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Aunque López Obrador asegura que la FGR es autónoma y que no ha intervenido en la judicialización de los grandes casos contra la corrupción –Robles, Lozoya, Collado y Ahumada–, sólo con la “voluntad política” de su gobierno se puede impulsar la lucha contra este flagelo. La participación federal en los asuntos de alto perfil político se ha dado, al menos, en la estrecha cooperación interinstitucional para integrar las denuncias

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe de gobierno con resultados en su lucha contra la corrupción que no podrá presumir, por la autonomía de la Fiscalía General de la República (FGR): en la cárcel, la exsecretaria de Estado Rosario Robles, y Juan Collado, el abogado de sus la llamada mafia del poder, encabezada por Carlos Salinas de Gortari.

A estos dos casos de alto perfil –judicializados en lo que va de su administración– se suman los del exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, actualmente prófugo de la justicia; y del empresario Carlos Ahumada, quien enfrenta un proceso de extradición desde Argentina, y quien orquestó los llamados videoescándalos que dañaron la campaña de López Obrador a la Presidencia en 2006.

Estos casos demuestran avances en la judicialización, porque pueden ir creando una cultura de acceso a la justicia y develar lo que ha sucedido en casos muy graves, considera el defensor de derechos humanos Fernando Ríos Martínez, al evaluar los 9 meses del actual gobierno y de cara a la entrega del Primer informe.

“Estaremos viendo las capacidades que tiene el nuevo gobierno para sustentar estos casos, hacer investigaciones y llevar finalmente [a la cárcel] a los responsables no sólo con un carácter político, sino que evidencien las redes de corrupción”, agrega el secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos.

Castigar la corrupción va de la mano del combate a la impunidad. En entrevista con Contralínea, la investigadora Fabiola Navarro Luna, coordinadora del Observatorio contra la Corrupción y la Impunidad e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que “la sanción no es la única ni la mejor forma de prevenir actos de corrupción, pero sí es necesaria y sí manda un mensaje claro, y es que las personas que participan en actos de corrupción no quedan impunes y tienen que ser juzgadas”.

Para la experta en temas de anticorrupción, no es fácil saber hasta qué punto la mano de López Obrador está detrás de la judicialización de estos casos. “Es difícil saber cuál es el nivel de participación del gobierno federal, porque son investigaciones que al estar en curso están protegidas por cierta secrecía en el manejo de la información”.

La doctora en derecho agrega que muchos de los insumos con los cuales inicia las investigaciones la Fiscalía tienen como fuente de información la Auditoría Superior de la Federación, “pero la Fiscalía puede y está obligada a pedir información al gobierno la relación de movimientos bancarios, contribuciones, pago de impuestos, [la cooperación de] toda el área de la Secretaría de Hacienda que se encarga de la supervisión de los flujos de dinero”.

Y agrega que “sería natural y normal saber que el gobierno federal, por conducto de sus áreas de control y de manejo de inteligencia financiera, esté aportándole a la Fiscalía toda la información de la que dispone para poder documentar toda esta red de operaciones que llevaron a los desvíos de recursos”.

Política anticorrupción

A 4 días de que el presidente rinda su Primer informe de gobierno, el 28 de agosto López Obrador le pidió a los funcionarios del gabinete legal, ampliado y a los delegados federales que no bajen los brazos en el combate a la corrupción. Para el mandatario, ésta es una prioridad de su gobierno que ha quedado plasmada en el apartado “Política y gobierno” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024: “erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”.

Publicados el 12 de julio pasado, los lineamientos critican que “la característica más destructiva y perniciosa de los neoliberales mexicanos fue la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular. La corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico. Por eso estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira”.

Para la investigadora Navarro Luna, en estos 9 meses no han cambiado las normas en materia de corrupción ni los órganos ni la distribución de competencias. “Lo que sí hay es un mensaje directo del presidente que pretende influir en el comportamiento de los servidores públicos, pero todavía no está disponible, y sería interesante ver si se presentan en el primer informe datos que nos hablen de áreas en las cuales se haya podido hacer intervenciones en materia de corrupción y sus resultados”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, a nivel nacional, el 47.3 por ciento de la población de 18 años y más que tuvo contacto con algún servidor público experimentó un acto de corrupción en el primer semestre de 2019.

Luchas contra la impunidad

El defensor de los derechos humanos fray Miguel Concha Malo considera que “la lucha contra la corrupción es una lucha que sobre todo ha llevado a cabo la Fiscalía General de la República y la unidad de fiscalización en el combate contra el huachicol, pero falta ver que los responsables del huachicol pasen a ser efectivamente investigados y juzgados frente al saqueo que han hecho de los hidrocarburos en el país”.

Sostiene que “no sólo hay que luchar contra la corrupción, sino también contra la impunidad, son las dos caras de una misma moneda, si hay lucha contra una debe haber lucha contra la otra”.

Respecto a esto, la doctora Fabiola Navarro explica que “el combate a la corrupción tiene varios momentos y uno muy importante sin duda es el que le corresponde a los gobiernos federal y locales, a todas las estrategias de control interno para evitar que sucedan estos actos. A nivel federal, sentiremos que hay avances cuando el control interno sirva efectivamente para evitar conductas o para detectar conductas como la del caso de la estafa maestra. Pero luego está todo el ámbito jurisdiccional que implica el ámbito independiente y autónomo de las fiscalías”.

Para la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, “necesitamos que las persecuciones de los asuntos se lleven a cabo bajo métodos científicos más rigurosos con evidencia sólida y con razonamientos firmes, de tal manera que los casos se construyan a partir de elementos muy sólidos para que, cuando vayan al poder judicial, puedan ser procesados en sus méritos y no terminen desestimándose porque no hay pruebas o porque no hay elementos que vinculen a las personas con los actos de corrupción”.

Agrega que ahora mismo es necesario que se nombre a los magistrados que faltan en materia administrativa, ya que son los que van a conocer las faltas graves de corrupción, “necesitamos ver qué pasa con el poder judicial, si ya está listo para procesar grandes casos de corrupción como los de Robles, Lozoya, Collado y Ahumada”.

La doctora Fabiola Navarro considera que afianzar el combate a la corrupción requiere de “mejorar la calidad de vida de las personas, elevar los niveles y la calidad de la educación, garantizar los aspectos básicos que dan tranquilidad a las personas, como es la seguridad social, la seguridad personal, la seguridad pública, de tal manera que las personas estén en mejores condiciones de poder involucrarse con los asuntos públicos y nos podamos transformar en una sociedad más exigente y menos tolerante con los abusos del gobierno”.

Finalmente, la experta en anticorrupción observa que la relación entre las medidas de austeridad y el combate a la corrupción no es clara. “Hace falta que nos expliquen cómo se vincula tener un buen salario con un acto de corrupción. Yo creo que es necesario que el gobierno explique mejor porque no está claro que una cosa conduzca a la otra”.

Otro tema, indica, es el de los excesivos salarios, los pagos adicionales al sueldo base que sí se deben revisar. “En México, la distancia entre los que más ganan y los que menos ganan en el ámbito del servicio público es muy grande, y es necesario compactarla; pero también es necesario profesionalizar el servicio, remunerar adecuadamente a las personas por la prestación de sus servicios; pero eso es distinto a las conductas de corrupción que tienen otra lógica, otros elementos, otras características, y ahí necesitamos ver específicamente cómo se vincula, por ejemplo, con el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, porque no me parece clara esta relación entre sueldos altos y corrupción”.

Viridiana García

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