI– y el informe Organizaciones delictivas. Documento de uso cerrado ­–de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General la República (elaborado en noviembre pasado)–, se desprende que todas las regiones indígenas están copadas por la delincuencia organizada.

En Baja California, el Cártel de Sinaloa mantiene incursiones en territorios de los pueblos Cucapá y Kumiai ubicados en los municipios de Mexicali y Tijuana. En Campeche, disputa territorios a los castellanos de Candelaria. En Chihuahua, asola los municipios rarámuris de Urique, Balleza, Batopilas y Guachochi. En Durango, ocupa territorios de wirrárikas de Mezquital. Los mayos de los municipios de El Fuerte y Ahome, Sinaloa, padecen las incursiones de este cártel. En Sonora, las víctimas son las comunidades yaquis, mayos y tohono odam de Caborca, Navojoa y Tesopaco. En Tabasco, acosan a los choles de Tenosique.

Los grupos de lo que fue el Cártel de los Beltrán Leyva, principalmente Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos, mantienen incursiones en comunidades choles tseltales de los municipios de Palenque y Tenejapa, repectivamente, Chiapas; en nahuas de Temoac, Morelos; en pueblos mayos de El Fuerte y Ahome, Sinaloa. Y mantienen un cerco narcoparmilitar en decenas de comunidades indígenas de Guerrero. Se trata de las me’phaa y nahuas de Tixtla, Chilapa de Álvarez, José Joaquín Herrera y Chilpancingo. Y en asociación con bandas locales, asolan a las comunidades amuzgas, nahuas, me’phaa y na’saavi de Olinalá, Huamustitlán, Cualac, Maninaltepec, Metlatónoc, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán, Igualapa, Xochistlahuaca, Azoyú, Ometepec y Cuajinicuilapa.

El CJNG mantiene en zozobra a comunidades cocas, tepehuanas, nahuas y wirrárikas de los municipios de Poncitlán, Cuautitlán, Tuxpan, Villa Guerrero, Mizquitic y Bolaños. Todos, del estado de Jalisco. Pero también a comunidades náyeri y wirráricas de los municipios de Rosa Morada, Del Nayar, Ruiz y La Yesca, en el estado de Nayarit.

Los Zetas disputan territorios a comunidades nahuas del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo; nahuas de Xilitla, San Luis Potosí, y zoques y choles de Huimanguillo y Tenosique, Tabasco.

El Cártel de Juárez mantiene incursiones en las comunidades rarámuris Guachochi, Chihuahua.

La Familia Michoacana disputa territorios a las comunidades matlatzincas de Temascaltepec y nahuas Tenango del Valle y Texcoco, Estado de México. Además a otomíes y purépechas de Zitácuaro y Paracho, Michoacán. Disputan también rutas y lugares de producción de droga, aguacates, minerales y maderas preciosas en esta entidad.

Los Caballeros Templarios agreden a nahuas de Ixtapaluca, Estado de México; otomíes de Zitácuaro, Michoacán, y zoques de Huimanguillo, Tabasco.

Las reminiscencias del Cártel de Tijuana (también conocido como de los Arellano Félix) acosan a las comunidades kumiai de los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, Baja California.

Por su parte, el Cártel del Golfo realiza incursiones en territorio de na’saavis de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Y es que, a decir de Cristian Chávez González, también integrante de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), los cárteles entraron de lleno a la disputa por los productos que demanda el mercado internacional. Y esos productos están en las regiones indígenas.

“La delincuencia organizada defiende la propiedad privada contra la propiedad colectiva; y vende los productos que está exigiendo el gran capital, ya sean aguacates, oro, hierro, plata, madera, agua, petróleo. Pareciera que en estos momentos el objetivo de los grupos armados, sean estatales o no estatales, es la apropiación del territorio y la apropiación y concentración de poder para el servicio del gran capital”, considera.

La respuesta indígena

En esta guerra recién advertida por el CNI, los muertos se cuentan por cientos. En los últimos años, los indígenas caídos suman, al menos, 117, de acuerdo con la relación de asesinatos elaborada por la organización, publicada por Contralínea en junio pasado.

Los perpetradores no sólo son los actores tradicionales: paramilitares, fuerzas estatales, guardias blancas; ahora son también los grupos de sicarios de los cárteles. Los blancos sí son los mismos:

“En los territorios de las comunidades indígenas, sobre todo de los pueblos que defienden la tierra, los crímenes son contra los voceros visibles, las autoridades comunitarias y los líderes morales”, señala Cristian Chávez. Agrega: “La tierra de las comunidades, que es donde están los recursos naturales, está siendo escenario de disputa por la explotación, la acumulación y el poder territorial en que se traduce para quien controla esos grupos”.

Por decenas se cuentan los indígenas asesinados por los cárteles. Por ello, las comunidades han reactivado –también por decenas– policías comunitarias, guardias comunales, rondas comunitarias y autodefensas.

Es el caso de nahuas, me’phaa, na’saavi y n’an cué (o amuzgos) de Guerrero, que están librando una guerra abierta contra los Beltrán Leyva. Cuentan con dos decenas de policías comunitarias y autodefensas. Es la entidad con mayor número de grupos que han decidido hacer frente a los cárteles.

También, el de los nahuas de la costa de Michoacán, en específico de Santa María Ostula, donde sufren los embates de Los Viagras, la Familia, los Caballeros Templarios y Los Zetas. Desde 2009 reactivaron a su Guardia Comunal y Policía Comunitaria.

Los purépechas del mismo estado, donde los principales agresores son las bandas de traficantes de maderas preciosas, instauraron la Ronda Comunitaria: antes hombres y mujeres de gabanes jaspeados, reunidos al calor de las fogatas, la necesidad ha hecho que hoy cuenten con adiestramiento especial, ropa de camuflaje y pertrechos.

Los nahuas de Jalisco, que enfrentan a guardias blancas a favor de la minería, han erigido grupos de autodefensa. Lo mismo que los rarámuris y yoremes que en Chihuahua, Sonora y Sinaloa padecen a la Línea, del Cártel de Juárez, y a Gente Nueva y Los Salazares, del Cártel de Sinaloa.

Información del CNI da cuenta de que, desde hace 10 años, la delincuencia organizada entró directamente a la disputa de los territorios indígenas. Christian Chávez González, integrante de la Comisión de Coordinación del CNI, señala que el narcotráfico mostró descaradamente su guerra contra los pueblos indígenas cuando la comunidad nahua de Ostula recuperó su territorio, el 29 de junio de 2009.

Se trataba de procesos agrarios viejos, de luchas de hacía décadas, “pero [la comunidad se encontró] con un nuevo componente: quienes les estaban disputando la tierra eran agentes armados que defendían mercados no sólo de armas y drogas, sino de recursos naturales que tienen los pueblos originarios”, en este caso, minerales y maderas preciosas.

Aguirre Rojas señala que estos mecanismos de defensa indígena, incluso armada, está plenamente justificada. “La aparición de los zapatistas (EZLN) es sumamente radical: toman por las armas siete municipios en Chiapas. Pero no es el único caso. Está el proceso de la Policía Comunitaria de Guerrero. Empieza cuando el Estado no funciona, no es capaz de proveer de orden y seguridad; por el contrario, los agentes del estado atentan contra la comunidad, violan a las hijas, las madres. Como el gobierno no es capaz de dar seguridad, los indígenas se autorganizan”.

Explica que la Policía Comunitaria de Guerrero surge como un proyecto para otorgarse seguridad. Conforme se consolida y se extiende, las comunidades empiezan a avanzar hacia lo político y social.

Guerrero, la emergencia

En estos momentos el caso más urgente de una agresión del narco contra los pueblos indígenas es que el padecen las comunidades de Guerrero, particularmente –aunque no sólo–, la región de la Montaña.

Siete cárteles del narcotráfico ocupan todo ese estado: el CJNG, La Familia, los Caballeros Templarios, los Beltrán Leyva (facciones Guerreros Unidos, Los Rojos y Los Ardillos) y bandas locales. Cuentan con regiones bajo su control y otras en disputa entre ellas o con las comunidades que se han organizado para hacerles frente.

Los Rojos y Los Ardillos tienden en estos momentos un cerco sobre 217 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera. Se trata de 51 de José Joaquín Herrera, con 15 mil 639 habitantes, y 166 de Chilapa de Álvarez, en las que habitan 120 mil 467 personas. Es decir, bajo cerco narcoparamilitar se encuentran 136 mil 106 indígenas, mayoritariamente nahuas.

De estas 217 localidades, 17 son parte del CNI. En ellas habitan 5 mil 668 personas. Estas comunidades han dicho que se declaran en resistencia total, incluso, por encima de sus propias policías comunitarias.

Aunque los cárteles ejercen el terror en todas las comunidades, hoy las facciones de Los Ardillos y Los Rojos tienen sitiadas a 17 comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera. Se trata de comunidades del CNI de las que no se puede salir ni entrar con libertad. Comandos armados asedian estos pueblos, los cuales se defienden a través de dos organizaciones independientes entre ellas: Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y Comunitarios por la Paz y la Justicia.

No son las únicas comunidades que han constituido organizaciones de defensa contra el crimen organizado. Otras comunidades guerrerenses del CNI cuentan también con instituciones propias para enfrentar a los diferentes tipos de delincuencias.

En comunidades de Chilpancingo de los Bravo se encuentra la Nueva Policía Comunitaria Independiente. En Tixtla de Guerrero, la CRAC-Policía Comunitaria (CRAC-PC). En Olinalá, Huamuxtitlán y Cualac, El Consejo Ciudadano de Olinalá, el Frente Ciudadano por la Seguridad de Huamuxtitlán, la CRAC-PC y el Consejo Popular de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular.

También en comunidades del CNI de la Montaña y la Costa Chica se encuentran la CRAC-PC, la CRAC-PF y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Se trata de los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc, San Luis Acatlán, Igualapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Azoyú, Ometepec y Cuajinicuilapa.

En otras regiones del estado donde no tiene presencia el CNI también operan estas policías comunitarias, en específico en las regiones Centro, Montaña y Costa Chica.

Y también una decena más de grupos de autodefensa armada organizados por las propias comunidades que no pertenecen al CNI: el Consejo Municipal de Seguridad Pública, la Nueva Policía Comunitaria Independiente y la Policía Comunitaria de Nueva Generación en el centro de la entidad; el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo Social del Estado de Guerrero (Fusdeg), en Costa Chica; la Guardia Rural de Ejidos de Guerrero, en comunidades de la Costa Grande y la Sierra, y el Movimiento Apaxtlense, la Policía Comunitaria Heliodoro Castillo-Tlacotepec, Pueblos Unidos de Autodefensa San Miguel Totolapan, Policía Comunitaria de Mezcala, Policía Tecampanera y Vecino Vigilante en la región norte de la entidad.

“No todos los grupos son lo mismo”, ataja Aguirre Rojas, estudioso de los movimientos sociales indígenas en el Continente. “Hay grupos surgidos de la autorganización de los pueblos y otros que fueron armados por el gobierno. Hay proyectos que tienen carácter anticapitalista y antisistémico, por lo menos potencial, y otros que son instrumentos del Estado para confundir y para menoscabar los esfuerzos de los autónomos. Los primeros sí tienen el respaldo masivo de sus comunidades”.

El posdoctor explica que los proyectos de las comunidades que surgen como guardias comunales, policías comunitarias o rondas comunitarias no son solamente de seguridad. Se trata de proyectos integrales que avanzan hacia la autonomía social, política, educativa y de la salud.

A decir del catedrático de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en todo el espectro político electoral mexicano no hay quien represente un proyecto serio de transformación de este país que incluya a los pueblos indígenas.

“Estamos ya en un punto en el cual los pueblos indígenas de México están en riesgo de extinción total. Si el pueblo de México no hace nada; si lo propios pueblos indígenas no se autorganizan y se defienden; si no lucha de manera radiacal y sistemática, corren el riesgo de extinguirse físicamente. Hay datos que prueban que las lenguas indígenas se están reduciendo y que la población indígena también disminuye”.

Zósimo Camacho

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