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AMLO: “seguridad nacional” se usó para actos de corrupción y opacidad

El presidente López Obrador advierte que en los gobiernos pasados usaron la seguridad nacional para promover la “opacidad, el ocultamiento de información y, desde luego, los actos de corrupción”. Contralínea revela contratos en la Secretaría de Gobernación que incurrieron en este modus operandi con el que se habría defraudado al erario reiteradamente

Cuarta parte

En medio de las indagatorias que llevan a cabo las secretarías de Gobernación (Segob) y de la Función Pública (SFP) sobre cientos de contratos por miles de millones de pesos asignados sin licitar a empresas privadas bajo el concepto de “seguridad nacional”, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno realiza las investigaciones necesarias para evitar “opacidad, ocultamiento de información y, desde luego, actos de corrupción”.

En una de las conferencias matutinas que da el jefe del Ejecutivo, Nancy Flores –de Contralínea– preguntó:

“Hace unos días usted comentó que en el avión presidencial se hacían gastos suntuosos por seguridad nacional. Nosotros estamos investigando este tema pero en la Secretaría de Gobernación; ya publicamos dos reportajes y vamos a seguir publicando, porque resulta que hay centenas de contratos que se hicieron con este concepto de seguridad nacional por miles de millones de pesos. Y queríamos saber si usted está preocupado por este modo de operación del gobierno pasado, sobre todo porque estos contratos no se debieron de asignar así: hay irregularidades; de hecho, documentos internos de la Secretaría de Gobernación indican que se violó la Ley de Adquisiciones, porque se contrataba cualquier cosa, cualquier servicio con este concepto para no licitar.

“¿Ustedes investigan esto? ¿Le preocupa al interior del gobierno? Porque podrían ser miles de millones de pesos. Tan sólo en 17 contratos eran mil 400 millones de pesos, presidente”.

Respuesta de López Obrador:

“Sí, lo que estamos haciendo es eliminando todas esas prácticas que, independientemente de si estaban permitidas por la ley, si eran realmente asuntos de seguridad nacional, independientemente de eso, significaban opacidad, ocultamiento de información, y desde luego actos de corrupción.

“Todos tenemos que transparentar bienes y tenemos que transparentar nuestros gastos, y en este caso no se hacía; en el caso del Estado Mayor Presidencial no había comprobantes, también en la Secretaría de Gobernación, como tú lo señalas.

“Entonces, eso va a corresponder a las instancias que tienen que ver con la revisión de la Cuenta Pública, hacer una investigación sobre este asunto. Nosotros no estamos ya utilizando ese mecanismo, incluso lo del aeropuerto de Santa Lucía, cuando se plantea que es un asunto de seguridad nacional, se establece la obligación de transparentar los gastos, aun en el caso del aeropuerto de Santa Lucía.

“Y sí hay muchas facturas de los gastos del Estado Mayor Presidencial, lo que dimos a conocer la vez pasada es apenas una pequeña parte, porque era un gasto de alrededor de 2 mil millones de pesos al año en Presidencia, que ya no se está haciendo.

“Hay una factura, por ejemplo, lo voy a mencionar con la siguiente acotación: Primero, que seguramente es falsa. Que no hay que culpar sólo a los de arriba, porque puede tratarse de funcionarios que se ocupaban de la parte administrativa.

“Y, tercero, lo hago también porque ya no debemos permitir, porque ya no deben de llevarse a cabo esas cosas que son excesivas. En el vuelo este que se hizo el año pasado, un solo vuelo en el avión presidencial, se cobró una factura de cerca de 7 millones de pesos nada más por servicio de internet; a lo mejor eso es lo que cuesta, pero se me hace bastante. Y ese tipo de cosas, como no se podía o, mejor dicho, se alegaba que era un asunto de seguridad nacional, se ocultaba la información. Nosotros estamos ya evitando ese tipo actitudes, y todo se transparenta.”

El caso de Gobernación

A la larga lista de contratos millonarios otorgados directamente a empresas privadas por la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado, cuando su titular era Miguel Ángel Osorio Chong y de los cuales Contralínea ha dado cuenta en las últimas semanas, se agregan las siguientes asignaciones sin licitar que fueron analizadas por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General Adjunta Penal Civil, así como el Órgano Interno de Control de la SFP:

  1. Contrato SG/CPS/02/2017, por 467 millones de pesos, fue asignado directamente a la empresa Mainbit, SA de CV, y de acuerdo con documentos “reservados” de la Secretaría de Gobernación, “no se acreditó el costo beneficio, por lo que debió haberse celebrado licitación pública”.

El área contratante fue la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG) y el área requirente la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. No se cuenta con escrito de justificación.

  1. Por un monto de 99 millones de pesos, Grupo Rencel obtuvo el contrato con una vigencia de 6 meses, para abastecer al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, de calzado para los centros penitenciarios. El pedido con número 7 se dio directamente bajo la fracción IV del artículo 41 (seguridad nacional) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

  2. Contrato abierto por la cantidad mínima de 40.4 millones de pesos y máxima 101 millones para la adquisición de diesel marino para el complejo de 3 Marías, con una vigencia de un año. El proveedor es el Grupo Centurión Combustible, SAPI de CV. Se contrató bajo el artículo 41 fracción IV de la LAASSP (seguridad nacional). El área requirente es OADPRS.

  3. Contrato abierto con vigencia de un año, por la cantidad mínima de 21 millones de pesos y máxima 54 millones, para adquirir combustible gas LP para los centros de readaptación social. El OADPRS adquirió el producto bajo el supuesto de la fracción IV artículo 41 (seguridad nacional) de la LAASSP. En este contrato la Segob determinó que debió de licitarse o, por lo menos, justificarlo en la fracción III del mismo artículo.

  4. Contrato SG/CPS/101/2016, otorgado por la DGRMySG a la empresa Wood´s Muebles Para Oficina, por 23.6 millones de pesos.

Gobernación considera injustificada esta compra directa de mobiliario de oficina y precisa que falta escrito de justificación por el concepto de “seguridad nacional”, fracción IV artículo 41 de la LAASSP.

  1. Contrato SG/CPS/10/2016, otorgado sin licitar a la empresa Comtelsat, SA de CV, por un monto de 41.9 millones de pesos. El área que contrato es la SGRMySG y la requirente es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía.

Gobernación considera que el contrato para proporcionar infraestructura satelital debió licitarse, además de que falta el escrito de justificación.

  1. Contrato SG/CPS/03/2018, por 49.1 millones de pesos, otorgado al Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco.

La Secretaría explica que debió observarse el oficio circular que emite diversas directrices para los oficiales mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la administración pública y titulares de los órganos internos de control, de fecha 6 de noviembre de 2017.

  1. Contrato SG/CPS/51/2018, asignado por la DGRMySG a la asociación civil Pro Ayuda a la Mujer, por un monto de 11.1 millones de pesos. Según los documentos oficiales de Gobernación, “no se cuenta con el escrito que justifique este contrato y no acreditan la exclusividad aludida en el artículo 41 fracción I, por lo anterior se requiere el escrito para poder observar”.

  2. Contrato SG/CPS/03/2018, asignado por la SGRMySG para la empresa Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, Estado de México, por 49.1 millones de pesos.

La observación que hace Gobernación a este contrato es que “debió observarse el oficio circular que emite diversas directrices para los oficiales mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración Pública y titulares de los órganos internos de control, de fecha 6 de noviembre de 2017”.

  1. Contrato SG/CPS/46/2017, asignado bajo el concepto de “seguridad nacional, fracción IV Artículo 41 de la LAASSP, a la empresa Viajes Premier, SA de CV, por 4 millones de pesos para reservación, expedición y venta de boletos de avión para servidores públicos. La Segob determinó que no se justifica la asignación directa de dicho contrato, además de no contar con escrito que explique porqué se hizo.

  2. Contrato SG/CPS77-1/2017, asignado sin licitar bajo el concepto de “seguridad nacional”, fracción IV artículo 41, a la empresa Cassidian México, SA de CV, para proporcionar el “servicio de radiocomunicación con tecnología tetrapol para la Dirección General de Plataforma México (partida 2-servicios de mantenimiento correctivo y preventivo).

  3. Contrato SG/CPS/05-2/2017, asignado directamente a la empresa Teléfonos de México para el “servicio de telefonía, convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet (partida 6-Dirección General de Plataforma México). Gobernación pide revisar anexo técnico y adjudicación directa.

  4. Contrato SG/CPS/14/2016, asignado por “seguridad nacional” fracción IV Artículo 41, a la empresa Sixsigma Networks México, SA de CV. Dará el servicio de “videovigilancia administrada integral para el ejercicio fiscal 2016, el cual pretende dotar a Gobernación un servicio tercerizado de video vigilancia integral”.

Miguel Badillo/cuarta parte

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