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El árbol que nació torcido en el porfiriato

Desde inicios del siglo pasado en que surgieron los primeros visos de la industria eléctrica, el gobierno de Porfirio Díaz condenó al país a la dependencia energética al entregar concesiones de generación a empresas extranjeras; con la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 1937, en el gobierno de Lázaro Cárdenas, su política nacionalista buscó que el Estado generara electricidad para impulsar un verdadero desarrollo económico, objetivo cristalizado con la nacionalización del sector el 27 de septiembre de 1960, en el sexenio de Adolfo López Mateos.

Con la llegada de los regímenes neoliberales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la administración de Carlos Salinas de Gortari se inició una reversa al proyecto nacionalista, al abrir la participación de la industria eléctrica al capital privado, nacional e internacional. Esta desnacionalización trató sin éxito de llevar a la apertura total del sector en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, pero en el gobierno de Felipe Calderón dio inició el proceso privatizador con el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que había denunciado esta estrategia.

La reforma energética de Enrique Peña Nieto terminó de abrir las puertas a las trasnacionales que ya detentaban la mitad de la generación de energía del país y regresó a la industria eléctrica al punto de partida del porfiriato, al permitirles una participación total en el sector. Ante la necesidad de devolver su sentido nacionalista a esta rama estratégica, urge un debate en el país que le devuelva el rumbo perdido, con la participación de los tres poderes de la Unión, los usuarios y trabajadores con el fin de que la electricidad vuelva a ser puntal del desarrollo económico social y económico de México.

En esta serie de entregas trataremos de llevar de la mano a nuestros lectores sobre los antecedentes y cambios que ha sufrido el sector eléctrico durante el pasado siglo y las primeras dos décadas del nuevo milenio, pero, sobre todo, plantear su futuro en consideración al bienestar de las mayorías.

Y se hizo la luz…

Aunque fue en 1880 cuando se instalaron las primeras bombillas de iluminación en el Zócalo capitalino, al comenzar a operar las incipientes empresas generadoras de energía como la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica en la Ciudad de México y otras más  en ciudades como Guadalajara, 1884; Monterrey, 1888;  Veracruz y Mérida, 1889, no fue hasta 1902 en que hizo su aparición en nuestro país la empresa canadiense Mexican Light and Power Company (Mex-Light), que se inició el desplazamiento paulatino de las pequeñas compañías hasta permitirle, con las concesiones y el apoyo total del gobierno de Porfirio Díaz, convertirse en las primeras cinco décadas del siglo pasado en el monopolio eléctrico más importante del país hasta su nacionalización en 1960.

Bastaron un par de años para que en 1906, la poderosa Mexican Light tuviera a su favor más concesiones del gobierno mexicano y de las autoridades locales de Puebla, Hidalgo, Estado de México y Michoacán. Además, y como parte de la misma firma anglocanadiense, surgió la Mexican Tramways, ambas empresas compartieron hasta 1933 oficinas, talleres, operarios y sistemas de administración.

El régimen autoritario de Díaz no midió las consecuencias que tendría años más tarde para la economía del país y la ralentización de su crecimiento, el permitir el desplazamiento de las pequeñas firmas locales, alentando y protegiendo al monopolio generador de energía más grande de México y en su momento de América Latina.

El dictador no sólo otorgó a la empresa extranjera concesiones de 50 y hasta  97 años; además, les autorizó el aprovechamiento irrestricto de aguas propiedad de la nación, permitiéndoles instalar plantas hidroeléctricas, redes de transmisión, distribución y oficinas de comercialización. Por ejemplo, el 24 de marzo 1903, la Mexican Light obtuvo el permiso para explotar los ríos Necaxa, Tenango y Xaltepuxtla.

En aras de un aparente proyecto de desarrollo nacional, Díaz entregó la dependencia de la economía nacional a los propósitos desmedidos de acumulación de ganancias del capital extranjero, de tal manera que tras el triunfo del movimiento armado de 1910, la naciente industria eléctrica se vio sometida al uso de una tecnología atrasada, no competitiva y que en consecuencia sólo abastecía de materia prima y servicios intermedios a las empresas. Las compañías extranjeras, con la mano en la cintura, se llevaron millonarias ganancias por regalías y utilidades.

En contrasentido a su expansión y alta rentabilidad, para el monopolio eléctrico las condiciones laborales de sus trabajadores eran un asunto de poca importancia, pues desde su entrada en funciones las firmas extranjeras aplicaron una sistemática represión a todo intento por constituir una organización que defendiera sus derechos.

En medio del fragor de la lucha revolucionaria, el 14 de diciembre de 1914, nació el SME, iniciando un mes después, el 19 de enero de 1915, negociaciones con la Mexican Telegraph and Telephone, que si bien aceptaba el diálogo se negaba a reconocer al naciente sindicato, como era también el caso de la Mexican Light.

La lucha por lograr mejores condiciones a los trabajadores fue dura, pues además de la intransigencia de las firmas extranjeras, en 1916, el gobierno de Venustiano Carranza mandó encarcelar a sus dirigentes por el hecho de haber ido al paro, al exigir el pago de su salario en oro y no en papel moneda que perdía valor. El entonces secretario general Ernesto Velasco estuvo a punto de ser fusilado por asumir con el Sindicato Mexicano de Electricistas el reclamo generalizado no solo de sus agremiados, sino de todos los obreros de la Ciudad de México.

La raigambre histórica del SME estuvo siempre ligada al parto revolucionario del país y al nacimiento de la industria eléctrica nacional.

Creciente monopolio

En el contexto de las décadas posteriores al México posrevolucionario y en su afán de lucro, la Mexican Light y otras firmas como la American and Foreign Power, sólo se preocuparon por prestar el servicio a los industriales y a los sectores sociales que podían redituarles ganancias seguras sin reclamar por sus altas tarifas, sobre todo en los centros urbanos. Las áreas rurales, semi-rurales y zonas de extrema pobreza urbana nunca entraron en sus planes de expansión, pues ello hubiera requerido realizar inversiones riesgosas y de largo plazo con ganancias dudosas o mínimas. México y el desarrollo integral de su población, nunca fueron sus prioridades.

Ante el riesgo de que el desarrollo nacional estuviera supeditado a los intereses de las firmas extranjeras, el 14 de agosto de 1937 el presidente Lázaro Cárdenas decretó el nacimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El país tenía entonces 18,3 millones de habitantes y solo tres empresas ofrecían el servicio eléctrico a unos 7 millones de mexicanos; es decir, 62 por ciento de la población carecía del servicio eléctrico.

La política nacionalista en favor del sector eléctrico iniciada en el sexenio de Cárdenas se cristalizó el 27 de septiembre de 1960, con la nacionalización del sector en el gobierno de Adolfo López Mateos.

Martín Esparza Flores

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