Es una de las tres normales indígenas del país y la única que, además de ser indígena, es intercultural y bilingüe. Se encuentra en el municipio de Zinacantán, en el estado de Chiapas. La historia que hoy vive esta institución es insólita y, debería ser, escandalosa.
Como en el caso de las normales rurales, ha subsistido estos años neoliberales gracias al empuje y la conciencia de sus alumnos que, generación tras generación, deben movilizarse para mantenerla abierta. En semanas pasadas, los estudiantes demandaron que se realizara una auditoría a la dirección anterior, a cargo de Manuel Bolón, luego de evidencias de desvío de recursos; la asignación de una plantilla completa de profesores, y la liberación de los recursos para la compra de diésel para los autobuses que diariamente deben trasladar a los estudiantes desde San Cristóbal de las Casas hasta el plantel. Se trata de demandas legítimas que, lejos de violentar las leyes, se realizan en el marco de lo dispuesto por la Constitución mexicana.
La respuesta de las autoridades fue el anuncio del cierre definitivo de la escuela y una campaña de desprestigio contra los alumnos. El cierre de la escuela fue “decretado” (así, como si tuviera facultad para hacerlo) por el presidente municipal de Zinacantán, el priísta Francisco de la Cruz Pérez. El berrinche del servidor público del tercer nivel de gobierno ocurrió luego de que los alumnos no se sometieran y rechazaran las migajas que recibían del estado y la Federación. Lo sorprendente es que el gobierno de Rutilio Escandón (hoy de Morena, antes del PRD, priísta de origen) secundara la determinación. El gobierno federal –en complicidad, más que por omisión– en los hechos ha avalado el “cierre definitivo” de la normal.
Para el inicio del presente ciclo escolar, los estudiantes se encontraron con que no había recursos para el diésel de los autobuses que deberían salir de San Cristóbal de las Casas rumbo a Zinacantán. La escuela no cuenta con internado (una de las demandas de las sucesivas generaciones de la normal) y, por lo tanto, los estudiantes (provenientes de las regiones indígenas de la entidad) deben pernoctar en algún lugar de San Cristóbal. El autobús tiene que trasladarlos todos los días hasta la escuela en un recorrido de 11.3 kilómetros. Los alumnos tuvieron que llegar caminando al que sería su primer día de clases. Ni pensar en las líneas de autobuses privadas, pues cobran 60 pesos el trayecto. Pagar diario 120 pesos (ida y vuelta) es inalcanzable para estos estudiantes indígenas.
Eso fue apenas la primera sorpresa. No fue la peor. En lo que sería la ceremonia del inicio de cursos se les presentó el nuevo cuerpo de maestros: apenas seis profesores y dos directivos para una población de 357 alumnos y alumnas. Ni siquiera con la capacidad de cubrir todo el mapa curricular. Además, entre la planilla de profesores que posteriormente se integraría, figura el nombre del Manuel Bolón, el exdirector cuya administración piden los estudiantes que sea auditada.
Y para la burla, las autoridades les anunciaron que, por recorte de presupuesto, no habría cupo para todos los de nuevo ingreso, ya ahí presentes, aceptados formalmente por la institución, inscritos y quienes incluso ya habían pagado los derechos de trámite de nuevo ingreso. Les dijeron que en lugar de 90 sólo podrían ingresar 80: que 10 estaban fuera y no habría marcha atrás.
En ese mismo lugar los estudiantes tomaron la palabra, en pleno uso de los derechos a las libertades de expresión. Reclamaron a las autoridades y dijeron que se movilizarían; que no aceptaban esas condiciones, y que iniciarían una jornada de protestas. Indignado, el presidente municipal de Zinacantán declaró entonces el “cierre” de la normal.
Ahora las autoridades federales y estatales no reciben a los estudiantes. Simplemente dejaron de enviar presupuesto, maestros y autobuses. ¿Así responde la llamada 4T a las demandas de estudiantes indígenas? ¿No que becarios sí, sicarios no? ¿Creen que pueden burlarse de estudiantes y borrarlos de un plumazo precisamente porque son indígenas?
En la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek estudian indígenas de nueve de las 12 lenguas que se hablan en Chiapas. Las licenciaturas que se imparten son en educación primaria y en educación prescolar, ambas con la especialidad en educación indígena intercultural.
Esta escuela no sólo es necesaria en la entidad, las propias comunidades la han hecho suya. Cada año recibe entre 400 y 500 solicitudes de nuevo ingreso, aunque sólo acepta a 90. La demanda es la más alta de las normales del estado, sólo por debajo de la Escuela Normal Rural de Mactumactzá.
Ahora, en plenas movilizaciones en demanda de diálogo, los estudiantes se encuentran bajo represión directa por parte de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno y bajo una campaña política y mediática orquestada por las autoridades estatales y municipales.
Sólo son estudiantes indígenas demandando un lugar digno para estudiar. Sólo son muchachos y muchachas exigiendo rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos a los que tienen derecho. ¿Tienen que entender que el cierre de su escuela es la “cuarta transformación”? Videos de las indignantes golpizas contra alumnos y alumnas que les propinan las fuerzas policiacas circulan en redes sociales. Rutilio gobierna bajo las siglas de Morena. La actual clase gobernante no puede deslindarse de esta represión.
Zósimo Camacho
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