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A 140 años del natalicio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, organizaciones campesinas de todo el país y asociaciones de productores agrícolas plantearon un diálogo con el gobierno de la 4T para cumplimentar los acuerdos signados en Zacatecas, en abril de 2018, cuando se expuso al entonces candidato presidencial de Morena el reconocimiento a 12 derechos fundamentales de comunidades agrarias y pueblos originarios.

Entre éstos, figuran el derecho de los campesinos a la tierra; derechos del trabajo asalariado rural; derechos de las mujeres del campo; derechos de los jóvenes campesinos; derechos de los pueblos originarios; derechos a la alimentación y a la soberanía alimentaria; derecho campesino a una alimentación segura y de calidad; derechos a una vida buena y servicios públicos de calidad; derechos al territorio y a los recursos naturales como bienes colectivos; derechos a una naturaleza sana y a tecnologías respetuosas de la vida; derechos a la vida y a la seguridad; derechos a una política integral para el campo, y derechos a la libertad y a la verdadera democracia.

Más de 100 organizaciones firmaron el pacto que debe sacar de su atraso a un agro nacional devastado tras 25 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que sólo fortaleció a las grandes empresas trasnacionales, quebrantando la producción nacional y la soberanía alimentaria, sin descontar los casi 10 millones de pequeños agricultores que debieron emigrar a Estados Unidos para no morir de hambre tras la desaparición de los precios de garantía, al final del gobierno de Miguel de la Madrid.

Gran parte de esas organizaciones fueron las que solicitaron a las autoridades el establecimiento de un diálogo institucional, constructivo y respetuoso para solucionar los principales problemas del campo, acumulados por más de tres décadas de gobiernos neoliberales y que no únicamente representaron el derrumbe de cultivos básicos como el maíz y el frijol, sino además el despojo de infinidad de comunidades para dar paso a megaproyectos de generación de energía y la venta de ejidos tras la reforma al artículo 27 de la Constitución, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

En el documento intitulado: Proclama Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, denunciaron que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto los gobiernos del PRI y del PAN colapsaron al campo y arruinaron a los campesinos en beneficio de las grandes corporaciones. “Tanto las que acaparan y especulan con las cosechas, como las que introducen paquetes tecnológicos destructivos”.

De acuerdo a la evaluación presentada en Zacatecas, esa desatención al campo derivó en que hoy el país importa la mitad de los alimentos que consume y en el campo hay pobreza, desnutrición, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia.

Además, se denunció entonces que “al amparo de leyes privatizadoras como la minera y la energética, se intensificó el saqueo de las tierras y aguas de los pueblos, para desarrollar megaproyectos mineros, hidroeléctricos, aeroportuarios, urbanísticos, turísticos y carreteros, que arrinconaron a las comunidades y destruyeron el medio ambiente”.

Advirtieron entonces en la firma de su pacto: “No podremos regenerar al campo y salvar al país con todo en contra. No podemos recuperar al agro si no se retribuye justamente nuestra labor, si no se nos respalda con buenas políticas públicas, si no se respetan nuestros derechos”.

Por eso, el pasado 8 de agosto, se movilizaron por las avenidas de la CDMX, donde puntualizaron que su objetivo no es solicitar dádivas, sino exigir un presupuesto para financiar proyectos productivos para el campo y terminar con los subejercicios en el sector. Y demandaron se establezca una alianza campesina que logre negociar con el gobierno.

Y en efecto, no fueron precisamente dádivas lo solicitado en los diversos eventos, sino el reclamo a que se haga justicia a diversas comunidades que siguen siendo arrasadas. Baste echar un vistazo al informe de la oficina sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, rendido hace un par de meses, donde se recomendó al Estado mexicano llevar a los hechos un diálogo sostenido e incluyente con los pueblos indígenas, con el fin de impulsar nueva relación entre pueblos originarios y Estado, basada en la igualdad, el respeto y la no discriminación.

Durante la campaña presidencial de 2018, hubo el firme compromiso por incorporar en el proyecto de gobierno las propuestas del Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, donde entre otros asuntos se prohibió de forma terminante la siembra de transgénicos y la suspensión del uso de pesticidas prohibidos.

Sin duda, es necesario un diálogo con las organizaciones campesinas si se quiere abatir la brutal dependencia alimentaria que enfrenta el país, pues tan solo en los últimos 10 años México debió importar, por ejemplo, el 87 por ciento del arroz que consume, según quedó establecido en las estadísticas del último informe de gobierno de Peña Nieto, el pasado año.

Este arroz importado que antes se producía en abundancia en estados como Morelos y Sinaloa, debe pagarse como otros granos más, en dólares, encareciendo su precio. La dependencia alimentaria es principalmente en relación con Estados Unidos, de donde se importa la mayoría de los productos; es decir, que tras 25 años haber entrado al acuerdo comercial, nuestro principal socio de América del Norte terminó siendo nuestro principal proveedor de alimentos, como también lo es de gasolinas.

Además de importar millones de toneladas de maíz para satisfacer nuestro consumo interno, en el caso de otro grano básico como el trigo, en 2017 México compró al extranjero un 62 por ciento su consumo interno. Los datos son abrumadores y muestran que las importaciones deben resolver la demanda de la industria harinera del país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) viene alertando desde hace años que la elevada concentración de importaciones que tiene México coloca al país en un punto vulnerable.

“El apostar a las importaciones sin mejorar la competitividad de la producción nacional de alimentos hace a México más vulnerable a los cambios de precios mundiales, y eso se reflejará en los precios de la canasta básica”, ha advertido el organismo internacional.

Por ello, es necesario abrir los cauces institucionales para llegar a acuerdos con las organizaciones campesinas con las que signó el pacto de Zacatecas que, entre otros puntos básicos, establecía la urgencia de aminorar nuestra dependencia alimentaria que como en el ramo energético, pone en riesgo nuestra soberanía como nación.

Martín Esparza Flores

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