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Se sabe que la Ciudad de México alberga una gran cantidad de periodistas desplazados pero no existe información estadística de cuántos son ni de cuáles son sus condiciones de vida, alerta Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Su organización conoce de 70 casos pero ella cree que pueden ser muchos más.

A partir del trabajo con periodistas y sus familiares, Balbina Flores concluye que las continuas agresiones que sufre la prensa mexicana, principalmente los asesinatos, generan un clima de inseguridad que han originado esta situación. Comenta que a pesar de que existen instituciones como el Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, varios no encuentran en las autoridades la protección que requieren.

“Muchos compañeros periodistas me han preguntado en estos días: ‘¿Qué hacemos? Las autoridades no contestan’. Eso es desesperante. Los periodistas buscan a las organizaciones porque no están teniendo respuesta”, comenta durante la presentación del Índice estatal de libertad de expresión en México 2019, una investigación que evalúa la protección de periodistas, el acceso a la información y la independencia de los medios.

La representante en México de RSF también lamenta que las organizaciones de las sociedad civil como la suya tampoco tienen buena comunicación con las autoridades. “Salvo con el Mecanismo de la Ciudad de México, no estamos teniendo respuesta de las instancias de gobierno. ¿Por qué están matando a los periodistas? Porque hay un vacío y nosotros tenemos que decirlo. Si no lo decimos estamos contribuyendo a ese silencio”.

Atender desplazados, reto actual del Mecanismo

Para la directora general del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, Tobyanne Ledesma, uno de los retos de su nueva administración es atender a los desplazados que llegan a la capital del país y no cuentan con protección del Mecanismo Federal.

Durante la presentación explica que sólo unas 30 personas en situación de refugio cuenta con este amparo. “Pero hay un grupo de personas que vienen solas, que no son atraídas por la institución. Esas son las más difíciles de encontrar: no quieren tener comunicación pero al mismo tiempo están aquí por las redes de apoyo de otras organizaciones”.

Tobyanne Ledesma detalla que, tras realizar un diagnóstico, encontró que las principales necesidades que tienen los periodistas y defensores desplazados son en materia de salud, empleo y desarrollo social de su familia. Detalla que algunos ni siquiera cuentan con documentos y tienen miedo de movilizarse por la ciudad.

En este sentido, mencionó que ha gestionado una articulación con otras dependencias de gobierno –como la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo–, para mejorar la calidad de vida de estas víctimas de violencia y persecución.

Para Tobyanne Ledesma, no existe una reducción significativa en los recursos que dispone su dependencia, pero sí reconoce que el nuevo gobierno trajo una reducción en el equipo de trabajo. “Pasaron de 16 a 13 personas, lo que redujo el gasto en sueldos”.

Otros académicos no ven bien las políticas de austeridad aplicada a instituciones encargadas de proteger a los periodistas. Gerardo Rodríguez, coautor del Índice global de impunidad, opina que estos organismos a nivel federal y en los estados cuentan con muy pocos recursos. Propone la búsqueda de fondos alternativos, en organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, para atender las necesidades de los desplazados.

“En la medida de que crece la demanda de protección, se reduce el presupuesto. Esto no tiene lógica. (…) Mientras no haya un fortalecimiento a las instituciones en todos los sentidos, es difícil hablar de un estado de derecho”, comenta Balbina Flores.

Añade que con los desplazamientos “la sociedad pierde a un periodista y pierde la posibilidad de tener información de lo que ocurre en su entidad”.

Marcial Yangali

 

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