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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha apostado por renunciar a la mal llamada guerra contra el narcotráfico para privilegiar acciones que restauren de manera paulatina el tejido social (como el apoyo a niños y jóvenes por medio de becas, campañas de prevención de las adicciones y el fortalecimiento del sector salud para atender a los adictos). En ese mismo contexto, el presidente aseguró que hay que “mandar al carajo” y decirle “fuchi y guácala” a la delincuencia.

A la par, poco a poco va militarizando aún más el país con el despliegue masivo de la Guardia Nacional, aunque en este tema la instrucción no es precisamente enfrentar de manera directa y abierta a los criminales, sino hacerlo sólo cuando ya no hay más alternativa que repeler las agresiones armadas.

Por ello persiste la duda de cómo enfrentará a los poderosos grupos del crimen organizado, cuyo crecimiento exponencial se dio sobre todo en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, porque el combate fue una farsa: parte de la economía mexicana –como ocurre con la mundial– se sostiene con el dinero sucio y por eso la actividades criminales son toleradas o hasta alentadas desde el poder institucional.

Parece un hecho que este gobierno no permitirá las “asociaciones” institucionales con la delincuencia organizada, sea como política de gobierno (como ocurrió con la desaparecida Dirección Federal de Seguridad) o como cooptación de los servidores públicos por la llamada ley de plata o plomo. Lo que es en sí mismo un gran avance.

Pero no todo depende de la voluntad del gobierno federal o del presidente López Obrador, sino también de los gobiernos estatales y municipales y, en muchos casos esa batalla parece perdida. Ello, porque ciertos territorios permanecen bajo el yugo de la criminalidad, tanto por acción como por omisión de las autoridades. Así que no es tan fácil mandar al carajo a los grandes cárteles del narcotráfico.

Sin duda, la connivencia entre el crimen organizado y los poderes político y económico –que hasta antes del actual gobierno podrían haber alcanzado al más alto nivel en el Ejecutivo federal– fortalecieron los tentáculos de los delincuentes y favorecieron todos los negocios ilícitos a su alrededor.

Esas fortalezas son las que difícilmente se debilitan sólo con programas sociales de apoyo a los más desfavorecidos, las campañas de prevención de las adicciones, el fortalecimiento del sector y los discursos. Y es ahí donde aun no se esclarece cómo va a actuar la administración federal.

El poder de los cárteles

Para entender el tamaño del problema es necesario revisar cómo se encuentran actualmente los cárteles del narcotráfico y, al parecer, éstos mantienen su expansión y sus fortalezas. Sobre todo destacan dos: el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis.

En su análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations, el estadunidense Congressional Research Service indica que “actualmente la fragmentación o ‘balcanización’ de las principales organizaciones delictivas ha sido acompañada por la diversificación de muchos grupos en otros tipos de actividades criminales”.

No obstante, observa que aún son nueve los más poderosos, de los que apunta que “su estado actual revela la fluidez de todos los grupos criminales en México a medida que enfrentan nuevos desafíos de competencia y de la dinámica cambiante del mercado”.

El reporte, publicado a mediados de agosto pasado, señala que la fragmentación comenzó en 2010 y se aceleró en 2011. Esto redefinió el “campo de batalla” y trajo nuevos actores, como Los Zetas y Los Caballeros Templarios. Y luego los renovó, pues más recientemente de esa atomización se han encumbrado el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es sin duda el que mayor notoriedad y expansión logró en el sexenio de Peña Nieto, y Los Cuinis.

Al respecto, el análisis de los servicios de investigación del Congreso estadunidense observa que, “en 2018, una serie de organizaciones más pequeñas reaccionaron y algunos de los grupos que alguna vez fueron pequeños, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ingresaron al espacio que quedaba después de que se desmantelaran otras organizaciones criminales”.

Éste, refiere, tiene un alcance nacional similar al del Cártel de Sinaloa, “aunque originalmente era una facción aliada o el ala armada de esa organización”. El análisis también destaca “el papel de un cártel más nuevo, conocido como Los Cuinis”.

Agrega que desde abril de 2015, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombró a ambas organizaciones como traficantes de narcóticos especialmente designados, bajo la modalidad de narcotráfico extranjero por la Ley de Designación Kingpin. Ahora la misma OFAC señala que Los Cuinis se ha convertido en “uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos en México”.

Ya sobre el caso específico del Cártel Jalisco Nueva Generación, indica que originalmente fue conocido como Los Asesinos Zeta e hizo su primera aparición en 2011, con una exhibición en la carretera de los cuerpos de 35 presuntos miembros de Los Zetas.

Esta organización opera no sólo en Jalisco, sino también en Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero y Guanajuato. Y su fuerza ha llegado a tal punto que se ha convertido en una fuerza dominante en la zona conocida como Tierra Caliente (Guerrero y Michoacán).

Según el análisis, ha ampliado su alcance geográfico y ha mantenido su propia cohesión, mientras explota la fragmentación de la organización de Sinaloa, y que ya tiene presencia en 22 de los 32 estados mexicanos.

Agrega que este cártel, encabezado por Rubén Oseguera Cervantes, alias Mencho, opera en América, Asia y Europa. “Es responsable de distribuir cocaína y metanfetamina a lo largo de 10 mil kilómetros de la costa del Pacífico en una ruta que se extiende desde el Cono Sur hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá”. Frente a este poderío, ¿basta repelerlos con un carajo, fuchi, guácala?

Nancy Flores

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