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Abuso de autoridad, tiempos prolongados de actuación ministerial, omisión en las diligencias para la investigación, uso excesivo de la fuerza y detención arbitraria e indebida son algunas de las irregularidades que se presentan en las instituciones de administración y procuración de justicia. Ello, sumado a la desatención y apatía de las mismas, provocan impunidad y desatención de víctimas de delitos, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Durante la presentación del Estudio sobre impacto y cumplimiento de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, el ombudsman aseguró que las instancias de procuración de justicia  “presentan una falta de plena autonomía, lo que provoca un sistema de justicia con limitada capacidad de investigación que incurre en violaciones a derechos humanos”.

Argumentó que esto se ve reflejado también en el índice de efectividad de la resolución de las carpetas de investigación, el cual es de 19.4 por ciento a nivel nacional, mientras que la probabilidad del esclarecimiento de un delito (que se denuncie y resuelva) es de 1.3 por ciento, de acuerdo con los datos que obtuvo del Censo Nacional de Procuracion y Administracion de Justicia de 2018.

En la misma conferencia, Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH, señaló como “preocupantes” las cifras registradas en las instancias de procuración y administración de justicia, ya que, informó, el número de delitos no denunciados asciende a 91 por ciento y el tiempo promedio nacional para presentar una denuncia es de 2.4 horas.

Ante ello, los integrantes de la Comisión coincidieron en que las instancias requieren de la “instrumentación de una política pública con la que se les otorgue plena autonomía, donde sean implacables, transparentes y con una actuación eficiente que priorice el acceso a la impartición de justicia para las víctimas de los delitos”.

El estudio elaborado por Elisa Ortega Velázquez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, recopila el seguimiento que  las instituciones dieron a las recomendaciones emitidas por la CNDH de 2001 a 2017, en donde los temas principales para la impartición de justicia fueron: detenciones arbitrarias, exámenes poligráficos, actos de tortura, uso ilegítimo de la fuerza, los derechos de víctimas de los delitos, el plazo para resolver una averiguación, la práctica de cateos ilegales, el ejercicio efectivo del derecho de seguridad pública y las irregularidades cometidas por la entonces Procuraduría General de la República en el caso Florence Cassez.

Karen Ballesteros