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El Índice de Impunidad federal fue de 94.6 por ciento y el estatal de 96 por ciento; esto quiere decir que “la proporción de casos que son conocidos […] por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación no son satisfactoriamente resueltos”, de acuerdo con la sexta edición del reporte Hallazgos 2018,elaborado por México Evalúa.

Durante el mismo año se observó “un rezago nacional en la consolidación del sistema de justicia penal”, ya que ninguna de las 32 entidades federativas alcanzó el estándar mínimo. Los estados que obtuvieron la evaluación más baja en el avance en la consolidación de justicia penal fueron Guerrero, Nayarit y Quintana Roo.

El reporte evidenció la falta de transparencia en la toma de decisiones de las autoridades durante el proceso penal. El año pasado, de 2 millones 85 mil 842 investigaciones iniciadas, hubo 81 mil 80 “asuntos vinculados sin criterios y lineamientos definidos” para conocer la forma en la que las autoridades deciden.

Además, México Evalúa señaló que algunos cambios en las leyes “son incompatibles con el sistema de justicia acusatorio”, mientras que las modificaciones en general “atentan contra los principios del sistema” y agravan la corrupción en el acceso a la justicia. Y añadió que “existe la probabilidad de que las modificaciones a las leyes profundicen la discrecionalidad en la actuación de las autoridades del sistema”.

Para la directora general de la organización, Edna Jaime, la evaluación y operación de justicia en el país debe continuar, ya que antes de hacer cambios legislativos se deberían promover “los ajustes necesarios a través de políticas públicas sustentadas en información integral y confiable”.

Aseneth Hernández

 

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