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Con una “deuda no documentada” por 22 mil millones de pesos, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió la administración de esa dependencia con una larga lista de pendientes y presuntas irregularidades que hasta ahora –en los primeros 9 meses del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador– no se ha podido determinar el monto del posible daño patrimonial y el supuesto desvío de recursos al que se enfrentan.

“Son muchos expedientes abiertos por contratos mal otorgados, faltantes de bienes y servicios comprados, devíos de recursos públicos, asignaciones sin licitar”, dice una de las fuentes involucradas en las investigaciones que llevan cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control (OIC), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Precisan que todas las anomalías que ahora son investigadas y que empiezan a identificarse por montos y daños causados, corresponden a los primeros 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando al frente de Gobernación estaba el hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong.

Uno de esos expedientes y del cual el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, ha dado detalles a la prensa desde hace varias semanas, es el relacionado con la adquisición de un megasistema de inteligencia denominado “Análisis, Diseño e Implementación de la Plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia”, para el supuesto uso de la División de Inteligencia Policía Federal, que en el sexenio pasado estuvo a cargo de Damián Canales Mena.

Bajo el argumento de “seguridad nacional”, la adquisición de ese sistema de inteligencia (software, drones, decifrar datos, etcétera) por alrededor de 2.5 mil millones de pesos se hizo directamente con la empresa israelí Rafael Advance Defense Systems, la cual lo habría vendido a más del doble de su precio; pero lo más grave, afirman los investigadores, es que se compró un sistema motorola “incompatible” con el equipo con el que cuenta el área de inteligencia de la Policía, por lo que “prácticamente no se pudo utilizar en el sexenio pasado. De tal manera que fue una compra cara, absurda e incompleta, pues faltaron entregables por alrededor de 1.5 mil millones de pesos”.

Los directamente relacionados en las indagatorias son por ahora el exsecretario de Gobernación, Osorio Chong; el excomisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales Mena; y hasta el exoficial mayor de Gobernación, Jorge Márquez. Este último está relacionado en varios expedientes abiertos en la SFP y en la ASF.

En la información que se había proporcionado anteriormente, el secretario Durazo había afirmado que dicha compra se hizo en 2015 y ascendió a 2 mil 458 millones de pesos, lo que significó un sobreprecio de casi el ciento por ciento, por lo cual aún se adeuda a la empresa israelí cerca de 1.5 mil millones.

Explicó que fue el policía Damián Canales quien autorizó y firmó el contrato de la compra y los convenios modificatorios que elevaron cuantiosamente el precio sin que hubiera “entregables” en el patrimonio de la Policía Federal.

Las fuentes relacionadas con las indagatorias revelaron que resulta por lo menos “extraño” que en las pláticas que sostuvieron representantes de la empresa Rafael Advance Defense Systems con funcionarios de Gobernación para que les finiquitara dicho contrato, estuvo presente un alto directivo de la empresa Televisa, defendiendo los intereses del capital israelí, hasta que se le advirtió que no se había entregado completo el producto y por tanto no se podía pagar.

Cuentan que en esa reunión el mismo directivo de Televisa reculó ante tal advertencia y después reconoció que si no había “entregables” de parte de la empresa de Israel, entonces no podían estar cobrando la cantidad acordada.

Puntos suspensivos… Como lo habíamos comentado desde hace varios meses en esta columna, las indagatorias en contra del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, cada vez lo ponen más cerca de un proceso penal que lo podría llevar a la cárcel por los supuestos delitos de corrupción, abuso de poder y uso indebido del servicio público. Según las indagatorias, que alcanzan también el manejo de cuentas bancarias e inversiones, el exfuncionario utilizaba despachos de abogados privados para triangular procesos penales y administrativos que tuvieran relación alguna con el gobierno federal y era allí en donde se solucionaban previo pago de comisiones que oscilaban entre el 30 y el 60 por ciento de los montos en conflicto… Sin embargo, no sólo se investiga al abogado Castillejos, también hay averiguaciones penales y financieras en contra de quien fuera director general de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Bazbaz Sacal. El titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda reveló que hay un expediente abierto contra Bazbaz por diversas anomalías y en breve se dará a conocer el avance de esas indagatorias… Otro abogado sujeto a investigación es Alfredo Castillo Cervantes, exdirector de la Conade y excomisionado del gobierno federal en Michoacán, quien estaría relacionado en negocios con Castillejos y Bazbaz… Otro que anda muy nervioso es el ministro Eduardo Medina Mora, aquel que ha estado presente en todas las reuniones y festejos en bodas, cumpleaños y bautizos de priístas y abogados que los defienden. Resulta que además de las cuentas bancarias que revisa la UIF al ministro Medina Mora, esposa y familia, se descubrieron cuantiosas transferencias y triangulaciones de una financiera y un fideicomiso. También se analiza el testamento que dejó su hermano el banquero Manuel Medina Mora, fallecido a principios de agosto, y quien había sido copresidente de Citigroup… Y rematamos con un hecho poco usual que habría ocurrido a finales de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando se utilizó el área de contrainteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional para espiar a quien hoy ocupa la Dirección General de la UIF, Santiago Nieto, a quien le enviaron a su domicilio las evidencias del puntual seguimiento que le hicieron, y del que se omiten los detalles. Se afirma que habría sido el exoficial mayor de Gobernación, Jorge Márquez, quien habría dado la orden; sin embargo, preguntamos directamente al exfuncionario y su respuesta fue contundente: “sí se hizo, pero no fui yo, fue Beltrán”, en referencia al subprocurador Alberto Elías Beltrán, quien estuvo encargado del despacho de la PGR y con quien Santiago Nieto tuvo fuertes conflictos como fiscal electoral.

Miguel Badillo

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