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Luego de 2 años de ocurrido el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, quien fuera su esposo de 2001 a 2016, Martín Alberto Medina Sonda, fue encontrado culpable del delito de “feminicidio agravado”. El fallo fue emitido el pasado 6 de septiembre por el Primer Tribunal de Juicio Oral ubicado en Mérida, Yucatán.

En la audiencia –llevada a cabo en el Centro de Justicia Oral– también se halló culpable a Juan Ramón Moreno Hernández, por el delito de homicidio culposo al estar relacionado con el mismo caso, ocurrido en marzo de 2017, según un comunicado de la Fiscalía General del Estado.

Medina Sonda orquestó el delito “durante su estancia en reclusión en Villahermosa, Tabasco”. Al empresario se le acusó de “enriquecimiento ilícito” en complicidad con el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, relata a Contralínea Carlos Molina Canto, hermano de la víctima.

Emma Molina vivió 15 años bajo un ambiente de violencia física, incluso le fue fabricado el delito de clonación de tarjetas en Jalisco, “por el que giraron una orden de aprehensión en contra de mi mamá y de Emma”, asegura Molina Canto.  “Mi hermana tuvo que fallecer para poder aspirar a un poco de justicia”, añade.

En los años previos a su muerte, la familia de la víctima acudió a “todas las instancia defensoras de derechos humanos” para pedir protección. Fue hasta 2014 que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 54/2014, en la que exigió al gobierno de Yucatán medidas cautelares de resguardo para Emma Gabriel, sus hijos y su madre. Recomendación que fue cumplida de forma parcial, precisa Carlos Molina Canto.

Y es que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), institución encargada del acompañamiento de la familia, no les brindó asesoría jurídica de “manera correcta”, por lo que buscaron asesoría privada con sus propios recursos, denuncia Molina Canto.

Para el hermano de la víctima, la Comisión “no sabe tratar a las víctimas, ni darles protección”, pues ?señala? todo procedimiento como conseguir acreditaciones y documentación para solicitar audiencias y el caso fuera investigado, lo realizó la familia por cuenta propia. Ni con la ayuda de Adriana Dávila Fernández, quien en 2017 fue senadora, hoy diputada federal miembro del Partido Acción Nacional. “Batallamos para poder acceder a justicia, mientras él [Alberto Medina] se contrató 10 abogados para su defensa”.

Hasta el momento la justicia recibida es “muy pequeña”, opina Molina Canto, porque todavía no ha quedado nada firme hasta que se dictamine la sentencia de Medina Sonda y Moreno Hernández, la cual será emitida en la audiencia del próximo jueves 12 de septiembre en la capital de Yucatán.

Aunque el fallo fue emitido, la familia de Emma Gabriela Molina vive con miedo de poder ser atacados físicamente, culmina Carlos Molina.

Jordana González