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Cada día, un promedio de 77 personas son asesinadas en México. La seguridad y la paz social son las principales deudas del gobierno, admitió López Obrador este 28 de agosto, en víspera de presentar su primer informe. Expertos consideran que su estrategia, encabezada por la Guardia Nacional, se basa en un modelo militar fracasado que vulnera los derechos humanos

La Guardia Nacional, principal estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la inseguridad y la violencia que asolan al país, se basa en un modelo militar que ha fracasado y que, además, violenta los derechos humanos de la población.

El hecho de descansar la seguridad pública en las Fuerzas Armadas (en las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina) implica un riesgo de violación grave de derechos humanos, señala el defensor Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP AC. “Tenemos que ver que efectivamente no se trate de la militarización de la seguridad pública”.

En entrevista con Contralínea, el defensor agrega: “Nunca estuvimos de acuerdo con la militarización de la Guardia Nacional y la razón de fondo es porque ya está comprobado aquí en México que las Fuerzas Armadas han violentado gravemente los derechos humanos”.

Muestra de ello es que, a diario, un promedio de 77 personas son asesinadas en el país, de acuerdo con el informe Víctimas reportadas por delito de homicidio (Fiscalías Estatales y Dependencias Federales), elaborado por el equipo interdisciplinario constituido por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional, Marina y la Fiscalía General de la República y entregado todos los días al presidente.

En víspera de presentar su Primer informe de gobierno, en su conferencia matutina del 28 de agosto, López Obrador reconoció que la violencia “es el principal problema que estamos enfrentando”. Minutos antes, en su reunión de gabinete que realiza de lunes a viernes a las 6 de la mañana, el mandatario había recibido un trágico reporte del equipo interdisciplinario: el 27 de agosto se registraron 100 homicidios dolosos en el país, incluidos los 25 registrados en un bar de Coatzacoalcos, Veracruz, que fue quemado por el crimen organizado.

Aunado a ello, y de acuerdo con el informe de incidencia delictiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de junio a julio de 2019, aumentaron los delitos un 2.18 por ciento a nivel nacional, y los feminicidios, un 4.94 por ciento.

Resolver el problema de inseguridad no será a través de un modelo fracasado como ha sido el militar, ni tampoco a través de los grupos paramilitares que en muchas ocasiones han fungido a favor de los gobiernos estatales y municipales, sino de procesos firmes de inteligencia, de prevención de la violencia y de ir fomentando también el tejido social como lo hacen las organizaciones”, indica Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos Para Todas y Todos (Red TDT).

Al respecto, el fray Concha Malo también observa necesidades específicas para resolver la inseguridad y la violencia sin involucrar a la milicia: “hay que trabajar las fuerzas policiacas. Hay que trabajar la fuerza pública para la seguridad pública”.

No obstante, en lo que va del gobierno, la apuesta de López Obrador fue la creación y puesta en marcha de la Guardia Nacional, en la que participarán 214 mil 156 soldados y 55 mil 574 marinos. Al inaugurar formalmente las labores de esa corporación, el pasado 30 de junio, el mandatario recordó que la ley ahora permite darle un giro a la Policía Federal y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. “Hemos avanzado rápido y no hemos tenido obstáculos porque contamos con el apoyo sincero de las Fuerzas Armadas”.

El modelo de la Guardia Nacional no es civil, ni desde quien la dirige –el general en retiro Audomaro Martínez Zapata–, ni en la conformación ni en las directrices que tiene. Tampoco como quedó fundamentada en la ley, como en cuestiones relacionadas con la capacidad de investigar o de pedir documentos migratorios a las personas, observa el director de la Red TDT.

Para Ríos Martínez, aunque hay un compromiso de la Presidencia de no reprimir a la sociedad, el modelo militar en el que descansa la Guardia Nacional abre la puerta a las violaciones a derechos humanos, como ha sucedido en otros sexenios. La política pública, indica en entrevista, no se puede conducir solamente con buenas voluntades de una orden presidencial.

Los avances, de cara al Primer informe

En materia de seguridad y justicia no todo es negativo. Para el defensor de los derechos humanos Fernando Ríos Martínez un avance significativo es la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Al respecto, el representante de la Red TDT espera que ésta no sólo contribuya a resolver ese caso sino que también ayude a develar lo que ha sucedido con el fenómeno de la desaparición forzada y la desaparición en manos de particulares.

Otros casos que destaca en materia de derechos humanos y acceso a la justicia son el rescate de los mineros de Pasta de Conchos y la negativa de otorgar nuevas concesiones mineras.

No obstante, indica: “quedan muchas tareas para investigar, como el número creciente de homicidios. Será a través de un verdadero acceso a la justicia y de un control de la impunidad de quienes la han fomentado que podamos avanzar en estos términos de derechos humanos”.

Finalmente, fray Concha Malo recuerda que en este contexto se recurre nuevamente a las Fuerzas Armadas: “se ha dicho que tienen la obligación de salvaguardar los derechos humanos, pues vamos a verlo”. Pero, observa, “está comprobado que las Fuerzas Armadas no deben ser quienes garanticen la seguridad pública”.

Viridiana García

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