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Los albergues escolares rurales y las casas escuela son verdaderos oasis para niñas y niños en medio de regiones azotadas por la violencia del narcotráfico, la miseria, la desnutrición y las enfermedades. Suman 51 (49 albergues y dos casas) en todo el estado de Michoacán. Subsisten por la convicción de los maestros, tutores y demás trabajadores que hacen funcionar estos centros con casi todo en contra: presupuesto raquítico, interrupción del flujo de recursos, entorno de criminalidad y precariedad laboral.

Los resultados están a la vista: más de 2 mil 500 niños y niñas que, además de mantenerse fuera del contexto de violencia social (y, en muchos casos, familiar), tienen asegurados alimentación, cobijo, calzado, uniformes y, gracias a las asesorías de tutores y maestros, terminan convirtiéndose en los de mejor aprovechamiento escolar de los planteles a los que asisten.

Cada albergue tiene la capacidad de atender a 50 becarios; 37 de estos centros son para alumnos de nivel primaria y 12 para los de educación secundaria. El presupuesto asignado para estos planteles, por estudiante –sea niño o adolescente–, es de 40 pesos. Con ellos se deben solventar las tres comidas del día. Se trata de una cantidad muy por debajo de la que, por ejemplo, se asigna a la población carcelaria (135 pesos por recluso). Realmente, los directores y demás trabajadores de los albergues y casas estudiantiles deben hacer esfuerzos impresionantes para que cada comida de los alumnos tenga un costo real de alrededor de 13 pesos de manera individual.

Lo peor es que esos recursos generalmente llegan tarde, porque no están etiquetados y el gobierno del estado, a cargo de Silvano Aureoles Conejo, puede demorar meses en entregar los dineros. Los directores de los centros deben conseguir recursos o pedir fiado a los proveedores. Así, con total indolencia, irresponsabilidad y menosprecio, el gobierno de Aureoles se muestra reacio a entregar los recursos para estos albergues y casas estudiantiles, pero está presto a repartir toletazos a quienes protestan.

Los 51 centros están ubicados, como decíamos, en las zonas rurales hoy muy complicadas por la presencia de grupos beligerantes del narcotráfico y por la pobreza. Dos están en el municipio de Aguililla; uno en La Huacana; dos en Churumuco; uno en Tumbiscatío; uno en Parácuaro; cuatro en Coalcomán; uno en Desmontes; dos en Chinicuila; tres en Aquila; cuatro en Lázaro Cárdenas; uno en Arteaga; uno en Coahuayana; tres en Carácuaro, y uno en Epitacio Huerta.

La lista concluye con uno en Madero; dos en Nocupetaro; uno en Salvador Escalante; dos en Turicato; cuatro en Tzitzio; uno en Ario de Rosales; uno en Zinapécuaro; uno en Nuevo Parangaricutiro; uno en Tancítaro; uno en Paracho; uno en Maravatío; dos en San Lucas; uno en Susupuato; uno en Tiquicheo; uno en Tuzantla, y uno en Jungapeo.

De los 51, 48 albergues escolares rurales dependen del subsidio federal. Mientras, un albergue y las dos casas escuela dependen del subsidio del gobierno del estado.

Es imperante que se establezca un marco legal robusto para asegurar el funcionamiento de estos centros y que no estén a merced de la veleidosa voluntad del gobernante en turno. Deben, incluso, incorporarse a la Ley General de Educación. Lo anterior, para evitar que el gobierno estatal retenga los recursos. En lugar de amenazar la existencia de estos centros, el Estado mexicano debería procurar la apertura de más planteles.

Asimismo, sería importante que quienes laboran en estos centros tengan claridad en sus horarios y una jornada laboral y salarios justos.

Además, es necesario que el presupuesto para estos albergues y casas se amplíe a, cuando menos, 120 pesos diarios por alumno. Sobre todo, en aquellos destinados a los adolescentes, que requieren mayores ingestas de alimentos.

De hecho, una representación de estos 51 albergues, con el acompañamiento de la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), propone que se establezcan reglas de operación que den certeza a este programa de albergues escolares rurales y casas escuela de Michoacán. Lo anterior, para que los depósitos económicos se den en tiempo y forma, “buscando asegurar, alimentación, calzado, uniformes, infraestructura y mantenimiento y gastos operativos”.

“Becarios sí, sicarios no” es la consigna con la que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha justificado la puesta en marcha del programa Jóvenes Construyendo el Futuro: becas por 3 mil 600 pesos mensuales para cada muchacho y muchacha de todo el país, de entre los 18 y los 29 años de edad, que se capaciten en empresas, previa inscripción. También es la frase que anima la puesta en marcha de otras tres becas para estudiantes desde el nivel prescolar hasta el superior.

El objetivo de los cuatro programas citados, ha señalado el presidente, es que los alumnos no abandonen sus estudios, no caigan en las redes de la delincuencia (común y organizada) y se forjen un mejor futuro.

Pero hay un programa que ya funciona –a nivel estatal– y que cumple con creces los objetivos señalados por el presidente. Los albergues escolares rurales realizan un trabajo incuantificable, invaluable. Cada niño y niña bajo esos techos están a salvo de los violentos cárteles que se disputan las regiones y están a salvo de la desnutrición y la falta de educación.

Ahí están los albergues escolares rurales y las casas escuela de Michoacán. ¿Habrá quién en la “cuarta transformación” se preocupe por este modelo que logró subsistir al neoliberalismo de los gobiernos anteriores pero que hoy está más amenazado por la negligencia, la soberbia y la “austeridad”?

Zósimo Camacho

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