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El presidente Andrés Manuel López Obrador empeñó su palabra de que todas las escuelas –desde preescolar hasta bachillerato– tendrían sus libros de texto gratuitos al inicio de este ciclo escolar, pese a los múltiples retrasos que se registraron en la producción.

Como se recordará, los contratos para imprimir los 176 millones 495 mil 125 ejemplares se asignaron hasta inicios de junio pasado, con 8 meses de demora y luego de que la Secretaría de Hacienda ordenó el recorte de 40 millones de libros, por la austeridad.

En ese contexto, el presidente echó mano de todos los medios a su alcance para cumplir parcialmente su promesa, porque las escuelas más alejadas del país y en especial las secundarias y telesecundarias aún no reciben los materiales. Esto implicó que las grandes contratistas trabajaran a marchas forzadas (jornadas nocturnas y en fines de semana), así como que los estados asumieran el control de la distribución final.

Pero no sólo se trató de eso, sino también de involucrar al Ejército Mexicano y a la Armada en la estrategia de repartición de los materiales. El propósito de esto no sólo sería ahorrar, sino sobre todo acabar con un tema de corrupción presente en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), cuyo titular es el priísta Antonio Meza Estrada.

Prácticamente relegada de todo el proceso de producción –pues el presupuesto se ejerció en su mayoría desde la Oficialía Mayor de Hacienda–, la Conaliteg también quedó al margen de la distribución, quizás porque el presidente López Obrador desconfía de Meza Estrada, quien en el pasado fuera investigado por presuntos hechos irregulares en esa misma dependencia (https://bit.ly/2TkzsNK ).

Más allá de los temas políticos, la realidad es que el gobierno de la “cuarta transformación” mandó a auditar las contrataciones de la Conaliteg con empresas de fletesa través de la Secretaría de la Función Pública– y encontró un desastre.

La auditoría 01/2019, elaborada por el Órgano Interno de Control (OIC) y concluida el pasado 28 de marzo, expone que la Conaliteg carece de un proceso sistematizado con el cual controle el gasto en esta materia, y tampoco da seguimiento puntual a los fleteros, por lo cual al parecer se habrían pagado servicios de más.

En su reporte de observaciones, el OIC refiere que “el presupuesto destinado para la distribución de libros y materiales didácticos de la Conaliteg al mes de octubre de 2018 fue el corte que se utilizó para determinar el universo del Plan Anual de Trabajo para la auditoría 01-700, y corresponde a 158 millones 766 mil 676.3 pesos, del cual se consideró la fiscalización de una muestra de 44 millones 187 mil 414 pesos; es decir, el 37.8 por ciento”.

Aunque esa muestra fue menor a la mitad de lo ejercido, se pudo constatar el mal manejo de los recursos públicos. Al respecto, el documento final –que desde marzo pasado fue enviado directamente a la oficina de Meza Estrada para que solventara urgentemente las irregularidades– indica que en total se analizaron 743 pólizas.

Agrega que “con la revisión de la documentación de los servicios de transporte de materiales educativos a cargo de las empresas Transportes ESDO, SA de CV, y Morgan Express, SA de CV, a 366 y 377 viajes respectivamente, se identificó que en 22 viajes realizados por Transportes ESDO se emitieron dos facturas por cada viaje, especificando en éstas que fueron realizadas en vehículos tipo tráiler, detectándose que se efectuaron en vehículos tipo full. Adicionalmente, se detectó que en 10 de los 22 Reportes de Embarque analizados no se especificó el peso transportado y en el concepto ‘Tipo de vehículo’ se registró vehículos tipo full, siendo que en los contratos de prestación de servicios, así como en la licitación pública nacional LA-011L6J001-E18/2018, no se especificó el costo ni el método de pago para este tipo de vehículos. Además, en 10 viajes se señalaron los mismos números de Pase Titular, almacén destino, familia de libros, nombre del operador y placas del vehículo”.

La auditoría observa además que al revisar los formatos denominados “Concentrado de vehículos” y “Programas de salida de vehículos”, proporcionados por la Subdirección de Logística de la Conaliteg, se identificó que la información registrada en éstos no permite vincularlos con la documentación soporte de los pagos realizados.

Los dos primeros formatos, indica el reporte, se utilizan para informarle al proveedor los vehículos que deberá presentar al día siguiente y, en su caso, realizar las penalizaciones específicas que establece el contrato de prestación de servicios.

Los auditores de la Función Pública solicitaron a Meza Estrada que en un plazo de 45 días hábiles corrigiera los errores que permitieron presuntos pagos en exceso y el uso de vehículos distintos a los contratados.

De esta forma, la Conaliteg se comprometió a revisar el sustento legal de los pagos que realiza a los proveedores, así como que en futuras licitaciones se establezca con claridad los tipos de vehículos que utilizará para el transporte de libros y materiales educativos, el proceso en los casos en que se requiera sustituirlos, así como que se detallen sus características y los montos a pagar para cada uno.

Para ello, la Dirección de Distribución se comprometió a generar un formato de autorización de la sustitución de vehículos firmado por el responsable del departamento que se considere pertinente.

Ello, porque cuando los auditores le requirieron que les proporcionara la solicitud realizada a la Subdirección de Logística y la autorización que determinó la factibilidad para sustituir dos vehículos tipo tráiler por full, así como el soporte documental que indicara el fundamento y criterio utilizados para pagar las facturas de esos servicios, ésta no tuvo manera de presentar esos documentos porque no existen.

Ante todo este cúmulo de anomalías, desde la Presidencia de la República se decidió emplear al Ejército y la Marina para distribuir lo más eficaz posible los millones de libros de texto gratuitos y con ello cortar el negocio de los fleteros. Así las cosas en la Conaliteg, cada vez más relegada del ejercicio del gasto público.

Nancy Flores

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