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Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México hemos visto cómo han virado de la agenda mediática los temas de la inseguridad hacia los de la corrupción. Primero fue la crisis de la gasolina por el combate al huachicoleo y después los escándalos vinculados a procesos judiciales, como el del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin; el abogado de la familia Salinas de Gortari, Juan Collado; y la exsecretaria de Estado en el gobierno pasado, Rosario Robles.

El problema, sin embargo, continúa: la violencia en el país sigue cobrando la vida de entre 60 y 80 personas a diario sin que aún quede muy clara la estrategia que sigue la actual administración, pues el despliegue de la Guardia Nacional pareciera que no es para enfrentar directamente a los criminales, sino para disuadirlos. Veremos.

El asunto es qué hacer con esos más de 200 grupos criminales bien organizados y sobre todo pertrechados con poderosas armas de fuego, de los cuales nueve son aún considerados grandes y poderosos cárteles del narcotráfico, incluido el de Sinaloa que ahora enfrenta una reestructura importante tras la caída del jefe de jefes, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

En el documento de trabajo Transición política, narcoinsurgencia y crisis de seguridad pública en México, el investigador parlamentario Luis Ángel Bellota sugiere que la solución a la inseguridad y la anomia delictiva tiene que ver con una mejora sustancial en la impartición de justicia y en el funcionamiento de las instituciones.

No obstante, apunta que “reducir un problema tan complejo a estas dos variables, por más peso que puedan tener en la búsqueda y construcción de soluciones, sería caricaturizarlo. Son tantas las causas que lo alimentan, hasta de orden geográfico si queremos complejizarlo, que muchas deben ser las respuestas para controlarlo y, en el mediano y largo plazo, reducirlo a su mínima expresión”.

Reiteradamente, el presidente López Obrador ha referido que el combate al crimen organizado se basará en la política social y en el combate a la corrupción. Si bien ambos temas son importantes –el primero restablecerá el tejido social y el segundo reestructurará las instituciones–, parece que esto tampoco será suficiente para contener la violencia, como en el pasado no lo ha sido sólo el empleo de la fuerza militar.

Bellota, investigador asistente en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, considera fundamental la cooperación internacional. “La experiencia de otros países que también han sufrido los peores efectos del crimen organizado y el intercambio de información y tecnología son parte de esa solución; aunque los contextos sean distintos y no todo sea ciento por ciento aplicable al entorno judicial, político y social de México, mucho puede aprenderse de las cruzadas antimafia en Italia o de las purgas que tuvieron lugar en Colombia para separar de su cargo y procesar a alrededor de cien congresistas por sus vínculos con el narcoparamilitarismo. El uso legítimo de la fuerza, si bien imprescindible, no es la única salida a la que Estado y sociedad deben atarse”.

En su análisis, Luis Ángel Bellota destaca que la crisis de seguridad pública en nuestro país llevó a la ruptura del orden social y “esto hizo posible el avance inusitado del crimen organizado como un actor paraestatal capaz de cobrar cuotas extorsivas –o impuestos de facto– a toda clase de negocios, imponer montos de producción a finqueros y productores rurales en varios estados, exportar acero a China, desplazar a las antiguas bandas de polleros para acaparar el tráfico de migrantes, organizar operativos de extracción y distribución de combustible robado hasta sangrar las finanzas nacionales, montar operaciones fraudulentas para sustraer dinero de usuarios bancarios, dirigir redes de trata, falsificar mercadería de diverso tipo e imponer candidatos a puestos de elección popular que eventualmente se apropiarán del presupuesto y las nóminas de personal. Como podemos observar, la obtención de rentabilidades va más allá del trasiego y la comercialización de drogas: abarca la expoliación parasitaria del trabajo y las capacidades productivas de la sociedad, pero también el robo de bienes públicos”.

Como nunca antes, en los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, el crimen organizado floreció y alcanzó niveles de negocio global: gobiernos extranjeros e instancias internacionales documentaron la presencia de los cárteles mexicanos en los cinco continentes, en su papel de importadores y exportadores. Algo que sólo es posible con la complicidad de las autoridades al más alto nivel y la cooperación de empresas lícitas y sobre todo de la banca.

Para nadie es desconocido que el crecimiento de los grupos criminales trajo consigo la crisis humanitaria que aún seguimos padeciendo, porque el problema no se ha resuelto y el camino hacia la paz es sumamente difícil.

El ensayo Transición política, narcoinsurgencia y crisis de seguridad pública en México refiere que “el producto más costoso para la sociedad en su conjunto ha sido la transformación de los servidores públicos en agentes del crimen. La captura de las instancias gubernamentales por medio de financiamientos oscuros en las campañas para pactar compromisos ilícitos, los cohechos a funcionarios y la amenaza abierta de la que son objeto estos últimos cuando deciden cumplir su deber con apego a la ley y a las instituciones ya no es una amenaza potencial contra el Estado o la sociedad, sino una realidad cotidiana que los subvierte”.

Y agrega que “si bien las metas de la narcoinsurgencia no son políticas ni encierran un discurso ideológico que aspire a cambiar el sistema, como ya señalamos, sí encontramos actos de coerción que lindan en el terrorismo para influir en las autoridades y lograr que no intervengan en sus negocios o les faciliten el trabajo. La ley de plata o plomo aplica en las presidencias municipales, los cuerpos policiacos, las notarías, los juzgados y las empresas que colaboran con las estructuras mafiosas. Grandes cantidades de dinero facilitan el desarrollo de sus actividades amparadas en el manto protector de padrinos políticos y funcionarios proclives al delito”.

Sin duda, la llamada narcopolítica ha hecho mucho daño al país, y ahí es donde la estrategia del gobierno federal debe poner énfasis: juzgar y condenar a todos aquellos políticos relacionados con la mafia. Muchos de ellos son los verdaderos jefes de los cárteles, pues de otra manera no se puede explicar el crecimiento del crimen ni las espectaculares fugas de los capos, como las protagonizadas en su momento por el Chapo Guzmán.

Al hablar de la magnitud del problema, el investigador Bellota observa que más allá de las formalidades electorales, gracias a los inmensos excedentes que genera, el narcotráfico ha logrado alterar las relaciones de poder al inclinar la balanza a su favor, es decir del lado menos conveniente para la sociedad y el bien común.

“En varias ciudades y municipios con reiterados problemas de inseguridad el crimen dejó sin efectos los procedimientos democráticos para elegir autoridades, sea por la compra de candidatos o por la imposición de éstos con intimidaciones de todo tipo. Hasta cierto punto, los esfuerzos que años atrás habían emprendido amplios sectores de la sociedad mexicana por un régimen con elecciones libres, quedó anulado por la entronización de poderes que corrían a la par del Estado y fuera de él. Sus alfiles primero capturaban las instituciones y luego explotaban a su favor los presupuestos, la recaudación, la policía y la licitación de obra pública”.

La reconstrucción del país sin duda es sumamente compleja. El gobierno de López Obrador necesita mucho más que buena voluntad: requiere de un esfuerzo nacional. Sólo así podremos generar un camino hacia la paz que tanto necesitamos.

Nancy Flores

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