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En estas páginas se está publicando una relevante investigación de Miguel Badillo. En el reportaje seriado se da cuenta del uso faccioso y corrupto del concepto de seguridad nacional que se hizo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La investigación del periodista deja al descubierto los contratos, por cientos, que en nombre de la “seguridad nacional” mantenía ocultos la última administración priísta.

El trabajo periodístico demuestra que la mayoría de los contratos clasificados como “reservados” o “confidenciales”, para supuestamente no afectar la seguridad del Estado mexicano, en realidad nada tenían que ver con la protección de información estratégica. Como lo está informando Contralínea, se trata de adquisición de bienes y servicios de jardinería, albañilería, alimentos, ropa de trabajo, artículos de baño, telefonía… y un largo etcétera. Tales documentos, de los que este medio posee copia, advierten de un modus operandi entre servidores públicos y empresarios para evadir la ley: celebrar contratos sin licitaciones de por medio, a costos superiores a los del mercado y con la garantía de impunidad que les otorgaba el manto de la “seguridad nacional”.

Tal modus operandi permitió firmar contratos por miles de millones de pesos sólo en la Secretaría de Gobernación, encabezada casi todo el sexenio pasado por Miguel Ángel Osorio Chong, hoy coordinador de la bancada de PRI en el Senado de la República. Pero la práctica estaba generalizada en las demás instituciones del Estado mexicano que podían invocar la “seguridad nacional” en sus adquisiciones: la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen, hoy con el nombre de Centro Nacional de Inteligencia), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Hacienda, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En las siguientes entregas se seguirá dando cuenta de los funcionarios involucrados, los empresarios favorecidos, los montos de dinero involucrados y los bienes y servicios adquiridos. Al descubierto, al detalle, el mal uso de concepto de la seguridad nacional para hacer negocios al amparo del poder.

Pero la “seguridad nacional” también fue usada ilegalmente para otros fines que no buscaban la protección de la nación. Igualmente grave, fue el uso, por parte del priísmo y el panismo, de los organismos de inteligencia para intentar preservarse, a toda costa, en el poder.

Contralínea publicó en pleno sexenio foxista una Hoja metodológica para la elaboración de agendas de riesgo. El documento daba cuenta de que el organismo de inteligencia civil del Estado mexicano se proponía “tutelar” las “reformas estructurales” (energética, educativa y laboral, principalmente). Es decir, se utilizarían los recursos del Cisen no para proteger a la nación sino para imponer proyectos del gobierno en turno. ¿Y quienes se oponían, por lo tanto, se podían considerar enemigos del Estado mexicano?

Posteriormente, a finales del sexenio de Felipe Calderón, Contralínea publicó una investigación en la que se revelaba el contenido de la “confidencial” Agenda Nacional de Riesgos. Entre la información revelada destacaba un hecho: la oposición de izquierda era considerada un “riesgo” o un “antagonismo” a la seguridad nacional. Incluso señalaba claramente a movimientos sociales como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Unión de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, por sólo mencionar a tres. Lo mismo pasaba con las versiones posteriores de la Agenda, ya en el sexenio de Peña Nieto, publicadas por este medio de comunicación.

Es decir, la “seguridad nacional” no era tal. Era la seguridad del grupo en el gobierno. Y asumía como enemigos del Estado a los mexicanos que pensaban distinto, en específico a la izquierda. El sector empresarial, la jerarquía eclesiástica, los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, ni siquiera eran considerados. Todo el esfuerzo se enfocaba en detener a la izquierda y supuestamente combatir al narcotráfico. Estamos ante otro uso faccioso del concepto de seguridad nacional.

Y, como pudimos ver, la férrea oposición de los funcionarios a que se conociera la Agenda Nacional de Riesgos no radicaba en que se revelaría información que vulneraría la seguridad nacional. Lo que en verdad les importaba es que quedaría al descubierto la utilización de los órganos de inteligencia del Estado para perseguir a la oposición, a defensores de derechos humanos, a activistas que se manifestaban contra la destrucción del medio ambiente, a líderes indígenas y a periodistas. Y, por el contrario, se utilizaban estos organismos para apuntalar negocios mineros, tolerar a los grandes evasores de impuestos y proteger megaproyectos.

La “seguridad nacional”, desde la fundación de la tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad en 1947 y hasta nuestros días, no ha existido en México. Han surgido y desaparecido varios organismos que en el mejor de los casos cuidaban intereses del gobierno en turno. En el peor, los de grupos enquistados en las estructuras del poder.

Por conocerse, el proyecto de seguridad nacional del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Habrá?

Zósimo Camacho

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