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Empresas factureras y fantasmas serán equiparadas con la delincuencia organizada y contrabando; por ello, quienes las operen o se beneficien de ellas ameritarán prisión preventiva oficiosa.

Este día, el pleno del Senado avaló aumentar las penas de 5 a 8 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, con 82 votos a favor y 34 en contra en lo general

El dictamen reformó las leyes Federal Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, y los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.

Las mismas sanciones serán aplicadas a quien permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Además, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, éste será destituido del empleo e inhabilitado de 1 a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.

Al presentarlo, la senadora Marybel Villegas Canché –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público– señaló que de 2014 a junio de 2019 se identificaron casi 9 mil empresas que facturan operaciones simuladas por 1.6 billones de pesos, lo que implica una evasión de 354 mil millones de pesos. Esto equivale a 1.4 por ciento del PIB.

 

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