Los reacomodos del narco

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La violencia, por lo menos en el corto plazo, no amainará. Por el contrario, será más álgida. Los frágiles acuerdos entre cárteles y de éstos con gobiernos y corporaciones policiacas, que funcionaron hasta noviembre pasado, están rotos. Los grandes capos andan en busca de nuevos pactos, pero no tienen con quien negociar del nuevo gobierno federal. El tiempo ha pasado, el más grande mercado de las drogas del mundo está apenas al otro lado de la frontera Norte y la paciencia se acaba. Una guerra de todos contra todos ya está en marcha.

La determinación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de no negociar nada con la delincuencia organizada es correcta, necesaria, plausible y, paradójicamente, temeraria. Los gobiernos anteriores han tenido algún tipo de enlace con los cárteles del narcotráfico, incluso en los momentos de supuesta guerra total contra algunos de ellos.

Sólo como ejemplo, esta tarea probablemente le costó la vida a uno de los generales más temidos de la historia reciente del Ejército Mexicano: Mario Arturo Acosta Chaparro. Acusado de narcotráfico y de violaciones a los derechos humanos contra campesinos y guerrilleros durante la Guerra Sucia, había regresado del retiro para labores encubiertas de “apaciguamiento” del país en plena “guerra” de Felipe Calderón. En 2008 había sido invitado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (el supersecretario de aquellos tiempos), a realizar estas labores. Acosta Chaparro declinó hacerlo con los civiles y se acercó al entonces general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, para aceptar la tarea de “pacificar al país, sobre todo al sur” pero desde las Fuerzas Armadas y con personal militar. De esto dio cuenta la columna Oficio de papel del 24 de mayo de 2010 (https://bit.ly/2Y1eAyg). Acosta Chaparro fue asesinado el 20 de abril de 2012, en las postrimerías del sangriento sexenio de Calderón, por un supuesto sicario solitario que le disparó en un taller mecánico.

Otros gobiernos han tenido enlaces para acordar tiempos, rutas y negocios: qué se puede hacer, en qué tiempos y en dónde. Todo lo que queda fuera de estos términos se persigue y se disputa. Virales se hicieron aquellos videos de Servando Martínez, la Tuta –líder de La Familia Michoacana y luego de los Caballeros Templarios–, con enlaces de gobernadores y presidentes municipales. Pero de la gran mayoría de reuniones-negociaciones-acuerdos no hay registro.

La violencia no se ha reducido. De hecho, ha aumentado. Y, decíamos, aumentará. Sin acuerdos, los cárteles han entrado en mayores conflictos entre ellos, pues zonas y negocios vuelven a estar en disputa. A esta situación parece responder el corrimiento del Cártel de Juárez (conocido también como Organización Amado Carrillo) hacia el sur, territorio del Cártel de Sinaloa. A las disputas entre esta última organización y el Cártel de Jalisco Nueva Generación se agrega la que ahora ocurre en la sierra que comparten Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Ya informamos en otra entrega de lo ocurrido en la comunidad de Tesopaco, donde los enfrentamientos entre estos ejércitos privados dejaron un número indeterminado de muertos (https://bit.ly/2LEeAxp).

Una situación similar ocurre en la Montaña baja de Guerrero, en Chilapa, donde dos antiguas facciones del Cártel de los Beltrán Leyva –Los Ardillos y Los Rojos­– se matan entre sí y se ensañan con las poblaciones indígenas que tratan de expulsarlos de sus territorios.

Lo cierto es que todo el país es un polvorín. La “cuarta transformación” está sentada en un barril de pólvora. Datos oficiales señalan que sólo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el narcotráfico se armó con más de 4 millones de fusiles de asalto y otras armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Es decir, capacidad de fuego no paran.

Un documento obtenido por Contralínea da cuenta de la situación del narcotráfico en México al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. El reportero José Réyez tuvo acceso al informe confidencial Organizaciones delictivas, elaborado por la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República. Es el panorama más reciente de cómo se encuentra el narcotráfico en México (https://bit.ly/2XjnTs7).  Es devastador: “los cárteles y subgrupos delictivos, con presencia en los 32 estados del país, conforman una compleja estructura territorial paramilitar con un poder de fuego capaz de repeler a las Fuerzas Armadas”. Tienen bajo su control 554 municipios. El resto, en su mayoría, está bajo disputa con las fuerzas del Estado mexicano.

El viejo sistema político mexicano no termina de morir y el nuevo no nace. La estrategia del nuevo gobierno parece ser más integral. No sólo estará la polémica Guardia Nacional para disputarle a los cárteles las plazas; también habrá, supuestamente, programas de apoyo para los jóvenes, más educación y más empleo. De concretarse, los resultados no serán inmediatos.

Mientras tanto, los cárteles se mueven, se reacomodan. Están ahí. No se irán si no se les menciona. Volverán por sus fueros a las conferencias y a las primeras planas. Que la estrategia sea en verdad integral y que tenga éxito pronto. ¿Se están tomando las decisiones correctas en materia de seguridad nacional con una Centro Nacional de Inteligencia en búsqueda de identidad? Toda la “cuarta transformación” puede ser detenida trágicamente si falla. Pero, más allá, el país no tendría viabilidad.

Zósimo Camacho

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